Cambio de tribunal
El camino judicial que le espera a Laura Borràs en Catalunya
Su elección como diputada del 'Parlament' supone un billete directo al TSJ catalán
El Supremo empezó investigarla por delitos de corrupción hace un año y prácticamente ha concluido la instrucción
Asumía la exposición razonada remitida a partir de la conversaciones grabadas a un colaborador
El informático al que presuntamente benefició fue condenado a cinco años por narcotráfico
Ángeles Vázquez
Periodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Uno de los problemas que plantean los aforamientos para el buen desarrollo de los procedimientos judiciales es que el cargo del imputado determina en cada momento el tribunal que debe investigarlos. Y el caso de la candidata de Junts per Catalunya Laura Borràs va camino de convertirse en uno de los mejores ejemplos, porque pasó de un juzgado de instrucción de Barcelona al Tribunal Supremo, cuando fue elegida diputada del Congreso, y ahora, en cuanto tome posesión de su escaño en el 'Parlament', volverá a Catalunya, en concreto, a su Tribunal Superior de Justicia (TSJC).
El traslado, prácticamente automático una vez que renuncie al escaño en el Congreso de los diputados para asumir el del 'Parlament', se producirá catorce meses después de que el Tribunal Supremo abriera una causa para investigarla por la fragmentación de contratos mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En este tiempo, y pese a la pandemia, la instrucción prácticamente se ha concluido con la realización de todas las diligencias solicitadas por las partes, aunque Borràs no haya querido declarar ante el instructor, informaron a este diario fuentes jurídicas.
El magistrado Eduardo de Porres le dio la oportunidad de hacerlo voluntariamente el 14 de febrero del año pasado y Borràs rehusó. Tampoco lo hizo el 22 de julio, ya citada oficialmente, tras cursarse la correspondiente petición de autorización al Congreso conocida como suplicatorio. Arropada por una cuarentena de personas a las puertas del Supremo, esgrimió que no iba "a colaborar nunca con la injusticia". "Quiero colaborar con la justicia y cuando esa prueba exista, solicitaré declarar voluntariamente", dijo entonces en referencia a un informe pericial que proponía sobre el valor real de los trabajos pagados a Herrero.
Sin nuevo suplicatorio
El 'Estatut' prevé que los diputados del 'Parlament' sean investigados y, en su caso, juzgados por el Supremo cuando el delito que se les imputa se hubiera cometido fuera de Catalunya y por el TSJC, cuando su ámbito se limite a la comunidad. En el caso de Borràs la presunta corrupción que se le atribuye, al frente de la ILC, no excede el ámbito catalán, por lo que las actuaciones será enviadas al tribunal superior catalán, a través de una mera diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) de la Sala Segunda del Supremo una vez constatada su renuncia al escaño del Congreso.
Una vez en el TSJC, a diferencia de lo que ocurrió en el Supremo, la instrucción avanzará desde el primer momento, porque no será necesario tramitar un nuevo suplicatorio para poder investigar a la flamante diputada, ya que las asambleas regionales no cuentan con esa garantía constitucional. Además, la causa contra Borràs ya cuenta con el aval de la fiscalía del alto tribunal.
La actuaciones partieron en su día del juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona que remitió una exposición razonada al alto tribunal al encontrar indicios de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental al fragmentar contratos para que resultara beneficiado su amigo, el informático Isaías Herrero. En una conversación de noviembre de 2017 se escucha cómo este le dice a su socio Marc Gómez: "Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos 'trapis' por allí". Hasta se permite augurar un futuro aún más prometedor, si ella llega a ser ministra de Cultura.
Lo que se investiga en concreto son 18 contratos por un valor total de 259.863 euros realizados entre 2013 y 2017. La vuelta a Catalunya de las actuaciones, solo se podría haber evitado si el Supremo ya hubiera abierto juicio oral contra la diputada de Junts, momento para el que aún queda instrucción por delante que ya corresponderá al TSJC.
Suscríbete para seguir leyendo
- SociedadDestrozos, puñaladas y "fiestas con escorts" en los nuevos rascacielos de lujo de Madrid: "Me fui por miedo
- SociedadUn menor y un hombre que intentaba salvarlo mueren ahogados por el oleaje en la playa del Miracle de Tarragona
- SociedadDani Alves acude a firmar a la Audiencia de Barcelona para cumplir con las medidas impuestas para su libertad
- TiempoActivada la prealerta del plan Inuncat por lluvias en varios puntos de Catalunya: "Puede superar el umbral
- SanidadLa tosferina se dispara en Catalunya: los casos de este año ya multiplican por 13 los de todo 2023
- BarcelonaVídeo | Las olas causadas por la borrasca 'Nelson' vuelven a comerse las playas de Barcelona
- Internacional25 años de cárcel para Sam Bankman-Fried, el niño prodigio de las criptomonedas
- Ocio y CulturaMuere la periodista Anna Pérez Pagès, rigor y compromiso con la cultura