El camino judicial que le espera a Laura Borràs en Catalunya

El traslado, prácticamente automático una vez que renuncie al escaño en el Congreso de los diputados para asumir el del 'Parlament', se producirá catorce meses después de que el Tribunal Supremo abriera una causa para investigarla por la fragmentación de contratos mientras estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). En este tiempo, y pese a la pandemia, la instrucción prácticamente se ha concluido con la realización de todas las diligencias solicitadas por las partes, aunque Borràs no haya querido declarar ante el instructor, informaron a este diario fuentes jurídicas.

El magistrado Eduardo de Porres le dio la oportunidad de hacerlo voluntariamente el 14 de febrero del año pasado y Borràs rehusó. Tampoco lo hizo el 22 de julio, ya citada oficialmente, tras cursarse la correspondiente petición de autorización al Congreso conocida como suplicatorio. Arropada por una cuarentena de personas a las puertas del Supremo, esgrimió que no iba "a colaborar nunca con la injusticia". "Quiero colaborar con la justicia y cuando esa prueba exista, solicitaré declarar voluntariamente", dijo entonces en referencia a un informe pericial que proponía sobre el valor real de los trabajos pagados a Herrero.

Sin nuevo suplicatorio

El 'Estatut' prevé que los diputados del 'Parlament' sean investigados y, en su caso, juzgados por el Supremo cuando el delito que se les imputa se hubiera cometido fuera de Catalunya y por el TSJC, cuando su ámbito se limite a la comunidad. En el caso de Borràs la presunta corrupción que se le atribuye, al frente de la ILC, no excede el ámbito catalán, por lo que las actuaciones será enviadas al tribunal superior catalán, a través de una mera diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia (antes secretaria judicial) de la Sala Segunda del Supremo una vez constatada su renuncia al escaño del Congreso.

Una vez en el TSJC, a diferencia de lo que ocurrió en el Supremo, la instrucción avanzará desde el primer momento, porque no será necesario tramitar un nuevo suplicatorio para poder investigar a la flamante diputada, ya que las asambleas regionales no cuentan con esa garantía constitucional. Además, la causa contra Borràs ya cuenta con el aval de la fiscalía del alto tribunal.

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La actuaciones partieron en su día del juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona que remitió una exposición razonada al alto tribunal al encontrar indicios de los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental al fragmentar contratos para que resultara beneficiado su amigo, el informático Isaías Herrero. En una conversación de noviembre de 2017 se escucha cómo este le dice a su socio Marc Gómez: "Con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, y facturo unos 'trapis' por allí". Hasta se permite augurar un futuro aún más prometedor, si ella llega a ser ministra de Cultura.

Lo que se investiga en concreto son 18 contratos por un valor total de 259.863 euros realizados entre 2013 y 2017. La vuelta a Catalunya de las actuaciones, solo se podría haber evitado si el Supremo ya hubiera abierto juicio oral contra la diputada de Junts, momento para el que aún queda instrucción por delante que ya corresponderá al TSJC.