El fondo para el Tribunal de Cuentas echa a andar con el aval del PSC

Día clave para el Fondo Complementario de Riesgos que el Govern creó la semana pasada y que debe de servir como ayuda, incluso rescate, de los exaltos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas para hacer frente a la fianza conjunta por valor de 5,4 millones que se les exige para antes del 21 del presente mes. Por un lado, el Consell Executiu aprobó transferir a l'Institut Català de Finances (ICF) los 10 millones de dotación del recurso procedentes de fondos extraordinarios. Y, por el otro, el jefe de la oposición en el Parlament, el socialista Salvador Illa, considera que el fondo se ajusta a la legalidad.

"La información que tengo hoy, según los equipos jurídicos de mi grupo parlamentario y otros con los que he contactado, es que es un decreto que está muy ajustado a la legalidad", ha apuntado en una entrevista en RAC-1. Cabe recordar que la primera reacción del Gobierno de Pedro Sánchez fue posponer toda valoración hasta que los servicios jurídicos del Estado expresaran su opinión. Cabe pensar que los expertos jurídicos del PSC y los del Ejecutiva pueden estar en sintonía jurídica.

Con todo, el grupo PSC-Units ha solicitado al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) que dictamine si el decreto ley aprobado por el gobierno catalán se ajusta al Estatut y a la Constitución. El CGE tiene ahora 12 días hábiles para resolver después de que la Mesa del Parlament tramitara este martes las peticiones del PSC y de Cs-PP pidiendo un dictamen. El órgano parlamentario, además, se ha reservado la posibilidad de convocar un pleno extraordinario la última semana de este mes para convalidar este y otros dos decretos pendientes del Govern del aval del hemiciclo para evitar convocar a la Diputación Permanente en agosto.

Tanto en el PSC como en Cs creen que el CGE puede detectar que la creación del fondo no requería del uso de la vía de urgencia. Los ‘comuns’, en cambio, sostienen que el texto les parece “jurídicamente sólido”.  

Dictamen con valor político

Illa ha defendido la búsqueda del dictamen del CGE porque, aunque los informes de este organismo catalán no sean vinculantes, sí que tiene un valor político para acabar con el "ruido" generado en torno al fondo. "Es importante que no haya ninguna sombra de duda al respecto (...) Yo quiero que todos tengamos la garantía de que se ajusta al Estatut y a la Constitución", ha resuelto.

Según explicaron a este diario fuentes de la Conselleria d'Economia, los 10 millones que se transferirán al 'fondo complementario' no se extraen, en ningún caso, de ninguna partida dedicada a la pandemia, ya sea por la vertiente sanitaria o por la de la reconstrucción económica. En concreto el origen de estos millones cabe buscarlos en la relajación del techo de déficit a las comunidades autónomas que, por causa de la pandemia, pasó del 0,2% al 1,1% del PIB. Es decir, unos 1.800 millones.

Se busca banco

Según detalló la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, algunos de los afectados ya se han puesto en contacto con la administración para beneficiarse del contraaval que facilitaría el ICF. Eso sí, el mecanismo previsto por el Executiu precisa de una entidad bancaria, que es la que formalmente avalaría ante el Tribunal de Cuentas a los encausados. Esta entidad tendría como garantía el 'fondo complementario' del ICF.

Pero de momento, según detalló Plaja, no se ha hallado ninguna "entidad bancaria que apoye" esta iniciativa, aunque ha insistido en que "la previsión es que haya un banco que avale este fondo" y en este sentido "se está trabajando", pero si eso no fuese posible "la entidad gestora lo hará transitoriamente".

"Mejora" de los préstamos

Casualmente mismo martes, el Govern "ha mejorado", en palabras de Plaja, la línea de préstamos del ICF. De los 700 millones con que contaba esta línea de crédito se han empleado ya 400. El Executiu priorizará aquellos proyectos relacionados con la sostenibilidad y digitalización y las cuantías oscilarán entre el medio millón y los dos millones, a retornar en 15 años.