Ajuste de cuentas a las 'embajadas' catalanas

Varapalo del Tribunal de Cuentas a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero. Falta de control, pagos injustificados, inexistencia de documentación acreditativa de gastos e irregularidades en los procedimientos de liquidación presupuestaria, así como contratos y actividades vinculadas al 'procés' que, en su opinión, exceden de sus competencias. De los 5,1 millones de euros (5,4 con intereses) que el órgano fiscalizador reclama a 34 dirigentes independentistas y exaltos cargos de la Generalitat, 1,14 millones corresponden a las ‘embajadas’ catalanas en el extranjero.

En esa partida se incluyen contratos con entidades internacionales, dispendios calificados de privados, viajes, hoteles e, incluso, la compra de un teléfono móvil para una persona cuando esta no trabajaba en la oficina. En ese paquete añade conferencias, comidas con periodistas extranjeros, presentación de libros y hasta una exhibición de ‘castellers’, actividades que relacionan con el proceso soberanista.

El dictamen del órgano fiscalizador reseña la "falta de control de la actividad económico financiera de las delegaciones, su autonomía financiera y la falta de establecimiento de un sistema que permitiera conocer y vigilar sus actividades y el coste de las mismas". Destaca, además, la "amplitud y ambigüedad con las que se conciben sus posibilidades de actuación en los más diversos ámbitos".

Esta situación, a su entender, "permitió que se realizaran y financiaran todo tipo de actividades o gastos, sin limitación, ni justificación de su necesidad, sin presupuestación previa" y sin control. En muchos casos, incide, "de actividades que no guardaban relación" con las competencias que ostentaban.

El papel de los delegados

El Tribunal de Cuentas sostiene que los delegados eran los "responsables" de autorizar dichos gastos, ordenar pagos y efectuar las contrataciones, "por lo que recaía en una sola persona la decisión" sobre todo el desembolso. De ahí que en la lista de encausados incluya a máximos responsables de estas delegaciones.

Según el informe de liquidación provisional, está acreditado que "las delegaciones tenían como objetivo conseguir el reconocimiento internacional y la promoción del proceso secesionista catalán en el extranjero, lo cual excede de las competencias en materia exterior que las mismas tenían legalmente atribuidas".

Sin supervisión

El tribunal señala que la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat "era conocedora de las actividades" de las oficinas en el extranjero, ya que recibía las liquidaciones de gastos y gestionaba el sistema de contabilidad, "si bien, nunca realizó controles sobre el cumplimiento de las normas, ni análisis de la gestión" económica. En su opinión, tampoco hizo ningún "control financiero ni de legalidad" la Intervenció General de la Generalitat, a pesar de lo establecido en la Ley de Finanzas de Catalunya.

Las delegaciones de la Generalitat, destaca, "no fueron incluidas en ninguno de los planes anuales aprobados" por la Conselleria d'Economia "a propuesta" de la Intervenció General. Por lo tanto, insiste, "los delegados autorizaban gastos, ordenaban pagos, abonaban retribuciones al personal y efectuaban las contrataciones necesarias para el mantenimiento y gestión" sin "ningún tipo de control desde su fecha de creación”.

El tribunal recrimina que en las delegaciones en el extranjero no conste la existencia de presupuestos de las actividades previstas, ni documentos que recojan los gastos asociados a los actos organizados, "por lo que resulta imposible realizar un seguimiento" de la eficacia de los recursos destinados a dichas entidades. También apunta la "inexistencia de planes de actuación, instrucciones o protocolos a seguir" por cada una de ellas. La crítica es feroz: "La gestión realizada en ocasiones no se ajustó a la legalidad vigente, ni las transferencias recibidas se aplicaron a las finalidades previstas, existiendo gastos en las delegaciones que debían haberse tramitado" directamente desde la Administración.

Teléfonos, viajes y ayudas a becarias

El Tribunal de Cuentas, por ejemplo, considera gasto injustificado la compra por parte de un delegado de Francia de un teléfono móvil, cuando este ya había cesado; las dietas, traslados y alojamiento del representante de esta oficina para asistir en 2017 a la presentación de un libro sobre la historia del periodismo en Catalunya, o los gastos a un viaje a Washington para acudir al Gobal Forum organizado por el Comité Judío Americano.

Desde la delegación de Italia, se pagó el viaje de su jefe para acudir al 1-O, y desde la alemana se desembolsaron 869 euros por el 'catering' de un acto, organizado por una entidad privada, con ocasión de la conferencia ofrecida en Berlín por un ‘expresident’.

Desde Austria se desembolsaron 535 euros por "ayuda a subsistencia a una becaria", que, según el tribunal, está prohibido, o un viaje a Praga para un encuentro de Casals Catalans.

La delegación del Reino Unido compró teléfonos, teclados, cámaras de fotos, proyector y accesorios que no están en el inventario de bienes. Sin embargo, la parte más importante de los fondos que se reclaman están vinculados al 'procés'.

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