Consell Executiu

El Govern crea un fondo en ayuda de los encausados por el Tribunal de Cuentas y se expone a a la vía judicial

  • El Executiu dota con 10 millones la partida para proteger "a los servidores públicos en ejercicio de su cargo"

  • El PP anuncia que buscará la inhabilitación del Govern y Aragonès recibe su primera denuncia como 'president'

  • Los afectados deberán devolver las cuantías si son condenados en firme por las instancias judiciales

 Edificio , fachada del Tribunal de Cuentas.

 Edificio , fachada del Tribunal de Cuentas. / David Castro

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Xabi Barrena
Xabi Barrena

Periodista

Especialista en información sobre el Govern de Catalunya, de ERC y en el seguimiento de la actualidad del Parlament.

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Júlia Regué
Júlia Regué

Periodista

Especialista en información del Parlament de Catalunya, siguiendo la actualidad de Cs, PP, Vox y CUP

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El Govern tenía toda la intención de acudir al rescate de los 34 encausados por el Tribunal de Cuentas y así lo confirmó este martes -tras días de suspense dedicados a buscar una solución que no le aboque a una acción judicial. Así, aprobó un decreto ley por el que se crea un fondo genérico (Fondo Complementario de Riesgos) de 10 millones para el rescate de los "servidores públicos en el ejercicio de su cargo".

Este fondo quiere servir de garantía económica para que las entidades financieras avalen las fianzas de los encausados, que suman 5,4 millones. El Govern intenta salvar así la patata caliente de los encausados, que deben presentar las fianzas antes del 21 de julio, mientras gana tiempo, a la espera de una solución política o, simplemente, de que la caja de solidaridad se rellene de fondos. 

El movimiento no ha pasado desapercibido y se adivinan ya las primeras sombras judiciales para un Executiu que aun no ha cumplido sus 100 primeros días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseveró en Tallin (Estonia, donde se hallaba de viaje) que recurrirá el fondo en el caso que sea ilegal, informa Juanma Romero. El líder del PP, Pablo Casado, también anticipó recurso y además denunciará a la Generalitat por prevaricación y malversación con el objetivo de que los responsables de crear esa ayuda sean "inhabilitados". La entidad Convivencia Cívica Catalana incluso ha presentado ya una denuncia contra el ‘president’ Pere Aragonès por malversación y prevaricación ante el juzgado de guardia.

La Generalitat considera que todas las actuaciones que el tribunal investiga se mueven entre el ejercicio del cargo, las competencias estatutarias en política exterior y la libertad de expresión; y crea este fondo para cubrir aquellas situaciones que no están ya cubiertas por los seguros contratados.

El mecanismo se ampara en dos preceptos, el de indemnidad y el del crédito de dinero público. Por el primero se protegen los derechos fundamentales de los trabajadores públicos perseguidos por acciones entendidas como propias del ejercicio de su cargo. Por el segundo se requerirá el retorno del dinero aportado, si hay condena. 

Aval de una entidad bancaria

El mecanismo supone que aquellos afectados que quieran acogerse al fondo rellenen un formulario que, tras el visto bueno de la administración supondrá una orden del Institut Català de Finances (el órgano gestor de los 10 millones, hasta que se cree uno propio) a una entidad bancaria para que avale el dinero de la fianza ante el Tribunal de Cuentas, ofreciendo, a su vez, la robustez del fondo creado como garantía. Es decir, la Generalitat no avala directamente.

Si el procedimiento judicial o administrativo finaliza con una sentencia firme, la Generalitat reclamará a los afectados el retorno del dinero. "No hay desplazamiento patrimonial de la Generalitat", aseveró el 'conseller' de Economia para ilustrar que la medida tomada cuenta con "toda la solidez jurídica" y, por tanto, esquiva, en su opinión, cualquier acusación de malversación. La Generalitat es la damnificada de la presunta malversación por la que el Tribunal de Cuentas encausa a los exaltos cargos.

"La Generalitat", sostuvo Giró, "solo garantiza la presunción de inocencia". Eso sí, la devolución de los fondos aportados, en su caso, se reclamaría, señala el decreto, cuando se acabaran todas las instancias judiciales, españolas o comunitarias, a las que los eventuales condenados puedan recurrir, aun cuando en el caso del Tribunal Supremo exige el pago inmediato a sus fallos, creando ahí una dilación temporal.

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La caja de solidaridad

En paralelo, y como reclamó ERC el lunes, la 'caja de solidaridad', creada por las entidades soberanistas en el 2017 y reconvertida en una fundación dedicada a recoger fondos para apoyar económicamente a investigados judicialmente por el 'procés', ya se está movilizando. Las entidades mueven ficha porque dudan de que el Tribunal de Cuentas acabe validando esta fórmula de aseguradora a cargo de la administración perjudicada. "La actuación del Govern da un respiro, pero necesitamos tener el dinero para responder si fallan y evitar los embargos", explicó el encargado de esta cuenta, el exvicepresidente de la ANC, Pep Cruanyes.