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balance de legislatura

Una Hacienda (im)propia

El Govern cesado ha duplicado la plantilla y el volumen de impuestos gestionados, pero acabó pisando lalínea contínua que establece el marco legal

Agustí Sala

Salvadó (izquierda), con el president Puigdemont en el centro, saluda a Junqueras.

Salvadó (izquierda), con el president Puigdemont en el centro, saluda a Junqueras. / ALBERT BERTRAN

La legislatura comenzó en enero del año pasado con el rumbo puesto hacia una Agència Tributària de Catalunya (ATC) como embrión de una Hacienda propia, uno de los pilares para la constitución de un estado. En dos años, se ha duplicado su plantilla, al pasar de 350 personas en enero del 2016 a 703 en la actualidad. Lo mismo sucede con el volumen de impuestos gestionados, hasta unos 3.000 millones anuales, entre los tributos propios y cedidos. Es un flujo de unos 250 millones mensuales que alimenta la tesorería después de que el Estado interviniera los 1.400 millones mensuales en transferencias por impuestos estatales como el IRPF.

Estos cambios no significaban ninguna ilegalidad , ya que muchas otras autonomías con pocas o nulas ambiciones soberanistas, como La Rioja, Galicia o Castilla y León, ya ejercían estas funciones que en legislaturas anteriores la antigua CiU había delegado, entre otras, a la agencia tributraria estatal. El problema era superar el marco legal vigente, algo que el entonces secretario de Hacienda, Lluís Salvadódescartó públicamente, al asegurar que no iban a situar a los particulares y las empresas en la disyuntiva de tener que elegir entre pagar a una Hacienda u otra.

Santi Vidal y los datos fiscales

Pero el entonces senador de ERC, Santi Vidal, hizo estallar la polémica cuando aseguró en un acto público que la Administración catalana contaba con los datos fiscales de todos los catalanes. Todo ello coincidía con el nuevo sistema creado por la Hacenda catalana, el e-Spriu, que debía facilitar la gestión de tributos más recurrentes y con grandes cantidades de liquidaciones periódicas, propias del IRPF, de competencia estatal. Vidal acabó dimitiendo, pero las suspicias crecieron. Por ello se encargó una auditoria a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Además, el 'president Carles Puigdemont, aumentó la tensión con el Gobierno central al afirmar durante un acto simbólico bajo el lema 'Estem preparats' que la ATC estaba lista para "asumir impuestos que aún recauda el Estado".        

En todo caso, el camino hacia la construcción de este pilar un estado independiente comenzó tortuoso, al elegir en sustitución de Teresa Ribas al frente de la ATC a Olga Tomàs, que tuvo que renunciar al puesto antes de tomar posesión del mismo por las presiones de la CUP, al verse relacionada con la trama de las ITV. Finalmente fue Eduard Vilà, quien accedió al cargo de director general de la ATC, que en febrero se trasladó a unas nuevas instalaciones en la Zona Franca de Barcelona.

Ruptura con los registradores 

A su vez, el secretario de Hacienda rompió el convenio que la Generalitat mantenía con los registradores desde hacía años para que la gestión de impuestos como el de sucesiones y donaciones a cambio de unos 27 millones de euros anuales. Esta medida provocó la impugnación por parte del Colegio de Registradores y se sumó a la asunción de las labores de recaudación ejecutiva (embargos) propias y para otras administraciones catalanas, mediante convenios con el Servei Català de Trànsit o ayuntamientos, encomendadas hasta entonces a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a cambio de unos 10 millones al año. Para ganar músculo, la ATC ha realizado concursos públicos de empleo y absorbió como interinos a más de 200 de los empleados de los registros afectados. 

Se llevó a cabo además con un despliegue territorial con 15 nuevas oficinas de la ATC, al que el entonces 'vicepresident y 'conseller' de Economia, Oriol Junquerasdio el pistoletazo de salida en febrero pasado. A la vez se desempolvó Tributs de Catalunya, el consorcio entre la ATC y las cuatro diputaciones, para operar como ventanilla única e intercambiar y compartir información tributaria, creado pero paralizado a la vez durante el mandato anterior de Artur Mas. También se firmaron convenios con empresas y organismos públicos para centralizar la gestión y pagos de tributos estatales como el IRPF, sociedades e IVA. Otro paso hacia una Hacienda propia. Y otro desafío al Estado.

Impuestos en el Constitucional

Con todo, durante estos dos años la Hacienda catalana ha visto cómo el Tribunal Constitucional, a instancias del Gobierno central, suspendía, anulaba o provocaba disfunciones en cinco nuevos impuestos autonómicos. Solo dos fueron aprobados durante esta legislatura por Junts pel Sí y el apoyo de la CUP. Uno de ellos es el que debía gravar los activos camuflados en sociedades, sustituto del dirigido a las grandes fortunas que reclamaban los 'cupaires'; y que está suspendido; al igual que el destinado a gravar el dióxido de carbono de los vehículos, porque formaba parte de la ley de cambio climático.

Además, el alto tribunal declaró inconstitucional en abril del año pasado el impuesto sobre la energía eléctrica de origen nuclear, creado en el 2014 y el de provisión de contenidos por parte de las operadoras de internet, que entró en vigor a finales del 2014.

Por su parte, el gravamen sobre los pisos vacíos, aprobado en el 2015, fue recurrido en el 2016, pero unos meses después el Tribunal Constitucional levantó la suspensión. Este año se presentó un nuevo recurso sobre algunos artículos de ley de acompañamiento de los Presupuestos del 2017 que modificaban el tributo, como por ejemplo su mínimo exento. Aunque el alto tribunal admitió a trámite la impugnación, el impuesto está vigente.

Además otros tributos propios nuevos, como el que grava las bebidas azucaradas, genraron polémica en el sector afectado. También se transformó el tributo a las grandes superficies comerciales para convertirlo ena carga en función de los vehículos que emplean los aparcamientos de estas instalaciones.

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