Catalunya tendrá a partir del 2018 un impuesto sobre las emisiones de los vehículos

Catalunya empezará en el 2018 a gravar las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Los primero serán los automóviles y vehículos de transporte de mercancías hasta 3,5 toneladas y a partir de enero del 2019, las motocicletas.

Junts pel Sí (JXSí) y la CUP han introducido una enmienda en la la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el 2017, aprobada este miércoles, que instaura este nuevo impuesto.

De esta forma se suma a otros dos nuevos tributos que ya estaban previstos en el proyecto inicial, que son el que recae en las centrales nucleares y el que afecta a las bebidas azucaradas envasadas. En estos casos, los nuevos cargos está previsto que entren en vigor a partir del próximo 1 de abril.

El impuesto sobre la emisión de CO2 de los vehículos supondrá un banco de pruebas para la hacienda catalana, al tratarse de un gravamen con miles de contribuyentes. El 'vicepresident' y 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras, ha acelerado el proceso de reforzamiento de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) como futura estructura de estado.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

Este tributo sigue las recomendaciones de la Unión Europea (UE) en materia de fiscalidad verde. También está previsto en la ley del cambio climático, que actualmente está en tramitación parlamentaria. Los ingresos obtenidos con el impuesto sobre las emisiones de los vehículos serán finalistas y se destinarán al fondo climático y al de patrimonio natural.

La ley de acompañamiento también modifica otros impuestos ya existentes, como el de estancias en establecimientos turísticos y el que recae en los pisos vacíos. También se reformula es de grandes establecimientos comerciales, que pasa a ser un gravamen de carácter medioambiental, al gravar el número de vehículos que acuden a estos centros en vez de los metros cuadrados de los mismos.

Por lo que respecta a los presupuestos, la principal novedad del texto que se ha aprobado es el incremento de 185 millones en el gasto social. En esta cantidad se incluyen 140 millones para elevar la plantilla de maestros en 5.500 efectivos y otros 45 millones para reforzar los programas de renta garantizada.

La partida de gastos sociales se eleva en conjunto a 1.355 millones respecto a las cuentas del 2015. La cantidad es superior a los 1.1790 millones del proyecto inicial. En total, el gasto social se elevará a 18.016 millones, lo que supone 74,8 euros de cada 100 del gasto total.