Un Govern sin llaves de la caja

Cuando Oriol Junqueras, tras ser designado 'vicepresident' acudió a la Conselleria d'Economia el 14 de enero del 2016 para recibir la cartera de su predecesor, Andreu Mas-Colell, se marcó la independencia como objetivo. Actualmente, después de una intervención financiera intervención financierapor el ministerio de Hacienda y la aplicación del artículo 155 de la Constituciónartículo 155 de la Constitución con el cese del Govern, aprobada por un Senado con mayoría absoluta del PP y el aval de Ciudadanos y el PSOE-PSC ; la Generalitat se parece más a una gestoría. Todo gasto debe ser justificado y autorizado por el Estado y la Generalitat carece de control sobre sus propios ingresos.

Tampoco están algunos de los pilares del departamento, como el secretario general, Josep Maria Jové; y el de Hacienda, Lluís Salvadó, implicados en la operación de registro de la Guardia Civil en la Conselleria el 20 de septiembre. que luego dejaron los cargos a petición propia . Del equipo originario, solo queda Pere Aragonès, secretario de Economia hasta después de las elecciones del 21 de diciembre (21-D), que se reparte por delegación la función del secretario general con la directora de servicios, Natàlia Garriga.

Junqueras recibió de Mas una deuda de 72.274 millones y la dejó en 76.727

La herencia que recibió Junqueras del Ejecutivo de Artur Mas, al que ERC apoyaba sin formar parte del Govern, fue una deuda de 72.274 millones de euros. El 59,9% de esta era titularidad del Estado por instrumentos de liquidez como el fondo de liquidez autonómica (FLA), el auténtico banco de la administración catalana al no poder financiarse en los mercados por la baja calificación de solvencia. El déficit se desbocó por encima del 2%, en vez del 0,7% que debería haber sido.

Al final de su mandato como representante del Govern de Junts pel Sí (antigua CiU, ERC y otros), Junqueras deja un pasivo situado en 76.727 millones, a 30 de junio, y con el Gobierno central como titular de casi el 70%. El déficit, en cambio, que debería acabar en el 0,6%, está más domesticado. No obstante, el Estado gestiona los 1.400 millones de la transferencia mensual a Catalunya por los impuestos estatales que pagan sus ciudadanos, como el IRPF o el IVA y la actual administración catalana los otros 250 millones mensuales de los tributos propios y cedidos.

De interlocutor a bestia negra

En 22 meses en el cargo, Junqueras ha pasado de interlocutor preferente de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría (hoy 'presidenta' temporal de la Generalitat por delegación del jefe del Gobierno Mariano Rajoy) a bestia negra. La ruptura comenzó cuando comunicó al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no remitiría más la información financiera semanal que se le exigía. Montoro aprovechó el referéndum del 1 de octubre (1-O), suspendido primero y luego invalidado por el Tribunal Constitucional; para tomar el control de las cuentas catalanas. Con la ley de estabilidad y el argumento de evitar que se desviara un solo euro para la consulta, el titular de la cartera de Hacienda amplió el alcance de interpretación de esa norma contable.

El ministro de Hacienda cerró el presupuesto catalán a 20 de septiembre y bloqueó el 2% del gasto total de la Generalitat. Quedaban fuera de esa restricción las nóminas y servicios esenciales como la sanidad, la educación o la protección social. En todo caso, desde que se bloquearon las cuentas, se han liberado 88,5 millones, lo que supone la quinta parte del bloqueo total, a petición de la administración catalana; y, a 30 de noviembre, hay 378,7 millones bloqueados.

Con la intervención de las cuentas se ha incrementado la burocracia y el papeleo para cualquier decisión 

La burocracia y el papeleo se han adueñado de la gestión. Se tienen que hacer hasta tres trámites para una única actuación: desde Economia tienen que pedir autorización a la administración central a través de la Internvención; y, en ocasiones, sin son partidas bloqueadas, a Hacienda. Excepto los ceses, "todo lo que se aprueba se hace a instancias de la Generalitat, pero de 60 acuerdos del Govern pendientes, solo se han aprobado 15" hasta ahora, afirman fuentes de la administración catalana. Lo que sí han agilizado más ambas partes es el papeleo para pagar las nóminas de los más de 230.000 empleados públicos. No quieren errores ni demoras en el cobro de los salarios, como ha sucedido con algunas prestaciones.  

El bloqueo de cuentas, impugnado ante el Tribunal Supremo por el Govern, decaerá con el final del ejercicio del 2017, pero el control de la tesorería se mantendrá hasta que Montoro diga lo contrario. En todo caso, la Generalitat, que debe acabar el 2017 con un déficit del 0,6% , ha saldado con superávit los últimos meses, tanto agosto -previo a la intervención- como septiembre y ha registrado un minúsculo déficit de 63,9 millones en octubre. No incumple los compromisos, hasta ahora. 

La evolución contrasta con las cuentas que legó Artur Mas. El déficit del 2015 fue finalmente del 2,87%, en lugar del 0,7%, según la Cuenta General de la Generalitat publicada por la Sindicatura de Comptes. Y la Generalitat quedó en "una delicada situación financiera", según el mismo informe. 

"De dificultades para pagar las nóminas hemos pasado a prácticamente superávit y a pagar a los proveedores en 26 días, frente a los 38 del Estado", resume un representante de la Generalitat. Pero, castigados sin llaves de la caja por la aventura secesionista.