La hacienda catalana se multiplica

Del centro de Barcelona al paseo de la Zona Franca, en el barrio de la Marina del Prat, una área de nueva centralidad en la capital catalana. La Agència Tributària de Catalunya (ATC) traslada su sede este lunes a un edificio singular. Pero no es solo un cambio de ubicación, sino que coincide con una nueva etapa de esta institución, porque las instalaciones tienen capacidad para albergar no solo los 300 empleados actuales del organismo sino para duplicarlos en el plazo de dos años, según las previsiones del Govern.

El alquiler anual del inmueble, con un total de 10.298 metros cuadrados, aunque en una primera fase se ocuparán 8.779, asciende a 1,26 millones de euros. La renta supone un ahorro del 34,69% con respecto a la que se hubiera seguido pagando en la sede de la calle Fontanella, al lado de plaza de Catalunya, que la Generalitat vendió por unos 25 millones.

La nueva sede, denominada Edificio T, para la que se firmó un contrato de alquiler de 20 años, es propiedad de Bankia Pensiones.  Esta reubicación forma parte del plan de concentración de dependencias de la Generalitat ahora dispersas por la ciudad, aprobado en el 2013. En este mismo entorno se ubicará un campus administrativo en el que trabajarán más de 2.000 personas.

Además de suponer un paso simbólico en el camino hacia una hacienda propia, la Generalitat ha aprovechado este traslado para acelerar la tramitación electrónica de los tributos que gestiona. De hecho, durante este año, todos los impuestos que gestiona la administración autonómica se podrán presentar y pagar telemáticamente.

VENTANILLA ÚNICA

El 'vicepresident' y 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras, ha reactivado Tributs de Catalunya, el consorcio entre la ATC y las cuatro diputaciones, con la ampliación de la red de oficinas conjuntas para operar como ventanilla única e intercambiar y compartir información tributaria de las 53 actuales hasta 142.

Con estas medidas, el Govern se prepara para tomar el control de los tributos propios y cedidos a partir del año que viene, así como para la recaudación por la vía ejecutiva y apurar así al máximo unas competencias fiscales en el mercado legal autonómico que CiU o el tripartito nunca llegaron a exprimir.

La liquidación de los impuestos como el de sucesiones, que aportan en torno a 3.000 millones de euros a la Generalitat, la realizan las oficinas de registradores, a las que se les pagan 25 millones anuales. Canarias, por ejemplo, lo hace por sí misma desde hace tiempo. Y buena parte de la recaudación ejecutiva está delegada en la Agencia Tributaria estatal, a la que se le pagan 10 millones anuales. Comunidades como La Rioja, Galicia y Castilla y León, entre otras, ya lo hacen.