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FINANZAS PÚBLICAS

La Hacienda catalana prevé gestionar 850.000 deudas impagadas al año

El objetivo del Govern es asumir la recaudación ejecutiva propia, de las diputaciones, Consells Comarcals y ayuntamientos

El 4 de octubre se denunciará el convenio con los registradores para liquidar los impuestos cedidos

Agustí Sala

La hacienda catalana, a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), asumirá la recaudación ejecutiva (embargos de cuentas y activos) de todas las administraciones con la excepción de las del Estado. En total, el número de expedientes a gestionar anualmente será de 850.000, de los que 300.000 son multas impuestas por el Servei Català de Trànsit, según las estimaciones del Ejecutivo catalán.

El Govern, que ha designado a Eduard Vilà nuevo director de la ATC, tras la abortada decisión de que fuera Olga Tomàs, que luego se conoció que estaba investigada (antes imputada) en una de las piezas separadas del 'caso ITV', destinará 115 personas a este trabajo que en la actualidad realiza la agencia tributaria estatal (AEAT) por unos 9 o 10 millones de euros anuales.

La agencia estatal, a la que se le ha ido reduciendo ya la carga de trabajo, tiene una elevada eficacia en esta tarea por sus sistemas y tecnologías de la información. La deuda pendiente que gestiona y que corresponde a Catalunya supone en torno a la quinta parte del total porque incorpora la del Servei Català de Tràfic.  

Por parte de la Generalitat está previsto no solo hacer la recaudación ejecutiva de deudas impagadas en el periodo voluntario propias (ATC) si no la de las cuatro diputaciones provinciales (unas 190.0000) y los ayuntamientos y los consells comarcals con órganos de recaudación (unos 300.000) a través de convenios.

Las oficinas registrales recaudan el 54% de los tributos cedidos

Las oficinas liquidadoras de los registros de la propiedad recaudan el 54% de los impuestos cedidos, con 1.032,4 millones, frente al 46% de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), con 863,9 millones, según las cifras del 2015.

En el impuesto de transmisiones, los registradores copan el 61%, con 875 millones, frente al 39% de la ATC, con 562,8 millones, En el impuesto de sucesiones y donaciones las proporciones varían, ya que los registradores recaudan el 34% (157 millones) y la ATC, el 66% (301 millones).    

Los acuerdos con las diputaciones ya entraron en vigor, los que se han de firmar con los ayuntamientos de BarcelonaSabadell y el Consell Comarcal de La Selva, a final de año; y el previsto con el Servei Català de Trànsit, a principios del año que viene, al igual que con otras administraciones locales y comarcales.

Los responsables del fisco catalán, encabezados por el 'vicepresident' y 'conseller' de Economia, Oriol Junqueras, y el secretario de Hacienda, Lluís Salvadótrabajan para poder llevar cabo la actividad completa de embargos y subastas de bienes inmuebles, muebles, activos financieros o vehículos entre abril y octubre del 2017.

EN APENAS 10 MESES 

En solo 10 meses, la plantilla de la ATC se duplicará, al pasar de los 378 efectivos actuales a 800 en julio del ejercicio próximo. Además de asumir las tareas que realiza la agencia estatal, la ATC realizará también las que desarrollan hoy 53 oficinas de los registros de la propiedad como consecuencia de un convenio firmado en el 2012 y prorrogado hasta el 31 de octubre del 2017, con un coste de casi 30 millones anuales.

El próximo 4 de octubre, Salvadó se reunirá con el decano de los registradores de CatalunyaLuis Suárez, para denunciar el convenio. El plan, visto con recelo por el colectivo profesional, es abrir concursos de funcionarios interinos durante el año que viene a los que podrán presentarse los 277 empleados de los registros cuya experiencia en liquidación de tributos cedidos "será valorada en los baremos de aplicación". La ley de la Función Pública prohíbe los concursos restringidos.

En Euskadi, la comunidad con más competencias, la tarea de gestión y liquidación de los impuestos cedidos también la hacen los registradores, al igual que en Madrid; mientras que en autonomías con menos población, como MurciaCanarias Asturias, lo hacen los propios gobiernos autónomos. En Baleares se produce el hecho insólito de que desde los años 80, la recaudación de tributos propios, cedidos y municipales la realiza una empresa privada propiedad de Gabriel Alzamora, que realiza también embargos.  

Según el calendario previsto, este año se incorporarán a la ATC 48 personas y durante el 2017, otras 374. El despliegue de oficinas no incluye la zona central de Catalunya. Para diseñarlo se han tenido en cuenta el volumen de habitantes, la distribución de actividades con trascendencia tributaria o la división administrativa. En todo caso, la Conselleria d'Economia destaca que en una segunda fase se ubicará personal de la ATC en las oficinas de la red Tributs de Catalunya, mediante una ventanilla única establecida por convenio con 142 puntos de atención.

El secretario de Hacienda está convencido de que dejando de externalizar los trabajos actuales, la Generalitat se ahorrará recursos. Y compara los 37 millones que se tienen que pagar actualmente a la Agencia tributaria estatal (9,5 millones) y a los registradores (27,5 millones) con los 3,23 millones de costes recurrentes de la nueva red de 15 oficinas propias, en la que invertirán 6,3 millones; y los 16,6 millones del incremento de personal, que arrojan un total de 19,83 millones.

La oposición no lo tiene claro. Y destaca que 53 oficinas liquidadoras con 400 empleados cuestan 27,5 millones, mientras el presupuesto actual de la ATC es de 43 millones, con una plantilla de 378 personas ¿Podrán hacerlo más barato con el doble de plantilla? se preguntan.         

De 56.634,38 euros al año a un complemento de 1.461,60 euros 

El salario más elevado previsto por el Govern en la Agència Tributària de Catalunya (ATC) es del jefe territorial de Barcelona, que corresponde al grupo A1 y el nivel 27.2 y 56.634,38 euros anuales. El grupo más numeroso es el de administrativos, con un total de 106 personas con un salario anual de 21.078,82 euros y un coste total de 2,2 millones.

El esquema previsto por el Govern establece un complemento de 1.461,60 euros al año para los un total de 90 efectivos que se dedicarán a la atención presencial. Estos trabajadores no serán adicionales sino que formarán parte de las categorías de adminsitrativos o auxiliares administrativos.

El sueldo más bajo de la escala es el correspondiente a subalternos, que corresponden al grupo E y nivel 12, con un total de 8 personas que percibirán 17.236,24 euros al año, con un coste total de 137.889,92 euros.