El impuesto sobre grandes superficies gravará centros comerciales

El Govern incluirá los centros comerciales, los 'garden centers', los concesionarios y las tiendas de muebles, que actualmente están exentos de gravamen, en la reformulación del impuesto sobre las grandes establecimientos comerciales (IGSC) que se incorporará a la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el 2017, según ha anunciado la directora general de Tributs i Joc, Marta Espasa.

También los súpers y establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados ubicados fuera de la trama urbana, que con la normativa actual tampoco tributan por este impuesto, deberán pagarlo y, una vez que entre en vigor, en función del número de vehículos que utilicen los párkings de los grandes comercios y no en base a la superficie del establecimiento como hasta ahora.

Lejos de reducir el ámbito de establecimientos que deberán tributar por el impuesto, recurrido en varias ocasiones por la patronal de la gran distribución, Anged, este aumentará. El censo de contribuyentes del tributo se elevará a 187, al incluir establecimientos que en la actualidad están exentos, frente a los 106 actuales.

Con todo, el volumen de recaudación de mantendrá en torno a 15 millones de euros. A pesar de tratarse de una suma bastante reducida, el Govern quiere utilizar el máximo posible los tributos propios pese al estrecho margen que ofrece el marco de la actual normativa de financiación autonómica.

DIRECTRICES DE BRUSELAS

Con este cambio, la Generalitat pretende cumplir las directrices de Bruselas y reconvertir el impuesto, creado en el 2000, en un gravamen de carácter medioambiental. Hoy se calcula en función de la superficie, cuando son establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados, a razón de 17 euros por metro cuadrado.

En la actualidad, el impuesto está sujeto a un procedimiento de investigación por parte de la Comisión Europea, la primera fase de los procesos por posibles ayudas de Estado. De todas formas el trámite está suspendido a la espera de lo que determine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre una cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal Supremo español ante un recurso de Anged, explica Espasa.

"El objetivo no es incrementar la recaudación sino diseñar un impuesto medioambiental", explica la director general. De hecho, aunque aumenta el censo de contribuyentes, al tributar en función del número de vehículos en el estacionamiento del centro, es posible que en los grandes establecimientos urbanos como El Corte Inglés o FNAC, el gravamen disminuya, pero en cambio, proporcione más ingresos por los establecimientos de más de 1.300 metros cuadrados fuera de las tramas urbanass, como Ikea o súpers de Mercadona o Eroski, que ahora no tienen que pagar el impuesto y deberán hacerlo.

El gravamen se creó en el 2000 y empezó a aplicarse al año siguiente. Ya en esa ocasión, la Anged lo recurrió ante la Comisión Europea, pero esta lo acabó archivando. Desde entonces, acumula hasta cuatro denuncias de esta organización, además de una impgunación ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central que en el 2012 este rechazó. 

La semana pasada, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, aseguró durante unas jornadas organizadas por Anged que Bruselas estudia exigir a Catalunya que cobre el gravamen a todos los comercios para compensar lo que interpreta como una ayuda de Estado indirecta de la que se habrían beneficiado los pequeños establecimientos frente a los grandes.

Desde el Govern aseguran que el procedimiento no está abierto formalmente, sino en su estadio inicial y, además se encuentra paralizado a la espera del TJUE que, a su vez, ha solicitado un informe a la Generalitat. "Mantenemos mucha relación con Bruselas". Además de Catalunya también mantienen este impuesto Asturias y Aragón.