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Artículo de Gonzalo Bernardos: '67'

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gonzalo Bernardos
vicerrector de economía de la ub

El 67 es el número de moda. A partir del 2024, esta será la edad legal de jubilación, si la propuesta del Gobierno acaba implantándose. No me gusta como ciudadano, ya que reducirá en dos años mis vacaciones perpetuas. Pero me satisface como economista, pues contribuirá a alargar la viabilidad del actual sistema público de pensiones. Su implantación hará que los trabajadores paguen un par de años más a la Seguridad Social y cobren dos menos de ella. Es una medida impopular, pero acertada.

El sistema de pensiones público imperante en España es el de reparto. Consiste en que los trabajadores en activo financian a los jubilados. Funciona muy bien si el número de los primeros es muy superior al de los segundos; en cambio, puede tener serios problemas de subsistencia si ambas cifras están relativamente próximas.

A principios de la década de los 80, se observaba el primer caso. La Seguridad Social era muy generosa con los recién jubilados y calculaba su pensión en base a los salarios percibidos durante los dos últimos años. A partir del 2030, puede darse el segundo caso, si no vienen a trabajar a España un elevado número de extranjeros. En el futuro más o menos lejano el acceso a una pensión contributiva será más restrictivo, su importe tendrá como base de cálculo lo ganado durante toda la vida laboral (ahora son los últimos 15 años cotizados) y el poder adquisitivo de la pensión máxima será más reducido.

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Indudablemente, los jubilados que pretendan vivir cómodamente necesitarán ingresos adicionales. Difícilmente conseguirán los suficientes invirtiendo en un plan privado de pensiones, habitualmente pésimamente gestionado, 1.200 euros anuales durante 15 años. La solución es más compleja y pasa por un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal que permita, sin aumentar los costes laborales, instaurar un doble salario: actual y diferido.

Este último sería aportado por el trabajador, la empresa (compensada por la reducción de las cotizaciones sociales) y la Administración, al declararlo libre de impuestos actuales y futuros. Su acumulación en un plan de pensiones, con una rentabilidad mínima anual garantizada por el Estado, podría ser la clave de una jubilación dorada.