Vodafone España presenta un nuevo ere para 515 empleados

Vodafone España ha anunciado un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ere) para 515 empleados, el 12% del total de 4.285 trabajadores en plantilla, según fuentes de la empresa. La compañía justifica el proceso por el "deterioro del mercado". La filial española de la compañía británica ha sido penalizada en los últimos ejercicios con la caída de sus ingresos debido a la fuerte competencia en el mercado español y el auge del 'low cost'. El sindicato UGT acusa a la empresa de que este es el cuarto intento de la compañía "por intentar ocultar una gestión de sus dirigentes que no es capaz de reconducir la marcha de la compañía". Según la central, Vodafone España suma 3.500 salidas en ocho años. El último ere se produjo hace tan solo año y medio, a principios de 2019, se saldó con casi 1.000 salidas, y en él la 'teleco' se comprometió explícitamente a no presentar otro ere hasta este año.

Fuentes de la empresa confirman que esta nueva propuesta de salidas sigue el curso del proceso de transformación "iniciado hace dos años" y que tuvo como primer gran movimiento la salida de la 'teleco' del fútbol, tras descartar la compra de los derechos de La Liga en la temporada 2018-2019 por su falta de rentabilidad ante el elevado coste que consideran que tiene poder emitir este evento deportivo. Sin embargo, unos ejercicios más tarde, la compañía que ahora dirige Colman Deegan no ha conseguido revertir el declive por la enorme competencia que existe entre las 'telecos' en el mercado español.

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"Desde hace algunos años, la intensidad competitiva en precios y la deriva hacia las tarifas de bajo valor en España ha provocado una fuerte caída de los ingresos y un importante deterioro de los márgenes. En este contexto, Vodafone España inició su programa de reposicionamiento", explica la compañía en un comunicado. La empresa defiende que el objetivo de las salidas es dirigir la organización de la empresa hacia la digitalización "para ser más ágiles y competitivos" con la promesa de "en un año estar creando empleo neto". El expediente afectará principalmente a las áreas comerciales. "Este reequilibrio en la organización propone un ajuste en las áreas más operativas, canales comerciales y en productos y servicios para adaptarse al entorno de mercado y refuerza su compromiso de crear nuevos perfiles en Vodafone España a lo largo del próximo año", añade la empresa. 

Tras hacer el anuncio ante los sindicatos, la mesa de negociación se abrirá a finales de este mes de septiembre, cuando se iniciará un periodo de un mes para fijar las condiciones, criterios y el calendario de ejecución. "Vodafone, siendo sensible al impacto de esta medida, aborda la negociación con la determinación de alcanzar con la representación social el mejor acuerdo posible tanto para los empleados como para la empresa", expone la compañía en el comunicado. Por su parte, el sindicato UGT advierte que examinará "con detalle" la Memoria del ere y denunciará "los verdaderos motivos que lo justifican". "El desempeño de la dirección de Vodafone en un mercado tan especial como el español no es innovando o aumentando su eficiencia organizativa, sino despidiendo", critican desde UGT. 

Declive del sector

Este proceso de Vodafone llega después de que en agosto se produjese un ere en Orange de 400 trabajadores justificado por el mismo motivo, la hipercompetitividad del mercado de las telecomunicaciones en España. El sindicato UGT critica la sistemática destrucción de empleo en los últimos veinte años en el sector que se ha llevado por delante a "casi la mitad del empleo de las operadoras", cifrado en 41.000 puestos de trabajo. "Ningún sector ha sufrido un golpe laboral tan duro en un menor lapso", asegura la central que señala directamente a los legisladores como culpables de este nuevo modelo que califican de "parasitario" porque premia a las operadoras 'low cost', que apuestan por un modelo más comercial, frente a quienes invierten en infraestructuras.

"Vamos a denunciar y abolir esta anomalía política y regulatoria. La administración pública y los reguladores están obligados a dar explicaciones y a implicarse: deben dar un paso al frente y poner sobre la mesa medidas legislativas y económicas que suturen esta sangría. La nueva Ley General de Telecomunicaciones y el reparto de las ayudas europeas al sector deben ser parte de este proceso", ha advertido el sindicato.