La Síndica de Greuges investiga si Vic pone trabas al empadronamiento de inmigrantes

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Gimenez-Salinas, ha abierto una actuación de oficio para esclarecer si el Ayuntamiento de Vic está cumpliendo con la legislación a la hora de empadronar y escolarizar a los menores recién llegados. Lo hace después de que EL PERIÓDICO haya desvelado el caso de una niña que lleva seis meses sin ir a la escuela y sin tarjeta sanitaria, a la espera del documento que confirma su empadronamiento.

A su vez, los Comuns han pedido explicaciones al Govern sobre si va a tomar medidas para garantizar los derechos de los ciudadanos a quienes en varios municipios catalanes se les está impidiendo acceder al padrón, un derecho garantizado por una ley estatal.

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Después de interrogar a la Conselleria d'Educació sobre la realidad de Bashira, la adolescente sin hogar de Vic que lleva seis meses esperando plaza en la escuela, la Sindicatura de Greuges ha decidido abrir una investigación de oficio sobre este asunto. Entre otras actuaciones, pedirá explicaciones al Ayuntamiento de Vic, en manos de Junts, para esclarecer si se ha empadronado a esta familia, cuándo y cómo se ha tramitado su expediente y por qué no se les asigna una plaza en la escuela pública. Asimismo, la Síndica ha iniciado los trámites para ponerse en contacto con los afectados. La concejala de Servicios Sociales de Vic, Núria Homs, apuntó a este diario que la solucion sería "comprar un billete a Marruecos".

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Giménez-Salinas va a seguir el mismo procedimiento que la Sindicatura aplicó con Ripoll, tras la denuncia de Brahim Bounash, que expuso a EL PERIÓDICO las trabas al padrón que estaba aplicando la nueva alcaldesa de extrema derecha. En este caso, también se implicaron la Delegación del Gobierno en Catalunya y la Conselleria de Drets Socials, además de la Conselleria de Salut, que abrió una investigación sobre el proceder del CAP de la localidad, que incumplía la ley de sanidad universal, según explicaron los afectados.

El problema del padrón llega al Parlament

Por otra parte, a raíz del caso de Vic, el grupo parlamentario de Catalunya en Comú ha interpelado al Govern sobre los problemas alrededor de la inscripción en el padrón municipal. "Lo que está haciendo el Gobierno municipal de Junts es lo mismo que hace Sílvia Orriols en Ripoll, por eso pedimos a la Generalitat que actúe y que impida que los ayuntamientos puedan actuar así", explica el portavoz del grupo parlamentario, David Cid.

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En concreto, los comuns han planteado cinco preguntas a la Generalitat. "¿Cómo pretende asegurar que todos los residentes, independientemente de su origen, puedan acceder al derecho fundamental del padrón?", se pregunta Cid. También reclama medidas para "garantizar la atención médica sin discriminación" y exige "abordar los obstáculos que afrontan los inmigrantes en el acceso a la escolarización de sus hijos, teniendo en cuenta las demoras del proceso de empadronamiento".

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Asimismo, los comuns señalan la necesidad de agilizar el tiempo de tramitación y preguntan si el Govern se ha planteado "revisar y mejorar" los protocolos de empadronamiento, atención sanitaria y escolarización de los migrantes en Catalunya, para garantizar "un trato justo y equitativo".

El discurso de Junts

Ahora el Govern deberá responder por escrito a estas preguntas. Por el momento, la dirección general de Drets Humans, responsable del tema, solo ha planteado una cumbre de alcaldes sobre la cuestión. "No poderse empadronar afecta a los derechos más básicos: la Generalitat debe velar para garantizar que no se vulneran derechos básicos que muchos ayuntamientos están alargando de forma excesiva", lamenta el concejal de los comuns en Vic, Arnau Martí. Según este concejal, en lo que va de mandato ha habido más casos como este. "Nos preocupa y vamos a pedir la revisión del protocolo del empadronamiento. Es evidente que en este caso se ha excedido el límite legal", insiste Martí.

También la CUP en Vic lleva meses tratando esta situación. "Hace años que denunciamos que este ayuntamiento no garantiza los derechos mínimos en esta ciudad y toma una deriva clasita y racista donde cada vez hay más actitudes segregadoras", lamenta la concejala Carla Dinarès. "Esperamos que haya un cambio de criterio", ha señalado.

En la capital de Osona aún resuenan las palabras de la concejala de Servicios Sociales, Núria Homs (Junts), pidiendo a la familia que vuelva a su país. "Nos parece indignante que hagan estas declaraciones racistas y clasistas, cuando ni tan siquiera saben dónde está ni como se encuentra esta familia... es desesperante", se queja Dinarés. "Ante una situación de vulnerabilidad extrema, de una familia desahuciada... no podemos tolerar que los representantes públicos discriminen y promuevan el odio. Junts cada vez se parece más a Aliança Catalana con esta obsesión preocupante con la inmigración. Es muy grave y muy peligroso", añade Martí.

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