El Gobierno da 20 días a la alcaldesa de Ripoll para que explique su gestión del padrón

El subdelegado del Gobierno en Girona, Albert Bramón, ha pedido explicaciones a la alcaldesa de Ripoll, la ultra Silvia Orriols, sobre la gestión del empadronamiento en el municipio. Bramón ha enviado una carta al consistorio este jueves por la tarde, a petición del delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, después de leer los reportajes de EL PERIÓDICO sobre los cambios en la tramitación del padrón que están dejando sin acceso médico ni escuela a menores recién llegados al municipio. "No permitiremos actitudes xenófobas", ha insistido Prieto en las redes sociales. En su carta, a la que ha tenido acceso este diario, Bramón da 20 días a Orriols para que dé explicaciones en un exhaustivo informe.

En una carta, exige a Orriols un informe sobre cómo tramita los expedientes, los requisitos que exige y los plazos de resolución de las solicitudes

Las informaciones publicadas por EL PERIÓDICO sobre el empadronamiento en Ripoll han llegado hasta los despachos de la delegación del Gobierno en Catalunya. La subdelegación en Girona ha enviado una carta a la alcaldesa ya que teme que su forma de empadronar, y las demoras obligadas a las que está sometiendo a sus ciudadanos, "pueden suponer una vulneración del ordenamiento jurídico vigente". Trabajadores municipales del Ayuntamiento de Ripoll han revelado que Orriols ha modificado el proceso para dilatarlo al máximo. "Antes se empadronaba al momento. Pero la alcaldesa quiso cambiar los protocolos y desde septiembre no se empadrona a nadie hasta pasados tres meses, que es el plazo máximo que marca la ley", han contado a este diario.

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Ante esta situación, el Gobierno de Pedro Sánchez da 20 días hábiles a Orriols para que presente un informe en el que explique "la forma en que el Ayuntamiento de Ripoll ejerce su competencia en materia del padrón de habitantes y da cumplimiento a la normativa estatal vigente", según la misiva. Este informe debe explicar "la forma de tramitación de los expedientes", "los requisitos exigidos a los habitantes del municipio de Ripoll" y "los plazos de resolución de los expedientes".

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Prieto ha confirmado el envío de esta misiva a través de las redes sociales. Asegura que el objetivo de su carta es de tolerancia cero contra la discriminación. "No permitimos actitudes xenófobas ni en ésta ni en ninguna administración", ha insistido el delegado del Gobierno en Catalunya.

Lejos de responder a las preguntas de los periodistas, la alcaldesa Orriols ha reaccionado a esta noticia en las redes sociales. En una actitud combativa, la alcaldesa de Ripoll deja entrever que no va responder a este requerimiento. "El gobierno español que se preocupe de España y deje en paz a Catalunya", ha dicho en las redes sociales.

En la misiva, el subdelegado también recuerda que el Ayuntamiento de Ripoll lleva cuatro meses sin enviar las actas de los plenos municipales y los acuerdos tomados en el consistorio, una obligación a la que se deben todos los entes locales. Al igual que con el informe sobre el padrón, Bramón le da a Orriols 20 días para que envíe estas actas.

La Síndica y el Govern

El Gobierno es la última de las administraciones en tomar cartas en el asunto tras las informaciones publicadas por este diario sobre el proceso de empadronamiento. La Síndica de Greuges ha reactivado un estudio sobre el empadronamiento en Catalunya. Según ha podido saber este diario, responsables del organismo que dirige Esther Giménez-Salinas ya se ha puesto en contacto con algunos de los migrantes que explicaron su caso a EL PERIÓDICO para intentar que se aceleren los trámites para que los menores afectados puedan tener una escuela asignada en los próximos días.

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La Conselleria d'Igualtat de la Generalitat, aunque sospecha que las trabas al padrón podrían ser una actuación discriminatoria, prefiere abordar el tema con formaciones al personal técnico de los consistorios y con una cumbre de alcaldes que aún está por agendar. En cambio, abogados, oenegés y formaciones políticas reclaman al Govern que inicie una investigación de oficio para sancionar a Orriols por racista y xenófoba. Según estos expertos, la ley catalana por la igualdad de trato y no discriminación obliga a la Administración pública a actuar de oficio en casos de racismo.

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Por su parte, la alcaldesa de Ripoll sigue sin querer atender a los medios de comunicación, tampoco a EL PERIÓDICO. Sí que ha reaccionado a través de las redes sociales, donde ha alardeado de que está "cumpliendo el programa electoral".

Ripoll no es el único municipio donde los ayuntamientos ponen dificultades para que los recién llegados se empadronen. Hay más de una cincuentena de municipios que han impuesto algún tipo de dificultad, según un informe elaborado por entidades sociales, asociaciones vecinales y sindicaturas locales. Las entidades sociales apuntan que cada vez son más los alcaldes y municipios que impiden a los migrantes establecerse oficialmente en los municipios. A diferencia del caso de Orriols, que lo hace incluso con ciudadanos que disponen de contratos de alquiler o escrituras de compra de viviendas, estos consistorios catalanes imponen esperas y trabas burocráticas a aquellos ciudadanos que no disponen de documentos acreditativos sobre el lugar en el que viven porque lo hacen en condiciones extremadamente precarias.

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