El Govern propone una cumbre de alcaldes para garantizar el empadronamiento en Catalunya

Las quejas no son nuevas. Pero cada vez son más frecuentes. La dirección general de Derechos Humanos de la Conselleria de Feminismes i Igualtat de la Generalitat, lleva meses recibiendo quejas de entidades y movimientos sociales sobre las trabas e impedimentos que los ayuntamientos están poniendo a las personas que quieren empadronarse en algunas localidades en Catalunya. El problema afecta a aquellos más vulnerables, los que no tienen contrato de alquiler ni de propiedad de una vivienda. El caso de Ripoll es uno de los más conocidos pero más ayuntamientos se están sumando a este proceder. Es por ello que la conselleria plantea una cumbre de alcaldes y técnicos municipales de toda Catalunya para abordar el problema. "Debemos pactar un acuerdo común", argumenta el director general de Drets Humans, Adam Majó.

El director general de Derechos Humanos de la Conselleria d'Igualtat, Adam Majó, urge a los municipios a "pactar un marco común"

El Ayuntamiento de Ripoll, en manos de la alcaldesa Silvia Orriols, de Aliança Catalana, ya está dificultando el padrón a personas migrantes recién llegadas a Catalunya, dejando incluso a menores sin escolarizar y sin atención médica. Pero no es el único. Antes de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, entidades sociales catalogaron a 49 ayuntamientos que no dejaban empadronar correctamente a sus habitantes. Ahora la lista va a más. "No es algo exclusivo de Ripoll. Hay muchos ayuntamientos de Catalunya que no están empadronando a las personas que solicitan el padrón. En algunos casos es por desconocimiento de los técnicos, porque no dan abasto o por voluntad políticas", admite Majó.

"No es algo exclusivo de Ripoll. Hay muchos ayuntamientos de Catalunya que no están empadronando a las personas que lo solicitan"

Adam Majó

— Director general de Derechos Humanos de la Conselleria de Igualtat

Las problemáticas habituales

A la Generalitat le constan varias problemáticas. La más importante, que muchos ayuntamientos no aplican el padrón social. La ley dicta que aquellos ciudadanos que no pueden acreditar una dirección (porque no tienen contrato de alquiler ni de propiedad de su casa) deben empadronarse sin domicilio fijo. Esto afecta desde a quienes viven en habitaciones realquiladas, a quienes viven en chabolas o a quienes duermen en la calle.

La Conselleria d'Igualtat quiere alcanzar un acuerdo con la voluntad de "empadronar a todo el mundo" y dar indicaciones técnicas para hacerlo posible

"También es muy habitual ver ayuntamientos que tardan hasta tres meses para empadronar a sus habitantes, que es el máximo tiempo que permite la ley, o incluso que pasado ese tiempo no dicen nada pero no les empadronan", sigue Majó. "Se mezcla la mala fe y la incapacidad", insiste el director, que explica que la Generalitat puede tratar de intervenir si los afectados se dirigen a ellos, algo muy poco habitual. De hecho, el gran grueso de la información y las quejas que llegan hasta Majó, o hasta los servicios territoriales del Departament, es a raíz de las entidades sociales.

Un acuerdo político

La Generalitat sostiene que no tiene capacidad para regular el empadronamiento porque esta es una competencia municipal. Sí ha realizado una veintena de formaciones sobre el asunto a técnicos municipales que lo han pedido. Pero desde el Govern se es consciente de que hay que dar un paso más. "Vemos que las casuísticas siempre son las mismas, pero cada ayuntamiento lo resuelve de una forma distinta. Esto provoca que se acaben dando situaciones extrañas como que la gente se empadrone en sitios donde no vive... Esto no es bueno para nadie", señala Majó.

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Por ello, desde la conselleria que dirige Tània Verge se quiere impulsar una cumbre con políticos y técnicos municipales sobre este asunto, para intentar pactar un marco común. "Queremos poner el asunto encima de la mesa y llegar a un acuerdo: por un lado con la voluntad política de empadronar a todo el mundo, y por el otro lado que dé directivas técnicas para hacerlo posible", defiende el director general.

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Majó sostiene que no empadronar a los habitantes afecta gravemente a la cohesión social. "No se pueden gobernar ciudades o pueblos sin saber cuánta gente vive, sin tener los servicios bien dimensionados", insiste.

Las oenegés piden sanciones

Las entidades sociales consultadas dudan que que esta cumbre sirva para algo. Lo que reclaman es mano dura, sanciones, o algún tipo de reglamento. Apuntan a la nueva ley catalana de igualdad de trato y no discriminación. "Estamos hablando de una discriminación racista y clasista. La Generalitat debería poder sancionar este comportamiento de los ayuntamientos", argumenta Lluís Puigdemont, miembro de la comisión de vivienda de la federación ECAS.

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Las oenegés también critican las dificultades para denunciar su situación con la que se encuentran los migrantes: "La oficina de la no discriminación solo tiene sede física en Barcelona. Hay mucha gente que no sabe cómo enviar la documentación de su caso y que no puede ir hasta Barcelona. Es la Generalitat la que debe acercarse a los problemas de estas personas y no al revés", reclama la activista Núria Paloma, harta de notificar a los servicios territoriales de la Conselleria d'Igualtat la vulneración de derechos del empadronamiento que detecta en las comarcas de Girona.