Las entidades sociales denuncian la "impunidad" de los ayuntamientos que no empadronan a los más vulnerables

Las entidades sociales catalanas denuncian la "impunidad" de los ayuntamientos que no están garantizando el derecho al empadronamiento. Una realidad que, según los cálculos de El Periódico, afectan cerca de una cinquentena de municipios. Estos consistorios incumplen la normativa del empadronamiento y no garantizan que las familias que viven en lugares insalubres, o sin contrato de alquiler ni de propiedad, puedan constar en el padrón municipal. "Y aquí parece que no pasa nada, es una situación gravísima", se ha quejado la abogada de la fundación Ficat, Laia Costa. "Es una situación que nos esta ocurriendo en toda Catalunya: son personas, también menores, que no están reconocidas como ciudadanos y no tienen acceso a los derechos más básicos", ha lamentado Lluis Puigdemont, miembro del grupo de trabajo de vivienda de la federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS).

ECAS, la Coordinadora Obrim Fromteres, el Fòrum de Síndics Locals, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global, Ficat i Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET) han organizado este miércoles una rueda de prensa para insistir sobre la problemática de la situación del empadronamiento en Catalunya. Según sus cálculos, son más de 35 consistorios los que no están garantizando el empadronamiento a los ciudadanos que no pueden acreditar un contrato de alquiler o de propiedad, aunque la normativa les obliga a hacerlo usando domicilios ficticios.

De Arbúcies a Lleida

Han destacado el caso de tres localidades muy distintas. Lleida (Segrià), Terrassa (Vallès Occidental) y Arbúcies (La Selva). "En Arbúcies el alcalde nos lo dice directamente, que se niega a cumplir la ley del empadronamiento, no la reconoce", explica Abdelaaziz Mohamadi, miembro de la Associació per la Convivència i Cohesió Social d'Arbúcies. Ha relatado historias de vecinos de la localidad que viven en lugares insalubres, que apenas tienen ingresos, y que la negativa del consistorio deja sin ayudas sociales o el acceso a un médico de cabecera. También en Lleida, la asociació Arrels Sant Ignasi ha lamentado que el ayuntamiento de la capital de Ponent incumple la normativa.

"Hay propietarios o inquilinos que no dejan empadronar a los que les subarrendan habitaciones. Y luegos están los profesionales xenófobos y aporofóbicos que nos dificultan el proceso. Duplican los tiempos para dar respuesta para acabar diciendo que no... es un derecho básico que se ha transformado en una odisea", ha explicado Maria Soler, responsable del área de acogida de Arrels Sant Ignasi. En Terrassa, Puigdemont explicó que el consistorio no contempla empadronar a nadie usando el domicilio ficticio, tal y como la normativa permite.

Miedo a represalias

No es un problema nuevo, pero se está agravando, denuncian las entidades convocantes. "Lo peor es la impunidad", insistía Costa, autora de un informe sobra la situación en el Área Metropolitana. "La mayoría de entidades tienen mucho miedo a expresarlo, a denunciarlo en público. Tienen miedo a represalias, a perder ayudas", ha dicho Costa. Pero también le ocurre a las personas afectadas. "Viven en situación vulnerable, no saben que tienen derecho a denunciarlo, no tienen tiempo de esperar que un juez se pronuncie y para denunciarlo también les reclaman empadronamiento", explicó Costa. Otro miedo es el de ser expulsado del país, ya que muchos de los afectados son personas migrantes sin permiso de residencia legal.

No es tan solo un tema de falta de derechos humanos.´"Los ayuntamientos reciben más o menso fondos públicos del resto de administraciones en función del número de ciudadanos que viven en él", se quejaba Puigdemont. Pero además hay otra variable para el resto de vecinos. "Además, necesitamos que los equipamientos de los barrios estén dimensionados en función del número de personas que viven en los barrios. Si los ayuntamientos se niegan a contar a estos vecinos también repercute en el resto que tenemos peores servicios", explican desde la Confav.

Las entidades han agradecido el papel que está tratando de jugar la dirección general de Derechos Humanos de la Generalitat. "Han ido a los municipios donde hay . problemas, se están mojando.. pero no tienen competencias para hacer nada más", ha dicho Costa. Puigdemont también ha insistido en que esta campaña electoral es clave para cambiar esta situación. "Necesitamos transparencia, saber quién lo hace bien y quien no. Hay que tener un parque de vivienda social que supere el 15% para que estas situaciones no se den. Y sobretodo los concejales deben formarse. Que estos eslóganes de no dejar a nadie atrás sean una realidad, porque nosotros vemos a gente que está en los márgenes y desatendida", ha insistido Puigdemont.