En España, los ayuntamientos están obligados a empadronar a todos los ciudadanos que residan en su municipio, independientemente de las condiciones en las que se encuentren. Y los ciudadanos están obligados a hacer este trámite. Pero esta obligación, dictada por ley, se ha incumplido de forma reiterada en al menos 49 municipios catalanes de todos los colores políticos.

La forma más fácil y habitual para resolver el trámite del empadronamiento es presentar un contrato de alquiler o de propiedad de un domicilio. Pero la normativa estipula que "las chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso la ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón".

La ley también contempla que los ayuntamientos puedan recurrir a "domicilios ficticios".  Por ejemplo, empadronar a estas personas en la dirección del propio ayuntamiento, en la sede de los servicios sociales o en albergues municipales. Sin embargo, la federación de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAV), la Coordinadora Obrim Fronteres, Papers Per Tothom, el Fòrum de Síndics Locals de Catalunya y el Síndic de Greuges de Catalunya constatan que al menos 49 municipios han puesto trabas para empadronar, dejando así sin derechos a miles de familias.

A la Generalitat le constan casos en los que la Guardia Urbana se ha presentado en domicilios para comprobar el padrón de sus inquilinos, y posteriormente les ha denunciado a la Policía Nacional por no tener la documentación en regla. Una forma de extender el miedo que evita que los afectados denuncien esta problemática.

El incumplimiento de las normas del padrón deja sin sanidad pública, educación y ayudas sociales a miles de familias

El director general de Drets Humans de la Generalitat, Adam Major, es conocedor del problema. Asume que, más allá de formar a los técnicos municipales, el Govern no puede hacer nada para resolverlo. Insta a que los afectados lo denuncien directamente como un caso de discriminación. Las entidades sociales piden a Major que multe o sancione a los consistorios que están incumpliendo la ley del empadronamiento.

A los vecinos que no estan empadronados, ninguna administración se hace cargo de su situación ni les propone ayudas sociales. Su pobreza se cronifica y se recrudece.

Elizabeth Parra

No puede acceder a becas comedor para su hija

Elisabeth Parra no es su nombre real. Prefiere optar por un pseudónimo porque tiene miedo a que, si denuncia las graves condiciones en las que vive, la deporten o la sancionen. Hace un año que vive en una habitación de 10 metros cuadrados en el barrio de La Florida (L’Hospitalet de Llobregat) con su hija de 13 años, con la que comparte una cama individual. El casero no la autoriza a empadronarse en este piso. Malvive cuidando a dos ancianos los fines de semana. No tiene papeles y sobrevive con 400 euros al mes. Así es imposible conseguir un alquiler.

"Necesitamos el padrón porque así no podemos vivir: no nos alcanza a final de mes"

Ha logrado escolarizar a su hija adolescente, pero no puede acceder a las prestaciones sociales. Ni tan siquiera a las ayudas para el comedor escolar. "No nos alcanza para llegar a final de mes. A veces hay comida, a veces no", lamenta. Sin padrón, las puertas de servicios sociales las tiene cerradas. Va al médico de urgencia, pero no puede pagar los fármacos. "Pedí el padrón sin domicilio fijo, pero me dijeron que me fuera a Barcelona". Es lo que va a hacer. "Necesito el padrón, así no podemos seguir viviendo".