500 euros para empadronarse: la extorsión se impone ante las trabas de los ayuntamientos

Hace al menos cinco años que las entidades sociales detectan que los ayuntamientos no están garantizando el empadronamiento a aquellos ciudadanos más vulnerables: los que no pueden demostrar un contrato de alquiler o de propiedad de la dirección en la que dicen residir. Quienes viven en la calle o quienes lo hacen en habitaciones realquiladas o en lugares insalubres tampoco pueden acceder al padrón, aunque la ley dicta que sí debería tramitarse su empadronamiento. El padrón es un trámite que abre la puerta a derechos sociales: acceso a la sanidad pública, a la educación o las prestaciones sociales más básicas. Es por ello que muchas personas optan por pagar a terceros para conseguir un domicilio ficticio. Las mafias del padrón se han hecho fuertes.

"En Mataró y en el Maresme ya se están ofreciendo empadronamientos por 500 euros", explica Toni López. Es miembro de la Coordinadora Obrim Fronteras, un movimento social que se preocupa de los derechos de las personas migrantes en situación irregular. Hace años que esta entidad lidera protestas en Mataró y acompaña a migrantes sin papeles para tramitar el empadronamiento. Con los años, han conseguido algunas mejoras, por ejemplo que el ayuntamiento se preste a confirmar las direcciones de los más vulnerables a través de cartas postales.

No es de lejos el único municipio afectado. Las entidades sociales y defensores de la ciudadanía han constatado incidencias en al menos 50 municipios catalanes. López explica su lucha en Tarragona, donde imparte una sesión a entidades sociales, asociaciones de vecinos y afectados para saber cuáles son sus derechos, y como conseguir el empadronamiento. Le escuchan entidades como Reus Refugi, donde constatan al menos una veintena de migrantes a quienes les han negado el padrón. A las asociaciones vecinales de Tarragona también les llegan casos. Una chica de 29 años que vive en una habitación ya no sabe a quién más recurrir.

Solidaridad por 50 euros cada mes

Ante la negativa de algunos consistorios a empadronar a estos ciudadanos, hay vecinos de los municipios afectados que se ofrecen a hacerles ese trámite. Ellos les inscriben en su domicilio, dan fe de que viven con ellos y les autorizan para el padrón. Pero esta supuesta solidaridad tiene un precio. "A mí me han pedido que les pague 50 euros cada mes desde que me han empadronado", cuenta Elisabeth Parra, una vecina de L'Hospitalet de Llobregat en la misma situación. Son 600 euros al año. "Yo lo haría, pero es que no tengo este dinero... y además, me han dicho que el padrón es un derecho gratuito", sigue esta mujer migrante sin papeles que sobrevive con 400 euros al mes cuidando a dos ancianos.

Yanina Salvatierra también sabe que tiene derecho a empadronarse. Lo ha intentado en Manresa y en Esplugues de Llobregat. Un año después de tantas negativas, ha optado por anunciarse por internet. Ofrece 300 euros a cambio de que alguien la empadrone. "No tengo otra opción", lamenta. Necesita el padrón para ir al médico, pero sobre todo para poder conseguir un permiso de residencia legal en España. María del Pintos accedió a ello hace tres años, la única forma de constar como ciudadana en Calella (Maresme) fue pagando 200 euros. No es la única. Adil anda desesperado. Le desahuciaron y vive en una casa ocupada. "Necesito el padrón porque si no me va a caducar el permiso de residencia", sigue. Le han pedido 150 euros por empadronarle en un piso de Madrid. "Me lo estoy pensando", se sincera.

También María, una joven de 21 años, ha colgado un anuncio en internet. "Pido por favor padrón en Manresa", se lee en su petición. "Estoy desesperada: trabajo de camarera con contrato fijo y cobro 800 euros al mes. Para hacerte un contrato de alquiler te piden 1.500 euros", explica. Vive en una habitación y el dueño del piso no la autoriza a empadronarse allí. "En el Ayuntamiento de Manresa me dicen que si no tengo contrato de alquiler no puedo empadronarme", sigue. Ya le han ofrecido padrón a cambio de dinero. "Un chico me dijo que me empadronaba en su casa de València por 800 euros", sigue. No le merece la pena, por el dinero, y porque tendría el médico, y todos los servicios básicos, a dos horas en coche.

Delito con hasta seis años de cárcel

"No es justo, nos están extorsionando, se están aprovechando de nosotros, que no tenemos nada, para sacar mucho dinero. Un dinero que, además, nosotros no tenemos", se queja Del Pintos. "Es el gran negocio de la inmigración. Y te da miedo denunciarlo porque no hay alternativa: es eso o vivir debajo del puente", lamenta.

Quienes acceden a ello, también corren el riesgo de ser sancionados. De acuerdo con el Código Penal, al menos cometen un delito de falsedad documental que puede conllevar hasta seis años de prisión.

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