Los obstáculos al padrón como acceso a derechos se enquistan en ciudades del entorno de Barcelona

Los obstáculos administrativos al empadronamiento de personas en situación de exclusión residencial se han enquistado los últimos tiempos en ciudades del entorno de Barcelona como L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Cornellà de Llobregat, grandes municipios en los que se ubican algunos de los barrios más vulnerables y con índices más elevados de población migrante de Catalunya, de Sant Ildefons a La Florida pasando por Fondo.

Es en esos contextos locales de alta vulnerabilidad donde se desarrollan las situaciones más problemáticas de empadronamientos, las cuales pueden categorizarse comúnmente en dos tipologías: la de personas sin domicilio (sin hogar y que duermen al raso, en albergues o en equipamientos residenciales para migrantes) y la de personas sin título acreditativo de vivienda (realquiladas, que ocupan ilegalmente o que están en proceso de desahucio, por ejemplo).

Sobre el papel, y salvo excepciones en que la normativa en torno al padrón municipal sí confiere a los consistorios un estrecho margen discrecional, la legalidad vigente plantea el padrón para personas que residen habitualmente en una urbe como un trámite obligatorio, casi automático e independiente de controversias sobre titularidad o condiciones de la vivienda, incluso previendo el constructo legal excepcional de un posible padrón en "domicilio ficticio" (un equipamiento municipal, por ejemplo).

La teoría de la normativa vigente sobre el padrón naufraga a la práctica en un océano de criterios dispares entre los ayuntamientos

A la práctica, sin embargo, la realidad es que la citada normativa, entre la que destacan por su concreción las instrucciones estatales -de obligado cumplimiento para los ayuntamientos según el Fòrum de Síndics de Greuges, la entidad que agrupa a los defensores ciudadanos catalanes-, naufraga en un océano de criterios dispares entre las administraciones locales, cuyas negativas y trabas al empadronamiento son frecuentemente reprochadas como "arbitrarias" por las entidades sociales.

El fenómeno cobra relevancia porque, más allá de operar como registro poblacional para dimensionar políticas públicas, el padrón actúa también como "metaderecho", en palabras de un monográfico de referencia sobre empadronamiento del Fòrum de Síndics, en el sentido de que se trata de la puerta de acceso a otros derechos sustanciales como lo son la educación y la sanidad públicas, los Servicios Sociales o el ejercicio del voto.

Consultados por este diario, los Síndics de Greuges -la figura local que habitualmente trata controversias sobre el padrón- de L'Hospitalet y Cornellà, Merche García y Joan Barrera, hablan de "casos puntuales" de accesos controvertidos al padrón en sus municipios, valoración que contrasta con la de las entidades sociales, Cáritas Diocesana de Barcelona por ejemplo, desde donde explican que los casos a menudo ni llegan a los síndicos "porque las personas son tan vulnerables y tienen tan pocas herramientas que ni entran en el circuito formal".

"Vemos una gran diferencia entre la aplicación de la normativa entre Barcelona y las ciudades de su entorno", afirman desde Cáritas Barcelona

Sí se pronuncia sobre las recurrentes dificultades para empadronar la Síndica de Greuges de Santa Coloma, Pepa González, beligerante con la casuística este último mandato: sin ir más lejos, en su Informe de 2021 criticó que, del total de solicitudes (319), el 77% (246) acabaron sin empadronamiento en Santa Coloma, bien por ser desestimadas (190, la mayoría), "por otros motivos" (38) o desistimientos (18). Aun así, González reconoció en su informe "avances positivos".

Desde Cáritas Santa Coloma, por su parte, aseguran que en el municipio, a raíz del contacto con la Síndica, "ha mejorado la situación". De hecho, "últimamente estamos teniendo más problemas para empadronar en Badalona", apostillan fuentes de Cáritas Santa Coloma.

La "lluvia fina" de trabas

La trinchera social sobre el padrón viene de lejos. Ya desde 2008, y poniendo el acento en la protección de la ciudadanía de origen migrante, la Sindicatura de Greuges de Catalunya es crítica con la anárquica aplicación de criterios interpretativos en torno al padrón a cargo de los consistorios.

Sí es novedosa, sin embargo, la mutación de las reacciones municipales, antaño denegaciones directas y hoy una "lluvia fina" de trabas, en palabras de Laia Costa, responsable de Incidencia de la Fundació FICAT, que a partir de su campaña '#PadróXTotes' ha elaborado un estudio sobre las dificultades de acceso al padrón en ciudades metropolitanas que presentan el próximo 27 de febrero.

Con la expresión "lluvia fina" se refiere Costa al goteo de impedimentos para empadronar que plantean las administraciones locales hasta convertir los procesos administrativos en "burorepresión", término con el que hace referencia a la "represión de la burocracia".

En esa misma línea se pronuncian en Cáritas Barcelona. La entidad, desde donde aseguran conocer "a diario" testimonios de obstáculos al padrón en ciudades metropolitanas, directamente sitúa esas obstaculizaciones burocráticas en la discrecionalidad del plano político, que trasciende al estrictamente legal.

"Las leyes sobre el padrón son iguales para todos, sin embargo vemos una gran diferencia entre Barcelona, que sí las aplica, y las ciudades de su entorno, de las que nos llegan muchos casos", explica Sonia Lacalle, responsable de Asesoría Jurídica de Cáritas Barcelona.

El 'éxodo' metropolitano hacia Barcelona

En 2020, entidades sociales como ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social, que agrupa a otras como las propias Cáritas o FICAT), la PAH o sindicaturas locales elaboraron para TV3 un mapeo de ciudades donde se registraban más quejas por falta de "empadronamiento sin domicilio fijo", nomenclatura que usa Barcelona para, en esencia, describir la situación de personas sin hogar. En la cartografía se indican diversas urbes de la región metropolitana, desde Cornellà a Mataró pasando por Terrassa, Badalona, Santa Coloma o L'Hospitalet.

El mapeo, explican esas mismas entidades, no está actualizado a día de hoy, aunque "en diversos municipios se mantiene la tendencia", comentan desde ECAS, que han ido elaborando sus propios recuentos. En lo que concurren las organizaciones del tercer sector consultadas es en la distancia palpable entre la política en torno al padrón del Ayuntamiento de Barcelona, explícitamente proactivo (12.000 personas en 2019) en el empadronamiento de personas sin hogar, y el resto de consistorios metropolitanos.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona, sin ir más lejos, ha criticado en diversas ocasiones (aquí y aquí, por ejemplo) las trabas al empadronamiento en las ciudades del entorno de Barcelona, apuntando incluso a que esta circunstancia "empuja" a personas vulnerables a solicitar el padrón en Barcelona. En 2015, la capital tramitó 5.658 padrones "sin domicilio fijo"; en 2021, 23.162. Fuentes de la concejalía de Derechos de la Ciudadanía de Barcelona confirman ese 'fenómeno éxodo'.

En mayo del 2020, en plena pandemia, el Consejo Metropolitano, máximo órgano de gobierno del Área Metropolitana de Barcelona, administración que agrupa a 36 municipios del entorno de Barcelona, aprobó una moción -(mpulsada por PSC -partido que gobierna en la mayoría de ciudades citadas-, 'comuns', ERC, Junts y Compromís i Acord per Torrelles con las únicas abstenciones de PP y Barcelona pel Canvi) favorable a políticas de empadronamiento activo.

Dicha moción señalaba la importancia del padrón como "puerta de acceso y garantía a los derechos sociales". Y citaba fórmulas como el empadronamiento sin domicilio fijo, la alternativa prevista para personas sin hogar. La misma fórmula que el tercer sector reclama que se aplique en el área metropolitana de Barcelona como prevén los parámetros legales vigentes.

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