La infravivienda desata fraudes en el padrón

M. vive sola en su piso de Mollet del Vallès (Barcelona). Aunque, atendiendo al padrón municipal, comparte piso con dos personas más. Hace tres meses, a cambio de 400 euros, inscribió en su casa a dos hombres que en realidad viven en un piso ocupa en L’Hospitalet de Llobregat. Una actividad ilegal, según el Código Penal, que empieza a ser la única solución que encuentran centenares de familias que viven en habitaciones de realquiler, en pensiones o de ocupas si quieren empadronarse, ante la “falta de voluntad” que, según varias entidades sociales, aplican la mayoría de ayuntamientos catalanes. El miedo a la estafa es real. Pero la alternativa es peor: niños sin escolarizar, no tener acceso a la sanidad ni a ninguna ayuda social o estar condenado a ser simpapeles para siempre.

“En el padrón de L’Hospitalet no se pueden inscribir, yo voy al padrón de Mollet, digo que viven conmigo, y me saco un dinero”, explica a este diario la propietaria de un piso de esta localidad del Vallès. No es la única que se saca un sobresueldo empadronando a los más vulnerables. Si nos zambullimos en internet, es relativamente fácil encontrar pisos en alquiler que "no permiten empadronar", anuncios de personas que piden empadronamiento y están dispuestas a pagar por ello, y a su vez personas que se ofrecen a empadronar a quien sea en sus viviendas a cambio de dinero. De acuerdo con el Código Penal, al menos cometen un delito de falsedad documental que pueden conllevar seis años en prisión.

Es el caso de Gonzalo, un vecino de L’Hospitalet que hace dos meses que se anuncia en internet ofreciendo empadronamiento en su casa. El cupo ya está lleno. “No puedo empadronar a más gente”, cuenta. Ha inscrito a una pareja con dos hijos que actualmente residen en Gavà, y a dos adultos más de Vilafranca del Penedès. Les cobró 200 euros por persona para constar en un registro que por ley es gratuito. Y al año siguiente, si no quieren que les dé de baja, tocará volver a abonar la cuota. “Les estoy dando una alternativa, una ayuda”, se defiende Gonzalo, que se persona con ellos en las oficinas del padrón para acreditar, falsamente, que viven con él. “La mayoría de los que piden que les inscribas son inmigrantes necesitan el padrón para regularizar su situación”, cuenta el de L'Hospitalet.

Lo mismo relata Sara, vecina de Santa Coloma de Gramenet. Según su anuncio, inscribir a una persona en el padrón cuesta 250 euros. Luego lo aclara: “El precio real son 300 euros, a renovar a los seis meses”. Dice estar dispuesta a rebajar el precio en caso de familias con hijos, y explica que en su barrio hay personas que pueden llegar a cobrar hasta 400 euros por persona por este trámite. “Sabrás que no te he timado porque sales de la oficina municipal con el papel del empadronamiento”, justifica a EL PERIÓDICO. Sin embargo, explica que solo busca personas que no tengan ingresos: “si tienen una nómina me quitan la ayuda para pagar el alquiler”.

Consecuencia del mercado inmobiliario

Son solo tres casos, pero en los barrios empieza a ser relativamente fácil encontrar a alguien que, previo pago, decide ofrecer su vivienda para empadronar. Solo basta con que corra la voz. La situación es una consecuencia más del auge de las infraviviendas debido al precio de la vivienda. Ni aquellos que ocupan pisos -a veces tras un desahucio y por falta de una vivienda social alternativa- ni aquellos que viven en habitaciones realquiladas por un mismo inquilino tienen ningún papel que demuestre que aquella es su casa.

“A veces, los mismos propietarios se niegan a ir como testigos ante el padrón porque si constan más personas en la casa pueden perder ayudas sociales o fiscales”, explica Míriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Càritas Barcelona, que constata un “aumento alarmante de casos” desde hace al menos un año. 

Los inmigrantes, el blanco fácil

Hay entidades como Intragramenet, que trabaja esencialmente con personas migrantes sin papeles, que ofrecen formación para entender el trámite del padrón y cómo denunciar un abuso. “Sabemos de personas que han llegado a pagar más de 200 euros para empadronarse, pero era todo falso y en realidad nunca han sido dados de alta”, explica Lluís Vila, coordinador de la entidad. “El problema es que el padrón es un derecho esencial que permite el acceso a otros derechos”, asegura. Por ejemplo, para lograr una tarjeta sanitaria, becas de comedor, acceso a la renta garantizada, y obviamente la escolarización de los menores.

Para los inmigrantes es especialmente importante, por un lado para blindar los pocos derechos sociales a los que tienen acceso a pesar de la ley de extranjería, y el segundo, porque si demuestran empadronamiento de tres años pueden conseguir un permiso de residencia y vivir en la legalidad. “Ellos son los más vulnerables, son quienes lo necesitan más, y se convierten en el blanco fácil de estas mafias”, señala.

La alternativa, padrón sin domicilio

El problema dejaría de existir si se valorara la figura legal del 'padrón sin domicilio fijo'. Personas que, tras un informe social, son empadronadas aún sin poder demostrar el lugar dónde viven. “Al final solo acaban constando sin domicilio fijo las personas que viven en la calle, al resto se le está negando este derecho”, alerta Feu, que insiste en que vivir bajo un techo no es sinónimo de vivienda digna: “es un pez que se muerde la cola, si no constan en el padrón no les atienden en servicios sociales". "Estamos arrojando estas personas a la máxima exclusión”, añade.

Barcelona, la excepción

La única ciudad que está aplicando la modalidad del padrón sin domicilio fijo más allá de las personas sin techo es Barcelona, que en solo dos años ha aumentado un 250% las altas de empadronamiento bajo este concepto. Si en el 2016 se registraron 2.500 altas en el padrón sin domicilio fijo, en el 2018 ya eran 6.500, informa el consistorio, que insiste en que la prioridad es poder acompañar a las personas para que un equipo de inspectores visite la vivienda y pueda demostrar fehacientemente dónde vive.

Los Síndics, en alerta

En el resto de ciudades catalanas parece no haber alternativa. Càritas Barcelona constata al menos que en toda su zona de actuación, desde Cornellà de Llobregat hasta Mataró, solo Barcelona inscribe en el padrón a las personas que no pueden acreditar un domicilio fijo. También lo explica el presidente del Fòrum de Síndics Municipals de Catalunya, Lluís Martínez Camps, que ha abierto un grupo de control interno donde, día tras día, los 'síndics' de toda Catalunya reportan situaciones de las personas que no se han podido empadronar. "Está pasando en todos lados", explica Martínez Camps.

Quien lidera este proyecto es Pepa González Lara, 'síndica' de Santa Coloma de Gramenet, una de las ciudades donde se han localizado mayores problemáticas con el padrón. Allí, cinco entidades sociales se han agrupado para defender el “derecho” al padrón de todas las personas que viven en el municipio. La problemática es tal que, en varias ocasiones, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se ha tenido que encerrar en la oficina municipal del padrón para conseguir que se empadronaran las familias.

Pero el de Santa Coloma es solamente un caso más. En otros municipios la protesta la lideran movimientos de encierros de personas inmigrantes. Es el caso de L’Hospitalet, Mataró o Blanes. Y en el resto, las familias, aun teniendo un techo y cuatro paredes, sobreviven como pueden y sobre todo, en silencio.

“Mis hijos llevan meses sin ir a la escuela”

Una familia de refugiados venezolanos lleva cuatro meses viviendo en una pensión y sin poderse empadronar.

No quieren decir sus nombres por miedo a posibles represalias, pero se trata de una familia de dos adultos, y dos hijos de 5 y 13 años, que reciben ayuda básica a través de Cáritas en una ciudad metropolitana que prefieren no revelar. La madre llegó la primera a Barcelona, en septiembre. La atendió la Cruz Roja y a las pocas semanas había conseguido un empleo en Parets del Vallés. Allí se empadronó, y allí sigue constando en el registro. Aunque la situación ha cambiado radicalmente.

El dos de enero llegó su marido con los dos niños. Ella ya había dejado de trabajar “fueron pocas semanas” aclara. Les atendió el SAIER (Servei d’Atenció a Inmigrants, Emigrants i Refugiats) de Barcelona, y les alojó en una pensión del Área Metropolitana. “Ojalá nos pudiéramos empadronar en Barcelona”, explican. Algunos inquilinos de ese albergue lo están, bajo la categoría de ‘sin domicilio fijo’. Ellos no lo han logrado, pero el ayuntamiento de la localidad donde residen tampoco les está facilitando el tràmite.

"Estamos perdiendo un tiempo muy valioso, los niños deben ir a clase"

Familia de refugiados venezolanos

— Viven en una pension de modo temporal en una ciudad del Área Metropolitana

Mientras tanto, sus hijos aún no han pisado un centro escolar. “La niña me la llevo conmigo, pero el chico se pasa el día con otros jóvenes del albergue”. Mira la tele, juega a videojuegos, a fútbol o vaga por la calle, según dice la madre. “Está perdiendo un tempo muy valioso”, lamenta.

El otro problema es el sanitario. “Fuimos un día a urgencias con la niña y nos atendieron bien”, relata la madre. El problema es que sin padrón no hay tarjeta sanitaria, y por lo tanto, no pueden hacer chequeos, visitas rutinarias ni consultas a ningún especialista.

“Ya me han timado dos veces”

Brahim Ben es un inmigrante sinpapeles que vive en una habitación de realquiler. Necesita un padrón durante 3 años, hoy por hoy, misión imposible.

Un piso con tres habitaciones, y siete hombres adultos, a veces nueve. Este es el sitio de Cornellà donde vive Brahim. Por ahora, porque en cuanto deja de tener dinero, su vivienda se convierte en la calle. “Vivo donde puedo”, explica. El contrato de alquiler del piso no está a su nombre, y el propietario no le quiere ayudar a empadronarse.

Lleva casi 14 años malviviendo de empleos sin contrato en la construcción, en el campo o recogiendo y vendiendo chatarra. “Un día bueno consigo 10 euros, quizá 15”. Nunca ha logrado estar tres años empadronado en la misma ciudad, cosa que le permitiría legalizar su situación a través de la vía del “arraigo social”. Sin padrón, se queda sin tarjeta sanitaria ni ayudas sociales. Toda su ropa la saca de la basura. Y muchas veces come gracias a la beneficiencia. Cáritas, Cruz Roja o parientes marroquís que viven en l’Hospitalet.

"He pagado 300 euros para empadronarme pero sigo sin lograr una residencia legal"

Brahim Ben

— Vive en una habitación sin contrato en Cornellá de Llobregat

Hace un año, creyó encontrar la solución a todos sus males. “Me dijeron que me empadronaban por 150 euros en el barrio de La Florida”. Una persona propietaria de un piso le acompañó en el padrón, dijo que vivía con él, y logró el alta. Pero al cabo de dos meses, los servicios sociales le tuvieron que cerrar la puerta. “Te han dado de baja del padrón”, le respondieron. La persona que le había empadronado no cogía sus llamadas.

“Me quedé con nada”. Pero la necesidad de Brahim de lograr los papeles era tan grande, que se volvieron a aprovechar de él. Esta segunda vez, en Collblanc, y por el mismo precio. Estuvo 3 meses empadronado. Despues, la misma respuesta. “Ya no lo haré nunca más”, dice. De hecho lo que se está planteando es ahorrar para okupar un piso. “Al menos estaré más tranquilo”.

“Me quedé sin renta garantizada”

Araceli Álvarez, madre monomarental, vive de ocupa en un piso en Santa Coloma de Gramenet.

Tras un año, y cinco intentos, Araceli logró empadronarse en la vivienda ‘okupa’ donde reside, en el barrio de Santa Rosa. “Rellenaba los papeles, y me decían que tenía que esperar que viniera la policia a comprobar si era cierto”. Pero la policia nunca llegaba. Al final se presentó a la oficina del padrón municipal con una decena de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Tras 5 horas de “no nos vamos a mover hasta que empadronéis esta vecina”, lograron el dichoso documento. Pero ya era tarde.

La historia de Araceli se remonta en 2016 cuando vivía en l’Hospitalet de Llobregat junto a su hija. Con un sueldo de 300 euros como friegaplatos durante 4 horas, y la ayuda de la entonces PIRMI, iba tirando. Hasta que le duplicaron el precio del alquiler. Se negó a pagar, y la echaron.

"Me han condenado a vivir sin ayudas sociales, a sobrevivir con 300 euros al mes"

Araceli Álvarez

— Vive de ocupa en Santa Coloma de Gramenet

Se apuntó a la mesa de emergencia de vivienda, pero había lista de espera. Al final, optó por pagar 1.500 euros –que pidió prestado a amigos y familiares- y vivir de ocupa en Santa Coloma, con la luz pinchada. “Me dieron de baja del padrón en l’Hospitalet, pero hasta que logré el alta perdí muchos derechos”, relata. Entre ellos, el de la Renta Garantizada. De hecho, como no estaba reconocida como ciudadana de esta localidad, no podía ir ni a servicios sociales.

Tampoco logró un alquiler social de la vivienda donde reside –que pertenece a la SAREB, el banco malo- porque el padrón era una de la documentación que le pedían. “Me han condenado a vivir con 300 euros al mes”, relata. Ahora está teniendo graves problemas para acceder a la Renta Garantizada porque le piden más documentación de la que tenía que pedir en su momento con la antigua PIRMI. Su hija, que sí ha podido ir al colegio desde el primer día aun que no estaba empadronada, se la mira desde el cuarto. “Que bien estábamos en Bellvitge, mama”, le dice.