La Síndica de Greuges reabre un estudio sobre el padrón en Catalunya a raíz del caso de Ripoll

La Sindicatura de Greuges de Catalunya que dirige Esther Giménez-Salinas ha reabierto un estudio sobre el empadronamiento en Catalunya para analizar las trabas que ponen los ayuntamientos a los ciudadanos que quieren realizar este trámite. Una decisión tomada después de leer la información de EL PERIÓDICO sobre las dificultades que la alcaldesa ultra de Ripoll, Silvia Orriols, está poniendo a aquellos ciudadanos que quieren empadronarse en el municipio. Unas trabas que afectan derechos básicos de las personas como son el de la atención sanitaria o la escolarización.

Hace meses que el organismo recibe quejas sobre los problemas para empadronarse en localidades como Canyelles, Fogars de La Selva, Martorell y Premià de Mar

Hace meses que la Sindicatura de Greuges recibe quejas sobre los problemas para empadronarse en Catalunya. De hecho, en mayo de 2023, coincidiendo con las elecciones municipales, la síndica colaboró con varias entidades sociales, síndics locales y asociaciones de vecinos para trazar un mapa de ayuntamientos que estaban poniendo problemas para empadronar en sus municipios a vecinos en situación más vulnerable, la mayoría de origen migrante o recién llegados. En esa ocasión, tal y como explicó EL PERIÓDICO, la Sindicatura de Greuges había recopilado los casos de cuatro municipios: Canyelles (Garraf), Fogars de La Selva (La Selva), Martorell (Baix Llobregat) y Premià de Mar (Maresme).

Dudas de legalidad

Ahora, el caso de la familia de Brahim Bounash de Ripoll ha puesto de nuevo el tema sobre la mesa, con toda su crudeza. Bounash lleva 16 años residiendo y trabajando en la capital del Ripollès. El pasado noviembre, pudo traer a su esposa y a sus tres hijos. A día de hoy, los menores llevan más de un mes esperando para ser escolarizados y aún no disponen de tarjeta sanitaria ni de pediatra de referencia. Esta situación ha hecho saltar todas las alarmas en la Sindicatura. En el municipio hay al menos una decena de familias esperando poder empadronarse.

"Tememos que sea una ilegalidad y queremos hacer un seguimiento de los municipios catalanes que no lo están haciendo bien"

"Tememos que sea una ilegalidad y queremos estudiarlo a fondo", explican fuentes de la Sindicatura a este diario. En la Sindicatura saben que las prácticas de Orriols no son un caso aislado. "No tenemos una lista completa y rigurosa sobre las malas prácticas en el empadronamiento ni conocíamos lo que está ocurriendo en Ripoll. Es por eso que queremos hacer un seguimiento de los municipios catalanes que no lo están haciendo bien y hacer un estudio general, con un mapa más detallado", exponen fuentes de la Sindicatura de Greuges de Catalunya.

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De hecho, la Sindicatura ya está tratando de ponerse en contacto con todos los afectados en Ripoll y en el resto de municipios que dilatan el proceso de empadronamiento, un trámite al que obliga la ley. La normativa contempla un plazo de tres meses para ejecutar el trámite. Algunos consistorios, como el de Ripoll, juegan con este margen de tiempo para demorar el proceso.

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Desde la Sindicatura quieren dejar claro que los ciudadanos en esta situación no quedarán desamparados. "Que sepan que pueden contar con nosotros, que nos pueden explicar lo ocurrido e iniciaremos una investigación para determinar si se están vulnerando sus derechos", explican fuentes del organismo. En el caso de Ripoll, el papel de esta institución es clave puesto que este municipio no cuenta con síndic local propio.

Los 'síndics' locales

Los síndics locales también están pendientes del tema. "Hace años que venimos investigando lo que está ocurriendo en el padrón de los municipios donde tenemos representación. En muchos casos es la propia Generalitat la que nos avisa", explica Francesc Mateu, director del Fòrum de Sindics Locals de Catalunya.

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"La mayoría de casos los hemos podido resolver, pero tenemos especiales problemas con las personas que viven en habitaciones de realquiler y quieren empadronarse: muchos municipios no les dejan", insiste Mateu. La casuística de personas que viven en habitaciones de realquiler, o incluso de quienes viven en chabolas o en la calle, también está contemplada en la ley de empadronamiento, que establece la figura del padrón sin domicilio fijo, el conocido como padrón social.

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El año pasado, el Fòrum de Síndics detectó problemàticas en una docena de municipios: Arbúcies (La Selva), Arenys de Mar (Maresme), Igualada (Anoia), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Lloret (La Selva), Mollet (Vallès Oriental), Palafrugell (Baix Empordà), Reus (Baix Camp), Rubí (Vallès Occidental), Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), Terrassa (Vallès Occidental) y Vic (Osona).

Menos del 5% de municipios catalanes cuentan con la figura del Síndic de Greuges municipal. En Ripoll lleva años sin existir, después de que no se garantizara el relevo del antiguo síndic. "Se puede volver a crear si lo aceptan tres quintas partes del pleno municipal", insiste Mateu, consciente de que los síndics son una figura clave, especialmente en los municipios más alejados de las zonas metropolitanas, aislados y cuyos ciudadanos en situación más vulnerable tienen más dificultades para denunciar sus derechos.