La UE cierra el pacto de migración y asilo que endurecerá las condiciones de acogida

Tras un intenso maratón negociador de dos días, noche en blanco incluida, los negociadores del Consejo, con la presidencia española rotatoria de la Unión Europea (UE) al frente, de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo han logrado sellar este miércoles un acuerdo político sobre la reforma del pacto de asilo e inmigración. Un pacto llamado a poner orden en la gestión migratoria de la UE, evitar que se repitan crisis de refugiados como la vivida en 2015 y continuos enfrentamientos entre gobiernos por el reparto de refugiados, que ha costado ocho largos años negociar. El acuerdo refuerza los controles en las fronteras para reducir la llegada de inmigrantes irregulares, endurece las condiciones de acogida e incorpora un sistema de solidaridad a la carta para el reparto de refugiados.

"La UE cumple su promesa de mejorar el sistema de asilo y migración. Los ciudadanos de toda la UE quieren que sus gobiernos se ocupen del desafío migratorio y hoy se ha dado un gran paso en esa dirección. Esta reforma es una pieza crucial del rompecabezas", ha valorado en un comunicado el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha llevado la batuta de las negociaciones este último semestre en nombre de la presidencia española.

"Lo hemos conseguido. Tenemos un acuerdo sobre el conjunto del pacto de asilo e inmigración. Hemos estado negociando en trílogos por dos días y dos noches y ahora lo tenemos. Es un momento histórico", ha celebrado eufórica la comisaria de Interior, Ylva Johannson. "Todas las piezas han encajado. Hemos logrado un gran avance en los cinco pilares clave del pacto. Ha sido un largo camino pero lo logramos", ha añadido el vicepresidente del Ejecutivo, Margaritis Schinas, sobre uno de los expedientes más complicados y divisivos que han tenido los Veintisiete en los últimos ocho años.

Según la Comisión Europea, la nueva reforma, que todavía tendrá que aprobarse formalmente por Consejo y Parlamento Europeo en los primeros meses de 2024, garantizará una mejor protección de las fronteras exteriores, más solidaridad y más protección para las personas vulnerables y los refugiados. Lograr un acuerdo político antes de finales de año era uno de los grandes objetivos políticos del Gobierno de Pedro Sánchez y de España durante la presidencia rotatoria de la UE, que pasará el testigo a Bélgica el 1 de enero del próximo año.

"El 20 de diciembre de 2023 pasará a la historia. El día en que la UE alcanzó un acuerdo histórico sobre un nuevo conjunto de normas para gestionar la migración y el asilo. Europa ha desafiado una vez más las probabilidades. Estoy muy orgullosa de que con el Pacto sobre Migración y Asilo hayamos logrado y proporcionado soluciones", ha celebrado con satisfacción la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola sobre un acuerdo muñido con el apoyo de las tres grandes familias políticas de la cámara --populares, socialistas y liberales-- y criticado por la izquierda, los verdes, y numerosas oenegés.

"Hará retroceder la ley de asilo europea y su resultado probable es un aumento del sufrimiento en cada paso del camino. Es casi seguro de que el pacto provocará que más personas sean detenidas de facto en las fronteras de la UE, incluidas familias con niños y personas en situación vulnerable", ha denunciado la directora de Amnistía Internacional de la oficina europea, Eve Geddie. "No resuelve los problemas del asilo. Limita el acceso al asilo y los derechos de quienes buscan protección", ha lamentado Caritas Europa. "La UE ha aprobado un nuevo pacto de migración que elimina el derecho a asilo en Europa. Somos un pueblo de acogida, no de odio", ha lamentado la ministra de Juventud e Infancia y hasta hace poco eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego. "En vez de encontrar soluciones humanas y operativas para gestionar la inmigración, los acuerdos de esta mañana respaldan un enfoque obsoleto que no tiene en cuenta la realidad en las fronteras de la UE y socava el derecho de asilo y los derechos humanos", ha lamentado el copresidente de los Verdes, Philippe Lamberts. No son los únicos que han saltado en contra el pacto. También lo han hecho, por motivos distintos, Hungría y Eslovaquia, que han anunciado su oposición al mismo.

De las nueve propuestas legislativas que conforman el pacto, propuesto por la Comisión Europea en septiembre de 2020, cinco habían llegado a diciembre todavía por cerrar y con un margen de maniobra por parte del Consejo muy limitada. Particularmente problemáticos eran los controles en frontera y el tratamiento a los menores no acompañados y las familias con menores. "Son muy pocas las diferencias que a día de hoy no han sido consensuadas. Quedan unos puntos de una sensibilidad mayor para algunos de los 27 pero podremos encontrar ese punto de unión", decía hace 15 días Fernando Grande-Marlaska. El compromiso a abordar el paquete como un todo, el limitado margen de maniobra de la presidencia y las resistencias de última hora de Francia, con una crisis política interna debido a la nueva ley de inmigración, han complicado el último sprint.

La nueva arquitectura migratoria europea aborda todas las etapas de la gestión del asilo y la inmigración, desde el control de los inmigrantes irregulares cuando llegan a la UE para reducir las entradas, hasta la toma de datos biométricos, los procedimientos para presentar y gestionar las solicitudes de asilo, las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo y la cooperación y solidaridad entre los Estados miembros y cómo gestionar situaciones de crisis, incluidos los casos de instrumentalización de inmigrantes, cuando ocurren situaciones de emergencia.

Refuerzo de los controles

El nuevo paquete de reglamentos permitirá a los gobiernos reforzar los controles en las fronteras con un nuevo procedimiento acelerado de las personas interceptadas de forma irregular. La idea es recabar información sobre su identidad, huellas dactilares, fotografía, además de realizar un control de salud, seguridad y vulnerabilidad y decidir con rapidez que personas tienen derecho a quedarse y cuáles pueden ser derivadas al procedimiento regular de asilo.

"Se hará una distinción clara entre aquellos que necesitan protección internacional y aquellos que no. Aquellos que representan una amenaza para la seguridad y aquellos cuyas solicitudes de protección internacional tienen pocas posibilidades de éxito tendrán que pasar por un procedimiento fronterizo, garantizando el apoyo a quienes realmente necesitan protección y el retorno eficiente de los que no lo son", ha explicado el portavoz de Interior del Partido Popular Europeo, Jeroen Lennaerts que recuerda que "corresponde a los gobiernos de la UE, no a los contrabandistas, decidir quién entra en Europa".

El pacto también amplía la base de datos Eurodac, con nuevas categorías, para mejorar el control y "tener una foto más clara" de las personas que están en Europa y reforma el procedimiento de asilo para concentrar los recursos en las personas susceptibles de recibir protección internacional y evitar la saturación del sistema. Garantizar salvaguardas suficientes para colectivos como los menores no acompañados o las familias con hijos de procedentes de países considerados seguros en los procedimientos acelerados en frontera ha sido uno de los elementos que más ha costado desenredar.

Solidaridad 'a la carta'

Además, incluye además un mecanismo de "solidaridad flexible" que obligará a los Estados miembros a responder en caso de crisis en un país de la UE. En vez de cuotas obligatorias por país, un sistema que falló estrepitosamente en 2015, se incluye un sistema de solidaridad "a la carta" de forma que otros gobiernos tengan tres opciones para aliviar la situación de otro país en necesidad: reubicando solicitantes de asilo --el objetivo es redistribuir a 30.000 personas al año--, pagando una contribución de 20.000 euros por persona que rechacen reubicar o con algún tipo de aportación para financiación personal, instalaciones o equipamientos técnicos.

El pacto también incluye un mecanismo de gestión de crisis para garantizar una respuesta en caso de avalanchas migratorias. En este caso tampoco habrá cuotas obligatorias, como querían los países del sur. Será la Comisión Europea quien tendrá que evaluar cada situación de crisis a petición de un Estado miembro y posteriormente será el Consejo -los gobiernos de la UE- quien acuerde las medidas de solidaridad propuestas por Bruselas que antes de decretar una situación de crisis consultará con ACNUR, la IOM y otras agencias.

De decretarse una situación de crisis, las autoridades nacionales del país afectado podrán aplicar medidas más duras que en situaciones normales, como ampliar el procedimiento fronterizo y el período de detención de los solicitantes rechazados. Por ejemplo, podrán aplicar derogaciones del acervo comunitario en materia de asilo durante tres meses. "Permitirá a la UE alejarse de los parches nacionales ad hoc y pasar a establecer un sistema predecible y confiable en situaciones de crisis en la que todos los Estados miembros deben aportar contribuciones de solidaridad obligatoria para apoyar al Estado miembro que sea declarado en crisis", ha explicado el eurodiputado español y ponente de este reglamento de crisis, Juan Fernando López Aguilar.