El macronismo y la derecha republicana acuerdan una versión más dura de la ley migratoria en Francia

Una victoria ideológica y política para la ultraderecha en Francia. La coalición del presidente francés, Emmanuel Macron, y Los Republicanos (LR, afines al PP) han acordado este martes por la tarde una versión muy dura de la ley migratoria. Una comisión, compuesta por siete diputados y siete senadores, alcanzó un acuerdo sobre este controvertido texto, adoptado este martes por la noche por la Asamblea Nacional. Lo hizo después de que la coalición macronista hiciera numerosas concesiones a LR, cuyo discurso en temas migratorios parece un calco al de la Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen. 

La derecha republicana y la ultraderecha son las grandes ganadoras de un serial que debilita a Macron y entierra definitivamente esa promesa —o más bien dicho miraje— de un dirigente centrista capaz de "unir lo mejor de la derecha y la izquierda". "Hemos logrado un acuerdo en el Parlamento sobre la ley migratoria", ha destacado en la red social X el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que no sale especialmente reforzado de la tortuosa elaboración de esta iniciativa legislativa, presentada en febrero en el Consejo de Ministros.

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"La derecha de Charles Pasqua —un ministro del Interior que aplicó duras políticas migratorias en los 80 y 90— está de regreso", destacó el diputado conservador Olivier Marleix. En declaraciones a la prensa en los pasillos de la Asamblea, el presidente del grupo parlamentario de LR presumió de las numerosas medidas obtenidas por su formación durante la negociación. "Es una victoria ideológica, ya que la prioridad nacional ha quedado inscrita en esta ley", se ha felicitado Marine Le Pen, cuyo partido votó a favor del texto.

Por un lado, la derecha republicana y la ultraderecha han logrado que el Ejecutivo macronista renuncie a incluir en la ley un permiso de residencia especial para aquellos migrantes clandestinos que trabajan en profesiones con escasez de mano de obra. Por el otro, han conseguido que el macronismo acepte propuestas que hasta hace pocas semanas consideraba como líneas rojas, como limitar un dispositivo para que los migrantes irregulares puedan recibir atención médica y restringir el acceso de los extranjeros a las ayudas para pagar el alquiler.

Un serial político

Tras este acuerdo, la Asamblea Nacional y el Senado aprobaron finalmente el martes por la noche la conocida popularmente como ley Darmanin —en referencia al ministro del Interior—. Con 349 votos a favor y 186 en contra, el controvertido texto recibió el respaldo de la Cámara Baja en una votación marcada por el voto favorable de la derecha republicana y la ultraderecha, así como las deserciones del ala moderada de la coalición macronista. El texto ha acentuado las divisiones entre los partidos que respaldan al presidente. 

Incluso cinco ministros del ala menos conservadora del Ejecutivo (Sanidad, Cultura, Universidades, Vivienda y Transportes) han amenazado con dimitir. Ante este malestar en el seno del macronismo, Darmanin se comprometió antes de la votación en no promulgar el texto si este superaba los 289 votos en el Parlamento —el umbral que fija la mayoría absoluta— gracias a los 88 apoyos de la ultraderecha. Algo que sucedió finalmente. Macron debe pronunciarse este miércoles sobre este embrollo.

Aunque el Gobierno de Macron ha logrado sacar adelante su ley más destacada de este otoño, lo hace pagando un elevado precio por ello. No está claro que decida promulgarla ante las presiones internas. El macronismo no solo ha claudicado ante las exigencias de la derecha republicana, sino que también está protagonizando un serial poco reluciente.

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Gracias a una inhabitual alianza entre la izquierda, la derecha republicana y la ultraderecha, la Asamblea Nacional adoptó la semana pasada una moción de rechazo contra la ley Darmanin. Tras ese revés parlamentario —y que evidenció la debilidad del Gobierno de Macron en la Cámara Baja, donde no dispone de mayoría absoluta—, el Ejecutivo decidió mantener el texto y que su suerte dependiera de la comisión mixta, compuesta por 14 diputados y senadores. Como LR son claramente mayoritarios en el Senado, tenían la sartén por el mango en esa reunión, celebrada sin la presencia de cámaras ni periodistas. Esta empezó el lunes a las cinco de la tarde, pero rápidamente se suspendió. Hubo negociaciones en paralelo, llamadas por parte de Macron exigiendo un acuerdo. 

Casi 24 horas después y tras la pertinente suspensión nocturna, hubo fumata blanca esta tarde. El acuerdo final supone una versión más dura de la ley Darmanin. Diseñada desde un principio como un texto bastante más restrictivo que social, tiene como objetivo facilitar y acelerar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular, así como aquellas personas extranjeras que hayan cometido delitos graves. En concreto, amplía la posibilidad de expulsar del territorio galo a aquellos extranjeros que llegaron a Francia antes de los 13 años, y también a los que viven desde hace más de una década en el país, en el caso de que hayan tenido "comportamientos que amenacen el orden público" o de violencia machista (o intrafamiliar).

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"Un insulto al espíritu de las luces"

Para lograr el apoyo de la derecha republicana, la primera ministra, Élisabeth Borne, se comprometió con una carta a restringir la ayuda que permite a los migrantes irregulares recibir atención médica. El texto final también recupera el delito de estancia irregular para las personas migrantes que vivan en Francia sin visado o los papeles en regla, suprimido por el socialista François Hollande en 2012. Endurece las condiciones para permitir la reagrupación familiar de las familias extranjeras. Incorpora la retirada de la nacionalidad francesa para aquellos binacionales que sean condenados por un homicidio voluntario de un policía o militar. Y exige haber trabajado durante tres meses o vivir en el país desde hace cinco años para pedir las ayudas para pagar el alquiler. 

En lugar de un permiso especial para los migrantes que trabajan en sectores en que falta mano de obra, incluye la posibilidad de regularizaciones "caso por caso" por parte de los prefectos (delegados del Gobierno). Es decir, se trata un dispositivo parecido, o incluso más restrictivo, del que ya existe desde la circular adoptada hace una década por Manuel Valls. Los grandes perdedores con los retoques finales son los estudiantes extranjeros, especialmente aquellos oriundos de países de fuera de la Unión Europea. No solo pueden verse perjudicados por las restricciones en el acceso a las ayudas al alquiler, sino también por el establecimiento de "una fianza" que deberán pagar todos aquellos que viajen al país para estudiar.

"Representa un insulto al espíritu de las luces", lamentaron el lunes en un comunicado los presidentes de las distintas universidades francesas, que no suelen posicionarse en temas políticos. Una decena de ONG ha denunciado que se trata del texto migratorio más duro "desde hace 40 años". "Estamos ante un momento de gran deshonor para el Gobierno", ha criticado el diputado socialista Boris Vallaud.

Aunque los partidos de izquierdas no salen reforzados de este feuilleton —con el voto de la moción la semana pasada han contribuido al endurecimiento final, que también podría haberse producido en el caso de debates parlamentarios tradicionales—, sí que quedan como los únicos que defienden la promesa de una Francia humanista y tolerante. Un ideal al que renuncia con esta ley el presidente Macron.