El conseller Campuzano recuerda a la alcaldesa de Ripoll que debe garantizar sanidad y educación a todos los menores

Las trabas al empadronamiento que la alcaldesa ultra de Ripoll está poniendo a los migrantes recién llegados al municipio, y que EL PERIÓDICO ha denunciado, están dificultando el acceso a la sanidad y a la educación de muchos menores. Una situación esta que inquieta a la Conselleria de Drets Socials, que entre sus competencias tiene la de velar por los derechos y el bienestar de niños y adolescentes, y también a Unicef.

El derecho a estos servicios está recogido en la Convención de Derechos de la Infancia de la ONU

El derecho de los niños a la sanidad y a la educación está recogido en los artículos 24 y 28 de la Convención de Derechos de la Infancia de la ONU. El conseller de Dret Socials, Carles Campuzano, atendiendo a sus competencias, y "a raíz de las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre las limitaciones al empadronamiento de las personas migradas" en Ripoll, ha dirigido este viernes una carta a la alcaldesa Sílvia Orriols en la que le pide explicaciones del cumplimiento de esos dos derechos.

"Querría instar formalmente al Gobierno municipal de Ripoll a respetar la normativa vigente, que obliga a todas las administraciones"

Carles Campuzano

— Conseller de Drets Socials

"Dado que la negativa al empadronamiento podría suponer una vulneración de los artículos de la Convención de Derechos, querría instar formalmente al Gobierno municipal de Ripoll a respetar la normativa vigente, que obliga a todas las administraciones de nuestro país por igual", expone Campuzano en la carta a la que ha tenido acceso este diario.

La Síndica advierte por carta a la alcaldesa de Ripoll de que el padrón ha de ser inmediato

Es por ello que el conseller le pide a Orriols información sobre "los cambios de protocolo que habéis realizado en Ripoll sobre el empadronamiento y que pueden afectar a los derechos de los niños". Cierra la misiva, apuntando que cuenta "con que el Ayuntamiento de Ripoll no discrimina a ningún niño por motivos de procedencia".

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Diversas familias de migrantes han denunciado a este diario las dificultades que tienen para empadronarse, a pesar de tener toda la documentación necesaria. Trabajadores del ayuntamiento han revelado que "antes las personas se empadronaban al momento si toda la documentación era correcta. Pero la alcaldesa quiso cambiar los protocolos y desde septiembre no se empadrona a nadie hasta pasados tres meses, que es plazo máximo que marca la ley", contaban a este diario.

Salut investiga al CAP de Ripoll por incumplir la ley de sanidad universal

Este mismo jueves, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, enviaba otra carta a la alcaldesa recordándole, precisamente, que la ley contempla que si un ciudadano acude a empadronarse con toda la documentación correcta, el trámite debe realizarse al momento. Solo en el caso de que haya dudas sobre la veracidad de la información puede el ayuntamiento abrir consultas que deberán ser comunicadas al solicitante y quedar resueltas en el plazo máximo de tres meses.

El proceder de Orriols inquieta a las administraciones. El Gobierno central le ha dado un plazo de 20 días para que explique cómo está gestionando el trámite del empadronamiento, una competencia delegada a los ayuntamientos. Asimismo, la Comisión Europea ha requerido a España información sobre este asunto. Y la Conselleria de Salut ha abierto una investigación al CAP de Ripoll por vulnerar la ley de sanidad universal, que fija que los centros sanitarios públicos deben atender de urgencias a todos los ciudadanos, tengan o no padrón.