Derechos sociales

200 euros por empadronarse en Ripoll: las trabas de la alcaldesa alientan el mercado negro

La alcaldesa ultra de Ripoll restringe el empadronamiento a los inmigrantes

Protesta en Ripoll para exigir el derecho al padrón: "Todos somos ripolleses"

Luis Olivares y su esposa, Nazareth Rebolledo, junto a sus dos hijos de 13 y 15 años, en Ripoll.

Luis Olivares y su esposa, Nazareth Rebolledo, junto a sus dos hijos de 13 y 15 años, en Ripoll. / JORDI OTIX

Elisenda Colell

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"Sí, yo he pagado 100 euros para empadronarme a mí y a mi hijo en Ripoll", explica un migrante a este diario de forma anónima. Otros, a cara descubierta, explican que les han pedido hasta 200 euros por persona, pero aún no se han atrevido a dar el paso, conscientes de que el padrón es un trámite gratuito y obligatorio y que, por tanto, no quieren ser víctimas de una estafa como ésta.

EL PERIÓDICO ha contactado con varias familias con menores que han recibido 'ofertas' para empadronarse

Hay quien lo justifica o lo ve incluso como una ayuda. "Gracias a estas personas mis hijos pueden ir a la escuela, al médico... y podremos tener papeles", insisten los que sí han sucumbido. La realidad es que las trabas que la alcaldesa ultra del municipio, Sílvia Orriols, pone para dificultar este trámite a los inmigrantes están provocando la existencia de un mercado negro del empadronamiento.

"Sé que el padrón es gratuito pero uno está dispuesto a hacer lo que haga falta por sus hijos", dice una madre

No es una realidad exclusiva de Ripoll. Hace cinco años que EL PERIÓDICO avanzó que en Catalunya operan mafias que ofrecen empadronamiento a cambio de sumas de dinero, aprovechándose de los impedimentos que algunos ayuntamientos ponen a aquellas personas que viven en lugares precarios. En algunos municipios del área de Barcelona las cifras superan los 500 euros por persona. Lo novedoso es que esto ocurra ahora en Ripoll, una localidad donde, antes de la llegada de Orriols, no se había registrado ni una queja ciudadana en relación al padrón, como sí ocurría en otras ciudades.

Grays Prada y sus hijos de 6 y 13 años llevan más de cuatro meses sin padrón

Grays Dayana Prada con su hijos Johan Sebastian y Jacobo, en el piso de Ripoll donde no logran empadronarse.

Grays Dayana Prada con su hijos Johan Sebastian y Jacobo, en el piso de Ripoll donde no logran empadronarse. / Jordi Otix

Grays Dayana Prada es una mujer colombiana que el pasado 28 de agosto llegó a Ripoll con sus dos hijos de 6 y 13 años. Venían a reencontrarse con su marido y padre, Óscar Leandro, solicitante de asilo, que sí logró empadronarse en Ripoll porque lo hizo antes de la llegada de Orriols. La familia vive en una habitación, no tiene dinero para más. Grays y los niños llevan ya más de cuatro meses sin padrón. "Me han ofrecido 200 euros por persona para empadronarnos", explica la madre. En total, 600 euros.

Los hijos de Nazareth y Luis, en Ripoll desde diciembre, aún no han podido ir al cole o al pediatra

La mujer, que trabaja haciendo limpieza doméstica y cuidando a personas mayores a domicilio, lleva semanas ahorrando para poder contactar con los estafadores que le ofrecen el padrón a cambio de dinero. Pero aún no ha dado el paso. "No porque no quiera, sino porque me ofrecen una dirección distinta por cada uno de nosotros... y yo no quiero eso. Si nos empadronan en otro sitio, al menos que estemos los tres juntos", sigue Dayana.

Los niños están escolarizados en Ripoll, pero aún no han pisado una consulta médica. "Yo sé que el padrón es gratuito pero uno está dispuesto a hacer lo que haga falta por sus hijos", insiste Dayana.

Liscandrys y Arnaldo Olivares, dos menores que viven en Ripoll desde diciembre y aún no han podido empadronarse.

Liscandrys y Arnaldo Olivares, dos menores que viven en Ripoll desde diciembre y aún no han podido empadronarse. / JORDI OTIX

A Nazareth Rebolledo y Luis Olivares también les han ofrecido empadronamiento a cambio de 200 euros. La pareja, de origen venezolano, llegó a Ripoll hace seis meses. La mujer logró empadronarse en junio, antes de que Orriols cambiara el procedimiento. El hombre está empadronado en Barcelona. Pero sus hijos, de 13 y 15 años, llegados en diciembre, son ciudadanos fantasma que no constan en ningún registro. No tienen acceso a la sanidad pública y aún no han pisado un aula. "Hay personas que viven acà, saben lo que estás pasando y te dicen que tienen contrato de alquiler o un piso a su nombre. Si pagas lo que te dicen te acompañan al ayuntamiento, dicen que vives con ellos y te empadronan", cuenta Rebolledo.

Este matrimonio tampoco lo ha intentado. En casa escasea el dinero, ambos tienen empleos muy precarios. "A final de mes comemos gracias a lo que nos dejan los vecinos, no nos alcalza para todo el mes. Si tuviera algo de dinero ya lo habríamos pagado, por tus hijos haces lo que haga falta", reconocen.

"Lo que sea por los hijos"

Y esta es precisamente la justificación que dan otros vecinos de Ripoll que sí han entrado en el mercado negro del padrón. "Por la salud y el futuro de tus hijos haces lo que haga falta", explican pidiendo anonimato. Esta persona detalla que a medida que pasan las semanas, los estafadores suben las tarifas, sabedores de los impedimentos que el nuevo Gobierno local está poniendo a los extranjeros.

EL PERIÓDICO ha vuelto a ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Ripoll para preguntarle por toda esta problemática pero el consistorio sigue sin querer hacer declaraciones.

Juristas vinculados con oenegés en Catalunya estudian presentar una denuncia por discriminación sobre este tema, viendo que la Generalitat no abre ninguna investigación de oficio. El director general de Drets Humans de la Conselleria d'Igualtat, Adam Majó, es partidario de una cumbre de alcaldes sobre el tema ya que Ripoll no es el único municipio afectado.

La Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ya ha manifestado su voluntad de estudiar el caso de Ripoll. El Gobierno central ha dado 20 días a Orriols para que dé explicaciones de cómo está gestionando el empadronamiento en el municipio, y ha avisado de que si no cumple, en último término, podría recurrir a la Abogacía del Estado

También la Comisión Europea ha pedido información a España sobre el caso de Ripoll, consciente de que la extrema derecha no puede ignorar los derechos básicos de los ciudadanos.

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