Salut ultima el reglamento que permitirá a migrantes sin padrón como los de Ripoll acceder a la sanidad pública

En 2017, el Parlament aprobó la ley de universalización de la asistencia sanitaria con el objetivo de sortear el real decreto de 2012 del Partido Popular (que en aquel momento gobernaba con Mariano Rajoy), que dejaba sin sanidad pública a los inmigrantes en situación irregular. Según esta ley catalana (en 2017, el titular de Salut era Toni Comín), en el caso de no estar empadronado, bastaría con demostrar el arraigo para acceder a la sanidad pública en Catalunya. Sin embargo, casi siete años después, la Conselleria de Salut (por cuyo frente han pasado hasta cuatro consellers de distinto signo político) aún no ha desplegado el reglamento de esta ley.

La ley catalana de sanidad universal de 2017 tiene pendiente desplegar la normativa que facilita el acceso a la tarjeta sanitaria aun cuando no se esté empadronado

El caso de las trabas de Ripoll al empadronamiento de inmigrantes ha vuelto a poner sobre la mesa la importancia de ese reglamento. Si estuviera en vigor, familias de migrantes como las de la capital del Ripollès tendrían acceso a la tarjeta sanitaria, y con ello a la sanidad pública, aun sin estar empadronadas.

Salut está "siguiendo el proceso" y espera tener novedades "en las próximas semanas"

La ley de universalización de la asistencia sanitaria de Catalunya establecía, en su disposición final segunda, que el reglamento debería estar desplegado en tres meses desde la entrada en vigor de la norma, que se aprobó en junio de 2017. No ayudó la ofensiva judicial: en marzo de 2018, el PP presentó un recurso de inconstitucionalidad. En octubre de ese mismo año, el Tribunal Constitucional (TC) asumió la retirada de este recurso. Para entonces ya estaba el PSOE en el Gobierno y una de sus primeras medidas fue precisamente derogar la reforma sanitaria del PP.

Y así, hasta ahora. El desarrollo del reglamento es clave para que realmente nadie se quede sin sanidad pública en Catalunya. La norma establece que tienen acceso a la sanidad pública todas aquellas personas que estén empadronadas o, en caso de que no lo estén, demuestren el arraigo.

El concepto de arraigo

Como la ley no tiene aún este reglamento, no queda claro cómo demostrar el arraigo. "Si este reglamento estuviera desarrollado, estas familias tendrían un mecanismo para acceder a la tarjeta sanitaria aunque el ayuntamiento de turno no las empadronara, como ocurre ahora en Ripoll [con la alcaldesa ultra Sílvia Orriols]. La ley dice esto, pero no se aplica", resume Carlos Losana, pediatra del CAP Poblenou y miembro de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat).

El asunto está sobre la mesa de la Conselleria de Salut. Fuentes del departament que dirige Manel Balcells han explicado a este diario que "se está siguiendo el proceso necesario" para desplegar el reglamento y han anunciado que "en las próximas semanas se superará un nuevo paso".

La Pasucat y SOS Racisme se reunieron el pasado 15 de diciembre con la conselleria por este asunto. En esa ocasión, se les aseguró que estaría listo este enero. Antes, en octubre, la diputada de la CUP Laia Estrada preguntó al Parlament por lo mismo, aunque sin respuesta.

La vía de la Cruz Roja

A la espera del reglamento, Salut apunta que las personas vulnerables y sin padrón pueden obtener una tarjeta sanitaria a través de la Cruz Roja.

Este argumento irrita a la Pasucat, creada en 2012 precisamente para dar cobertura a los inmigrantes que la ley del PP dejaba fuera. Las entidades creen que es obligación de Salut "asegurar la sanidad de estas familias excluidas por no poderse empadronar".

Más allá de Ripoll: las oenegés denuncian que aumentan los ayuntamientos que dificultan el padrón a migrantes

"En vez de generar un procedimiento normalizado y conocido por todos los trabajadores para que estas personas sin padrón puedan pedir la tarjeta en el centro de atención primaria (CAP), como el resto de la gente, Salut recurre a un convenio con una oenegé que supone una vía excepcional", denuncia Losana. Según este pediatra, dejar en manos de la Cruz Roja la tarjeta sanitaria de este colectivo supone la "externalización" de una gestión que debería asumir Salut y, además, es una "vía excepcional" que las personas en exclusión desconocen. "Por tanto, no la utilizan, por eso se quedan sin tarjeta, como ocurre en Ripoll", apunta.

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Las entidades denuncian que les siguen llegando (aunque menos que antes) casos de personas en situación irregular que son excluidas de la sanidad pública, en parte porque muchos funcionarios desconocen los entresijos de la ley a falta de este reglamento y no saben a qué atenerse. Salut niega que exista esta exclusión sanitaria, ya que, cuando no hay empadronamiento, "muchos casos se vehiculan a través de la Cruz Roja".

A raíz de lo ocurrido en Ripoll, las entidades de defensa de la sanidad pública temen que sean más los inmigrantes que se queden sin acceso a la sanidad. "Si los municipios empiezan a no empadronar, tenemos miedo de que haya más familias que se queden sin asistencia. Hay un vacío legal", insiste Losana. "Salut podría proteger a estas personas porque tiene una ley, pero no la está aplicando", zanja.

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