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acceso a la sanidad

Los inmigrantes volverán a tener tarjeta sanitaria en España

La mortalidad entre los inmigrantes sin acceso universal aumentó un 15%

La reforma del PP dejó sin derecho a unos 800.000 inmigrantes irregulares solo el 2012

Beatriz Pérez Juan Ruiz Sierra

Dos personas entran en el CAP de Drassanes de Barcelona.

Dos personas entran en el CAP de Drassanes de Barcelona. / JORDI COTRINA

Aunque la mayoría de las comunidades autónomas estaban ya prestando la sanidad universal por su cuenta, en contra del criterio del Ejecutivo central, el anuncio del Gobierno de que dentro de seis semanas el acceso al sistema sanitario será gratuito para todo el mundo fue recibido este viernes con satisfacción por parte de los afectados y las asociaciones que trabajan con ellos. Según cifras del anterior Ejecutivo del PP, solo en el 2012, cuando entró en vigor de la ley, unas 800.000 personas en toda España se quedaron sin tarjeta sanitaria. Eran inmigrantes irregulares o familiares reagrupados. Y también españoles que se iban fuera a buscar trabajo y estaban más de 90 días en el extranjero.

"La derogación de la reforma sanitaria del PP supone revertir una situación que nunca tenía que haber sucedido", declara el presidente de Médicos del Mundo, José Félix Hoyo. "La salud es un derecho inalienable y, al igual que la educación, requiere de políticas de Estado", añade. Según él, el gobierno de Rajoy no pudo demostrar nunca "ningún beneficio" de los prometidos cuando aprobó su reforma. "Fue un decreto populista, hecho con una visión a corto plazo que no produjo ningún gasto sanitario". En el 2012, el año en que entró en vigor la reforma del PP, unas 800.000 personas se quedaron sin tarjeta sanitaria.

Las consecuencias de esta medida han sido, en algunos casos, mortales. Para ello ya no hay vuelta atrás. Así lo reveló este año el informe 'Los efectos mortales de perder la cobertura sanitaria', publicado por la Universitat Pompeu i Fabra (UPF), según el cual, la ley del PP provocó un aumento medio del 15% de la mortalidad de los inmigrantes irregulares. Las entidades le dan plena credibilidad.

El documento analizaba la evolución en la mortalidad de la población que reside en España de manera irregular y de los habitantes con acceso garantizado a la sanidad entre el 2009 y el 2015, y concluía que a partir de la entrada en vigor de la ley del 2012 se produjeron 70 muertes más al año que las que se producían en el periodo anterior. Es decir, unas 400 muertes durante estos seis años.

El caso catalán

En Catalunya, según datos del CatSalut hechos públicos en abril de este año, hay actualmente 114.573 personas extranjeras (un 1,53% de la población residente) que la reforma sanitaria del PP ha dejado fuera, pero que son atendidas igualmente en los hospitales catalanes. Aun así, las entidades denuncian que en Catalunya también se dan casos de exclusión sanitaria. Carlos Losana, portavoz de la Plataforma per una Atenció Sanitària a Catalunya (PasuCat), explica que en los últimos seis años han registrado 300 casos de personas excluidas.

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Se trata de gente a la que se le deniega la tarjeta sanitaria porque no tiene padrón, una condición necesaria para obtener la tarjeta sanitaria del CatSalut y, a la vez, muy criticada por las entidades sociales, pues esgrimen que muchas de estas personas no están empadronadas en ningún sitio bien porque viven en la calle, bien porque están subalquiladas. 

La PasuCat denuncia además la "facturación de las urgencias" de algunos hospitales. Porque, aunque la ley del PP establece que cualquier persona (posea o no tarjeta sanitaria) debe ser atendida en urgencias, esto no se está cumpliendo. "Las empresas privadas que gestionan la facturación de las urgencias, en principio, se encargan de cobrar al turista, pero acaban aplicando el protocolo de turistas a las personas residentes en Catalunya sin tarjeta sanitaria", cuenta Lomana.

Es el caso, por ejemplo, de Santiago (nombre ficticio), colombiano de 25 años, que llegó a Barcelona el verano pasado. Un día fue a las urgencias del Hospital Clínic, donde le dijeron que debía operarse de una hernia discal. Hoy, este hospital público le exige 4.600 euros por la operación. "Si ellos me hubieran dicho que tendría que pagar, me hubiera ido a la mutua que tengo por la visa de estudiantes", cuenta. 

La mutua tampoco quiere hacerse cargo del pago de la operación, pues dice que fue una preexistencia médica, pero el Clínic aduce lo contrario. Como consecuencia, es Santiago quien está pagando la operación. Ya lleva más de 2.000 euros. "Todos esgrimen casos de extranjería para desentenderse de casos así", concluye.

Un informe del Síndic de Greuges presentado en mayo desmonta las falsedades acerca del uso que hacen los inmigrantes de la sanidad en España: el 94% de los excluidos en Catalunya están sanos y, por tanto, acuden poco a los servicios. En el 2016, hicieron un gasto de poco más de 31 millones de euros: un 0,42% del total del CatSalut.

Temas: PSOE PP

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