Salut investiga al CAP de Ripoll por incumplir la ley de sanidad universal

La Conselleria de Salut ha abierto una investigación para saber si la sanidad pública en Ripoll ha dejado sin atender de urgencias a al menos cinco familias recién llegadas al municipio, incumpliendo así la ley de sanidad universal. En un reportaje en EL PERIÓDICO, estas familias relataban cómo a pesar de la fiebre, los mareos o el dolor persistente no podían ser visitados gratuitamente en el Centro de Atención Primaria (CAP) de Ripoll, así como el Hospital Comarcal. Esa falta de asistencia sanitaria es consecuencia de las trabas que impone la alcaldesa ultra, Sílvia Orriols, para empadronar a migrantes en su municipio pero también es un incumplimiento de la ley 9/2017, así como varios decretos y convenios del Govern que también lo garantizan. La 'consellería' ha contactado uno por uno los centros sanitarios públicos del Ripollès recordándoles los protocolos y la normativa y pidiendo que refuercen la comunicación con los ciudadanos.

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La respuesta que estos ciudadanos sin padrón reciben es siempre es la misma: "No vengan hasta que no tengan el empadronamiento". Según los testimonios recopilados por este diario, el CAP de Ripoll se niega a garantizar la atención sanitaria universal. A muchos les ofrecen ser atendidos pero antes deben abonar cierta cantidad económica, que en algunos casos ha llegado a los 150 euros por visita. Hay excepciones: cuando los administrativos dejan pasar a los enfermos por humanidad y caridad.

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Dos vías para acceder al médico

Lo cierto es que, conscientemente o no, el CAP de Ripoll incumple la ley 9/2017 de universalitzación de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos por medio del Servei Català de la Salut que garantiza el derecho de todos los residentes en Catalunya a la "atención sanitaria gratuita sin exclusiones", con mecanismos más allá del empadronamiento. Que siete años después, el Govern aún no haya desplegado su reglamento dificulta su correcta aplicación y la convierte en "papel mojado", denuncian médicos activistas. Sin embargo, existen dos documentos que facilitan que se cumpla. Dos documentos que el personal del CAP de Ripoll no está facilitando, según explican los afectados a este diario.

La Cruz Roja de Ripoll solo tiene tres peticiones: una de una familia que se informó a través de este diario y dos remitidas por los servicios sociales comarcales

Por un lado, una resolución del CatSalut de 2016 dicta que en urgencias hay que atender a todo el mundo sin excepciones, y que si una persona no dispone de tarjeta sanitaria ni de recursos económicos debe ser atendida de forma gratuita y posteriormente firmar una declaración responsable. Sólo una persona de las muchas contactadas por este diario, Mustapha Bouraada, explica que ha sido atendida de este modo. No fue en el CAP, sino en el Hospital Comarcal de Campdevànol, después de protestar ante el mostrador de la sala de espera.

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El segundo mecanismo que debe aplicarse son los convenios que firmaron la Cruz Roja y el Servei Català de la Salut en 2015 y 2018 , en el que se faculta a la Cruz Roja para tramitar la tarjeta sanitaria a las personas que estén enfermas, sean vulnerables y no consigan empadronarse. Según el protocolo, los trabajadores sociales y administrativos de los CAP deben notificar a la Cruz Roja los casos de ciudadanos en estas circunstancias para que la oenegé proceda a tramitar las tarjetas. En Ripoll los administrativos del CAP no realizan este trabajo, según los testigos consultados.

Desconocimiento de los profesionales

Fuentes de la Cruz Roja en Ripoll explican que actualmente solo tienen tres peticiones sobre la mesa. Una, de una familia que se presentó por su propio pie en la sede local de la entidad después que EL PERIÓDICO informara sobre la posibilidad de solicitar la tarjeta sanitaria por esta vía. Las otras dos llegaron a petición de los Servicios Sociales del Ripollès.

"Es algo habitual, muchos CAP desconocen que existe esta opción. Pero se termina resolviendo si avisamos al CatSalut y ellos intervienen", explican desde la Cruz Roja en el Gironès. Lo que sucede, sin embargo, es que la delegación de la Cruz Roja en Ripoll ni siquiera está en contacto con el ambulatorio local, confirman fuentes de la entidad en la comarca.

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Un problema de comunicación

Este martes, además de abrir esta investigación, la Conselleria de Salut se ha puesto en contacto con todos los centros sanitarios públicos del Ripollès y ha recordado a todos los centros de la comarca "que deben atender a los ciudadanos de urgencia sin excepción". También les ha insistido que hay un convenio de colaboración con la Cruz Roja que permite el acceso a la Tarjeta Sanitaria para los enfermos que no estén empadronados y sean vulnerables. "Se ha pedido a los centros de salud pública que refuercen la comunicación con los ciudadanos para informar de los procedimientos y garantizar la atención sanitaria y farmacéutica", añaden fuentes de la conselleria.

"El CatSalut no está haciendo su trabajo. Están excluyendo de forma pasiva y por omisión a estas familias de la sanidad", denuncia Carlos Losana, pediatra y portavoz de la Plataforma per una Atenció Sanitaria Universal a Catalunya (Pasucat). "No sé si es por desconocimento de los trabajadores, que hay mucho porque la Generalitat no hace difusión de estos protocolos, o porque los que trabajadores no quieren garantizar ese derecho... pero en todo caso es un incumplimiento flagrante de la normativa y de los derechos humanos básicos", insiste este médico. Además, puntualiza que si bien el trámite con la Cruz Roja para obtener la tarjeta sanitaria puede alargarse hasta tres semanas, en algunos casos, y por vía excepcional, puede tramitarse de forma urgente si es necesario. "Bien se hizo durante el covid", remacha.

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