Derechos sociales

Càritas abre un estudio inédito sobre la gestión del padrón en 200 municipios catalanes

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La entidad, que quiere colaborar con la Sindicatura de Greuges, recogerá información de las capitales de comarca y de localidades de más de 10.000 habitantes

Abdelhalek Darrah llama a la puerta de Cáritas Diocesana en Osona para pedir ayuda.

Abdelhalek Darrah llama a la puerta de Cáritas Diocesana en Osona para pedir ayuda. / Zowy Voeten 2024

Elisenda Colell

Elisenda Colell

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Será el mayor estudio que se ha hecho en Catalunya sobre cómo los ayuntamientos cumplen o no con la legislación a la hora de empadronar a los ciudadanos recién llegados sus municipios. Càritas Diocesana ha abierto una encuesta en todas las sedes locales y parroquiales para que recojan y expliquen como actúan los municipios catalanes en relación a este trámite obligatorio. "La idea és llegar a unos 150 o 200 municipios, aquellos que tienen más de 10.000 habitantes o son capitales de comarca", explica Luis Miguel Luna, secretario de presidencia de la entidad social eclesiástica en Catalunya.

Hace más de un año que el Govern tantea a Càritas, una de las entidades con mayor capilaridad y presencia en los pueblos y ciudades de la geografía catalana, para que le hiciera llegar datos de la incidencia del padrón y de cómo actuaban los distintos ayuntamientos en relación a este trámite. Cáritas es el lugar al que recurren los más desfavorecidos, especialmente los que no tienen acceso a servicios sociales básicos, como la atención sanitaria y la educación, por los problemas del padrón. "En ese momento, nosotros nos negamos a hacerlo. La Administración tiene suficientes medios para hacer estos estudios e informes", argumenta Luna.

El Arabi Barkahi, Imane Amzitti y su hijo Annas Barkahi, en la cocina de su piso en Ripoll, donde llevan más de dos meses esperando para empadronarse.

El Arabi Barkahi, Imane Amzitti y su hijo Annas Barkahi, en la cocina de su piso en Ripoll, donde llevan más de dos meses esperando para empadronarse. / JORDI OTIX

Pero después de que EL PERIÓDICO informara sobre las trabas que la alcaldesa ultra de Ripoll pone para empadronar a ciudadanos recién llegados a la localidad, la Síndica de Greuges anunció que reabriría un estudio a nivel catalán. La idea era mapear cómo se realizaba este trámite, conocedores de que Ripoll no es un caso único, sino que cada vez son más los ayuntamientos que ponen pegas o dificultades para empadronar a los más vulnerables. "La Síndica nos comentó si nosostros teníamos información al respecto y creímos que era necesario poder aportar nuestra fotografía de la situación, especialmente para poder hacerle llegar los casos y que ella pudiera actuar de oficio", cuenta Luna.

Hasta ahora, el único estudio similar que se elaboró en Catalunya fue el que hizo la Federación ECAS, en colaboración con varias entidades, asociaciones de vecinos y sindicaturas locales. En ese trabajo, ECAS constató aplicaciones insuficientes o discriminatorias en el padrón en una cincuentena de municipios de Catalunya. Un año después, y tras la composición de los nuevos consistorios después del 28M, algunos movimientos sociales aseguran que la tendencia a dificultar el padrón va al alza.

Abdelhalek Darrah, en frente de la sede de Càritas de Vic, el pasado martes.

Abdelhalek Darrah, en frente de la sede de Càritas de Vic, el pasado martes. / Zowy Voeten 2024

"Somos conscientes de que es un tema muy importante porque dejar fuera del padrón implica dejar a los ciudadanos fuera de los derechos humanos más elementales como son la sanidad, la educación y el acceso a los servicios sociales: los ayuntamientos deben empadronar", defiende Luna.

La no aplicación del padrón social es la vulneración de derechos más habitual con la que se encuentra Càritas

La vulneración de derechos más habitual que se están encontrando en Càritas es que muchos ayuntamientos no aplican la figura del padrón social o sin domicilio fijo contemplado en la ley estatal y previsto para aquellos que no tienen contrato de alquiler, que viven en una habitación alquilado o incluso en la calle.

"En L'Hospitalet, por ejemplo, vemos cómo mucha gente que vive en habitaciones realquiladas va a empadronarse a Barcelona, que sí lo aplica", lamenta Luna, que también señala que muchos consistorios usan "subterfugios legales" para dificultar el acceso al padrón sin incumplir la legislación.

Luna asegura que las entidades supramunicipales, entre ellas la Associació Catalana de Municipis (ACM), también están al corriente e interesados en este estudio. "Han sido muy proactivos y han publicado muchas herramientas y datos para que los ayuntamientos sepan cómo hay que proceder para garantizar el derecho al empadronamiento. Lo que les interesa saber es lo que pasa a la hora de la verdad", explica Luna. Se espera que los datos sobre esta encuesta estén disponibles a lo largo del mes de abril, siempre que todas las delegaciones puedan responder a tiempo.

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