Vecinos de Ripoll se organizan para ayudar a los migrantes a acceder al padrón, la escuela y la sanidad

Al ver que ninguna administración se ha personado en Ripoll para atender o ayudar a las personas que están en lista de espera para empadronarse en el municipio, y conscientes de que sus vecinos no pueden estar tres meses sin escuela, sin tarjeta sanitaria y sin acceder a los derechos más básicos, algunos vecinos han empezado a organizarse para acompañar a los nuevos habitantes de la capital de la comarca del Ripollès. Tal y como ha podido comprobar EL PERIÓDICO, Sílvia Orriols, la nueva alcaldesa de ultraderecha está demorando los trámites e imponiendo trabas para conseguir el empadronamiento, poniendo en jaque el acceso a la escolarización o la sanidad pública.

Es aún una idea inicial, pero empieza a cobrar vida. Varios vecinos de Ripoll, acompañados por movimientos y entidades sociales, están ideando estrategias para acompañar a todas las familias recién llegadas que no pueden empadronarse de forma inmediata en el municipio. A pesar de tener escrituras de propiedad, un contrato de alquiler en regla y toda la documentación necesaria, Orriols obliga a todos los solicitantes del padrón a aguardar tres meses para poder registrarse en el padrón municipal. Esto hace que se demore la escolarización de los menores, pero sobretodo que estas familias no puedan acceder a la sanidad catalana, entre otros servicios.

La idea de la sociedad civil ripollesa es ayudar a estas familias a realizar los trámites. "Estamos tratando de ver cómo damos apoyo a estos trámites como la sanidad, la educación, el padrón... ver las dificultades que tienen los afectados y tratar de ayudarles a acceder a los derechos básicos", explican a este diario las personas que se están implicando en esta idea, que piden anonimato dado el clima que se vive en la población.

Registro de afectados

Fuentes jurídicas apuntan que sería esencial poder contar con un registro con todos los afectados. Algunos vecinos explican a EL PERIÓDICO que podría haber más de 40 familas afectadas. Si se registraran todos los afectados por las trabas de Orriols y el estado de sus trámites, también podría comprobarse si, pasados los tres meses para dar una respuesta que permite la ley del padrón, la alcaldesa hace efectivo su derecho. De alargarse más 90 días, se podría interponer una demanda por incumplimiento de la legalidad vigente.

Desde que este diario publicó los impedimentos sobre el padrón, varios juristas y representantes políticos apuntaron que quien debería hacer esta gestión, trasladarse a Ripoll y registrar caso por caso debería ser la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, a través de la dirección general de Drets Humans. Su director, Adam Majó, explicó a EL PERIÓDICO que lo que ocurre en Ripoll podría considerarse un caso de discriminación, pero emplazó a los afectados a denunciar su caso para contar con las pruebas necesarias. Conscientes de que muchos de los afectados no conocen sus derechos, tienen miedo a ser señalados o no saben cómo interponer una denuncia, algunos vecinos han decidido ser ellos, desde la solidaridad, quienes acompañen a los migrantes. O, al menos, intentarlo.

La Generalitat sigue sosteniendo que la mejor forma de atajar este problema es organizando una cumbre de alcaldes sobre el empadronamiento, ya que Ripoll no es el único municipio que dificulta el acceso a este trámite. Es muy habitual que las personas que residen en habitaciones o en lugares precarios sin un documento que lo explicite, no puedan empadronarse en muchas ciudades catalanas, a pesar que la ley sí lo permite. De hecho, la Generalitat lleva siete años sin desplegar el reglamento que podría ayudar a que los vecinos de Ripoll que no logran empadronarse sí puedan acceder a la sanidad pública. Después de que este diario revelara la situación en Ripoll, se han comprometido a tirarlo adelante.

Protesta en Ripoll

En cambio, la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, ya ha manifestado su voluntad de estudiar el caso de Ripoll, al igual que otros municipios catalanes. A pesar que se ha puesto en contacto con algunos de los afectados, y comprobado el estado de sus trámites, aún no se ha trasladado al municipio. El Gobierno Central ha dado 20 días a Orriols para que dé explicaciones de cómo está gestionando el empadronamiento en el municipio, y ha avisado que si no cumple, en último término podría recurrir a la Abogacía del Estado. También la Comisión Europea ha pedido información a España sobre el caso de Ripoll, consciente de que la extrema derecha no puede ignorar los derechos básicos.

Este sábado, unos 200 vecinos del pueblo se manifestaron frente al consistorio para exigir el derecho al padrón y para criticar los discursos racistas y de extrema derecha. También hicieron advertencias veladas a Junts y al resto de partidos políticos para que huyan del discurso securitario y antimigratorio. Este domingo, varios asistentes se mostraban orgullosos del éxito de la protesta: "En Ripoll, juntar a 200 personas en pleno invierno es una barbaridad". La alcaldesa Orriols, que se presentó en la plaza del Ayuntamiento una vez terminó la concentración, sigue sin querer responder a las preguntas de este diario sobre el cambio del empadronamiento en Ripoll. En las redes sociales sí que ha reaccionado a las informaciones de EL PERIÓDICO, confirmándolas o desafiando las peticiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

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