Irregularidades y contaminación

208 empresas multadas por incumplimientos ambientales en Catalunya en lo que va de año

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Las empresas españolas redujeron sus emisiones de CO2 en 2022, según un informe

Las empresas españolas redujeron sus emisiones de CO2 en 2022, según un informe / Repsol

Guillem Costa

Guillem Costa

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En lo que va de año, Catalunya ha enviado multas por valor de 2,88 millones de euros, en total, a 208 empresas que contaminaron más de la cuenta o incumplieron la normativa medioambiental. Entre las compañías sancionadas destaca la papelera Cogeneració J. Vilaseca, que debe pagar 1,7 millones, más de la mitad de la suma total de las multas impuestas, por no abonar los derechos de emisión de CO2. Esta compañía está en un proceso de reestructuración de deuda, ya que debe más de 20 millones de euros, lo que podría explicar el impago del impuesto de CO2.

El Govern se propone castigar la reincidencia para evitar que estas multas se conviertan en rutina

Las otras multas, en general, no superan los 40.000 euros por empresa. Entre las compañías multadas figura también la química IQOXE, donde se produjo una explosión que causó la muerte de tres personas. Esta sanción por razones medioambientales se suma a las multas acumuladas por infracciones en cuestiones de seguridad. De hecho, la empresa tiene un juicio pendiente y la Fiscalía pide once años de cárcel para sus directivos.

De los 208 expedientes sancionadores, 166 son a empresas que emiten gases fluorados y18 son por contaminación atmosférica

Estas multas todavía están sujetas a alegaciones y se les puede aplicar un descuento a la hora de pagarlas, pero fuentes del Departament d'Acció Climàtica admiten que a veces se convierten en una rutina para las empresas. Las pagan y continúan incumpliendo. Y así, año a año. Para evitar esta conducta, la dirección general de Qualitat Ambiental se propone castigar la reincidencia en el nuevo plan de calidad del aire que se debe presentar antes de que acabe este año.

Reincidencia rutinaria

La directora general de Qualitat Ambiental, Mireia Boya, pone un ejemplo: "El descuento, si se paga rápidamente, es de un 40%. Si tú le dices a una gran empresa que tiene una multa de 20.000 euros (esa es la cantidad habitual), esto no le supone un problema. Algunas empresas se han acostumbrado a estas sanciones. Esto puede llegar a normalizar estas sanciones". Además, explica Boya, la ley no aclara cuántas multas puede recibir una empresa sin que la Administración tome medidas más contundentes. "Esto no está escrito en ninguna parte. Ahora, esto cambiará en Catalunya. La tercera multa que reciban las empresas ya no será de 20.000 euros. Será de 50.000. Y a partir de este punto, se irá subiendo. Así, combatiremos la recurrencia", concreta.

¿Cómo acaba una empresa recibiendo una sanción? Existen dos posibilidades: la primera, a partir de una inspección; la segunda, a partir de una denuncia externa. Por lo general, estos incumplimientos medioambientales se detectan en controles que realiza la Administración. De los 208 expedientes sancionadores, 18 son por contaminación atmosférica; 166 son a empresas que emiten gases fluorados; 6 a empresas extractivas con una mala praxis y 17 son por incumplir la ley de autorizaciones ambientales. En estos últimos 17 casos, se incluye la mala gestión del agua, la energía o los residuos.

Boya destaca que a día de hoy, la Generalitat está multando más que años atrás: "Antes se abrían muchos expedientes informativos, pero los sancionadores eran minoría. Las multas pueden ir de los 20.000 a los 200.000 euros. La tendencia, hasta la fecha, era poner siempre la sanción mínima. Por lo tanto, la empresa pagaba rápidamente, como si fuese una multa de tráfico y todo continuaba igual". Asegura que ahora esto está cambiando y que la Administración es cada vez más restrictiva. Y esta exigencia, aún irá a más, ya que una sentencia obliga a la Generalitat a poner normas duras en cuanto al ozono.

Además de multas, la Generalitat apuesta por interrumpir la producción de las empresas con irregularidades ambientales

Granjas

Para demostrar que el rigor y la severidad han aumentado, Boya cuenta el caso de una empresa incineradora de residuos, en Tarragona. "Como cometían irregularidades medioambientales, les obligamos a parar la producción hasta que resolvieran los problemas. Y fue muy eficaz, porque lo arreglaron de forma inmediata. Esta medida es muy contundente, porque la compañía, con una semana de paro, pierde mucho dinero", constata la directora general de Qualitat Ambiental.

Además de estos 208 expedientes sancionadores, en lo que llevamos de 2023, se han iniciado 216 expedientes informativos. Es decir, se empieza a encontrar el equilibrio entre los dos tipos de expediente.

De estos 216, casi la mitad afectan a granjas de la zona de Lleida. Se trata de casos poco graves en los que los responsables de estas granjas, por ejemplo, no instalan una cubierta en la zona de vertido de purines. A menudo son infracciones leves que la empresa puede resolver para que el expediente no se complique y no se convierta en una sanción.

De media, la Generalitat realiza el 85% de las inspecciones que prevé a lo largo de un año. En la conselleria admiten que es un porcentaje que se puede mejorar, pero consideran que no es un mal dato, ya que la mayoría de controles previstos se hacen.

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