Imputado un excargo de la Generalitat por dar trato de favor a la cementera de Montcada

El juez de Barcelona que investiga el presunto trato de favor por parte de la Generalitat a la empresa Lafarge Holcim, propietaria de la cementera de Montcada i Reixac, ha citado a declarar en calidad de imputado para el próximo mes de noviembre a Emili Dragone Vives, extrabajador de la Conselleria d'Acció Climàtica, y al representante legal de la compañía, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La fiscalía, y también los vecinos, presentaron hace unos meses dos denuncias contra ellos en las que sostienen que el Ejecutivo catalán otorgó las autorizaciones medioambientales en base a permisos que desde 2015 habían sido declarados nulos por el Tribunal Supremo en varias sentencias. La cementera todavía está pendiente de recursos judiciales para determinar si debe clausurar o no la instalación.

"Para nosotros es muy buena señal que el juez llame a declarar como investigado a Dragone"

— Albert Calduch, abogado medioambiental

El representante de Lafarge Holcim deberá comparecer en el Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, que tramita la causa, el próximo 6 de noviembre. Días después, el 14 de noviembre, lo hará Dragone, exjefe del servicio de prevención y control de la dirección general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, acusado de ser cooperador necesario en un delito contra el medio ambiente, al presuntamente haber autorizado licencias ambientales contrarias a la normativa de actividades contaminantes. Los últimos en comparecer, estos como testigos, serán altos cargos políticos que trabajaban en la misma Conselleria.

"Actitud reiterada"

Albert Calduch, abogado experto en medio ambiente de los vecinos, se muestra satisfecho con la decisión del juez: "Dragone es el objeto de nuestra querella. Consideramos que se trata de una actuación penal. Es buena señal que tanto la fiscalía como el juez instructor vayan en la misma dirección". "Para nosotros, la comisión del delito está muy clara. El problema es que a menudo es difícil demostrar la prevaricación en este tipo de delitos, ya que intervienen muchas personas en el proceso de dar autorizaciones a la empresa", añade. "Sin embargo, en el caso de Dragone, la actitud es reiterada, por este motivo confiamos en que nos acaben dando la razón", concluye Calduch.

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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anuló en varias ocasiones, desde 2013 a 2019, la autorización ambiental de la Generalitat porque, a su entender, la declaración de impacto ambiental (DIA) no fue publicitada para que los afectados pudieran formular alegaciones sobre su contenido. Según la fiscalía, a pesar de que el exalto cargo investigado conocía la resolución de nulidad, propuso, "sin más", la publicación del permiso en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), en lugar de iniciar un nuevo procedimiento.

Pendientes del cierre

El Govern de aquel momento, distinto al actual, concedió en noviembre de 2015 una nueva autorización a la cementera. El alto cargo, incide la acusación pública, "era consciente de que se acabaría otorgando una autorización ambiental totalmente obsoleta". Además, incide la denuncia del fiscal, en ese periodo de tiempo la empresa había experimentado modificaciones en su actividad y se habían dictado leyes, reglamentos y disposiciones que no se tuvieron en cuenta. A su entender, la declaración de impacto ambiental "no se ajustaba a las normas ambientales" ya vigentes cuando se concedió la nueva licencia.

Según el fiscal, la declaración de impacto ambiental "no se ajustaba a las normas ambientales"

Sobre la orden de cierre de la cementera dictada por el Supremo y también por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la Generalitat y la empresa presentaron un recurso de casación. Según ha podido saber este diario, el Supremo no lo ha admitido a trámite por "falta de fundamentación" y por "carencia de interés casacional", ya que el tema de fondo debatido se basa en un supuesto casuístico. Ahora, falta que se pronuncie el TSJC sobre el otro recurso.

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Calduch ve factible que este tribunal siga la línea marcada por el Supremo: "Los procedimientos judiciales no son matemáticos. Nos movemos en el ámbito de las posibilidades y probabilidades, pero el hecho de que el Supremo se haya opuesto al recurso de casación refuerza nuestro optimismo de cara al recurso pendiente en el TSJC". En caso de que este recurso tampoco se admita, algo que se sabrá posiblemente a lo largo de lo que queda de año, el cierre de la fábrica de cemento de Montcada estaría más cerca. "Entonces, ya no habría ningún impedimento para ejecutar la orden y cerrarla", zanja el abogado.

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