Vecinos de Montcada acusan a la Generalitat ante el juez por trato de favor a la cementera

La Agrupación de Veïns del barrio de Can Sant Joan de Montcada i Reixac han ratificado ante el juez este martes, a través de su abogado, Albert Calduch, la querella presentada contra la Generalitat y la empresa Lafarge Holcim, propietaria de la cementera de dicha localidad, por presunta prevaricación y otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La entidad vecinal sostiene que la situación de "peligro ambiental" a causa de la contaminación atmosférica que sufre la población se ha visto "empeorada por la permisibilidad y el trato de favor ilegal" que dispensa la Direcció General de Qualitat Ambiental. El Ejecutivo catalán ha autorizado la actividad de la compañía a pesar de las sentencias que declararon la nulidad de las licencias ambientales.

Esta querella se une a la denuncia que presentó el fiscal de Medio Ambiente Toni Pelegrín por los mismos motivos. La acusación pública sostiene que el Ejecutivo catalán otorgó las licencias en base a permisos que desde 2015 habían sido declarado nulos por el Tribunal Supremo en varias sentencias. En noviembre de 2022, los magistrados del alto tribunal ordenaron el "cierre, clausura y precinto" de las instalaciones, una actuación que todavía no se ha llevado a cabo. A principios de este año, la Generalitat volvió a conceder un nuevo permiso ambiental a Lafarge para que continuara la actividad en las instalaciones. El juez donde ha recaído la querella y la denuncia deberá ahora decidir si inicia una investigación. "Nosotros somos optimistas y pensamos que el juez admitirá a trámite la querella porque los hechos son contundentes y es necesario que se investigue a fondos", según ha explicado a EL PERIÓDICO el abogado Albert Calduch, experto en medio amiente.

El fiscal denuncia a la Generalitat por dar trato de favor a la cementera de Montcada

Los vecinos exponen en la querella los diferentes litigios y resoluciones judiciales que anulaban los permisos concedidos por la Generalitat a la cementera de Montcada, así como un informe de los Mossos de 2011 que demostró, precisan, que el polvo negro que se emitía entonces desde las instalaciones era contaminante y peligroso para la salud. "Hemos citado estos informes como ejemplo de la nefasta práctica de la Generalitat de tolerar cualquier forma de incumplimiento de Lafarge", sostiene el escrito. A su entender, la última sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 2020 que declaraba la nulidad "absoluta" de la licencia debería haber provocado "el paso lógico" de clausurar las cementera, acción que no se ha producido.

Informes previos

La querella expone que la Generalitat no ha tenido en cuenta los antecedentes como el informe de los Mossos de 2011 que demostró que el "polvo negro" emitido por la cementera contenía "productos tóxicos". O que, en 2012, un dictamen sobre el estado del suelo determinó que el terreno que ocupa la empresa está contaminado, "poniendo en peligro la salud de los trabajadores". O que el mismo Ayuntamiento de Montcada sancionó a Lafarge con 20.000 euros por contaminación.

Para colofón, resalta la asociación de vecinos de Can Sant Joan, hace tan solo un año, en 2022, el consistorio dictó un nuevo informe desfavorable, esta vez por contaminación acústica. En opinión de los querellantes, sin embargo, "nuevamente la Generalitat no reconoce el carácter preceptivo y vinculante" de este dictamen, sino que lo archiva con "simples alegaciones".

Situación ambiental "pésima"

Los vecinos sostienen que la situación ambiental de Can Sant Joan es "pésima" y subraya que los informes técnicos "acreditan" que la contaminación atmosférica generada por la cementera supera los límites de la normativa, mientras que los estudios epidemiológicos demuestran que los habitantes de Montcada sufren un riesgo de cáncer "superior a la media". "La Generalitat no ha tomado ninguna medida para paliar esta situación", relata la querella.

La acusación concreta que se ha cometido un delito de prevaricación ambiental cometido por funcionarios de la Generalitat, que "han concedido durante años autorizaciones manifiestamente nulas" a la cementera, "intentando dar una apariencia de legalidad a una empresa contaminante".

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