El juez inicia la investigación contra la Generalitat por trato de favor a la cementera de Montcada

El juzgado de instrucción número 27 de Barcelona ha admitido a trámite las dos denuncias interpuestas contra la cementera de Montcada i Reixac. El juez ha aceptado una querella de la asociación de vecinos de Can Sant Joan contra la empresa Lafarge Holcim por delito medio ambiental y también la denuncia de la fiscalía contra el alto cargo de la Generalitat que otorgó autorizaciones ambientales, presuntamente fuera de lugar, a la compañía.

"Estamos satisfechos por la admisión a trámite, pero todavía nos queda mucho en la lucha contra este gigante. Estabamos convencidos de que teníamos razón y por esto presentamos la querella. La decisión del magistrado nos da energía y buenas sensaciones", dice José Luis Conejero, miembro de la asociación de vecinos en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Estos días, en Can Sant Joan organizan la fiesta mayor. Varios vecinos se quejan de que el humo y el polvo de la cementera siguen complicando el día a día del barrio. Pero durante estos días tendrán un pequeño motivo extra de celebración.

"Ahora el juez podría dictar una orden de procesamiento y después podría venir el juicio. Es un gran paso adelante"

— Albert Calduch, abogado medioambientalista

Según el escrito al que ha tenido acceso este diario, el juez ha decidido tomar declaración como investigados a Emili Dragone Vives, exalto cargo de la 'conselleria' de Acció Climàtica, y al representante que Lafarge Holcim designe. Además, también se reclama la presencia de varios exdirigentes del Departament como testigos.

"A partir de este punto, el juzgado podría dictar una orden de procesamiento y después podría llegar el juicio. Es un gran paso adelante", explica Albert Calduch, el abogado experto en Medio Ambiente que representa a los vecinos. El juez ha abierto la investigación contra Dragone, funcionario de la Generalitat que estuvo varios años en el cargo, por prevaricación, ya que presuntamente dio autorizaciones a la cementera cuando la justicia había dictado que no se otorgaran.

Cierre pendiente

"Lo más habitual es que este tipo de querellas se archiven. Pero en este caso parece evidente que un funcionario seguía favoreciendo a la empresa al margen de la ley", considera Calduch. Además de admitir a trámite la denuncia por una cuestión de forma -es decir, por cómo se daban estos permisos a la empresa-, también se investiga a la empresa y a la Generalitat por un posible delito ecológico, tal como denuncian los vecinos de Montcada.

En este sentido, el magistrado deberá tomar las pruebas que considere necesarias y decidir qué hacer. En el escrito de admisión a trámite plantea dividir el proceso en dos partes: una se quedaría en el juzgado 27 por el caso de la supuesta prevaricación por parte de la Generalitat y la otra se centraría en la investigación por un posible delito ecológico.

En estos momentos hay una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de 2020 que exigía "un paso lógico" para clausurar la cementera, acción que no se ha producido. La Generalitat asegura que está a la espera de que el TSJC decida si admite o no los recursos de casación presentados tanto por la empresa como por la misma Generalitat.

Este 2023, la 'conselleria' dio luz verde a una nueva licencia para la empresa con el fin de que siga operando, en la que se le exigen varios planes para evitar la contaminación. Este documento, firmado por la actual directora de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, Mireia Boya, exige a la compañía varias medidas compensatorias por la posible contaminación y también la instalación de filtros protectores en las chimeneas, además de pedir también un análisis constante de la calidad del aire por parte de Lafarge Holcim.

Suscríbete para seguir leyendo