El 65% de familias pobres en Catalunya no acceden al bono social

El bono social eléctrico, es decir, la medida estrella contra la pobreza energética para que las familias vulnerables tengan descuentos en la factura de la luz, no está llegando al 65,3% de las familias que viven bajo el umbral de la pobreza. En el caso de las familias que sufren pobreza severa, hay un 23% que no se benefician de esta ayuda. Lo refleja un informe sobre la pobreza energética que la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Gimenez-Salinas, ha presentado este lunes en el Parlament.

Un informe de la Síndica de Greuges urge a las eléctricas y a las administraciones a "desburocratizar" el acceso a las ayudas

El informe señala que Catalunya es una de las zonas de Europa donde más ha subido la factura de la luz en los últimos años y donde más personas no pueden pagar los suministros básicos. En base a este diagnóstico, la Síndica ha puesto deberes a las eléctricas y a las administraciones para que protejan a los consumidores vulnerables a las puertas del invierno.

Uno de cada cinco hogares catalanes no tiene dinero para encender la calefacción o el aire acondicionado y mantener su casa a la temperatura adecuada. Es el retrato robot de la pobreza energética, que según el informe de la sindicatura, afecta en mayor medida a los menores de 14 años, mujeres, inmigrantes y parados. La cifra de afectados en Catalunya se ha duplicado en los últimos dos años, superando la media estatal y europea. El informe atribuye esta realidad a la escalada de los precios de la energía pero también al aumento de las desigualdades. La crisis financiera, la pandemia y la inflación no han hecho más que incrementar las diferencias sociales, dejando de lado a los más vulnerables.

Más de 240.000 niños de Catalunya sufren pobreza energética, según Save The Children

500 euros por persona al año

Según los datos de la Síndica, Catalunya es la segunda comunidad autónoma en España donde los hogares tienen más gastos en los suministros básicos (luz, agua y gas) y en Europa solo está por debajo de Portugal y la República Checa. En los últimos dos años, el precio de la energía ha crecido un 8% y el gasto de las familias ha subido un 5%, superando los 500 euros por persona al año.

La Generalitat crea una oficina para abordar la pobreza energética

A partir de este diagnóstico, la Sindicatura ha analizado qué hacen las administraciones al respecto, entendiendo que el acceso a la luz, agua y gas es un derecho básico que hay que garantizar a los ciudadanos más vulnerables. Y los datos que maneja demuestran que queda mucho por hacer. Así, en Catalunya, el bono social solo lo reciben el 35% de las familias que viven bajo el umbral de la pobreza y el 77% de los que sobreviven bajo la privación material severa, la pobreza más extrema.

Una de las medidas necesarias que propone la síndica es que el Ministerio de Transición Energética cambie la forma de acceder al bono social, es decir, a los descuentos en la factura para los más vulnerables, para que todas las familias que viven bajo el umbral de la pobreza puedan acceder a estos descuentos. Piden "desburocratizar" este trámite. "Hay que superar la complejidad de los trámites y simplificar la documentación a aportar, que es compleja de recopilar y que en muchas ocasiones la Administración ya tiene en su poder", recoge el documento.

Familias vulnerables de Sabadell sufren sin luz la ola de calor: "Malvivimos sin ventilador ni nevera"

También propone al Estado que permita que las familias que viven en pisos de alquiler social puedan acceder al bono social, que mantenga la reducción del IVA en las facturas de los más vulnerables, que marque un precio social a la bombona de butano, que obligue a las eléctricas a tener modelos de facturas que se puedan entender y sean accesibles, así como establecer un criterio de renta al bono social para las familias numerosas, que a a día de hoy acceden de forma universal al bono social independientemente de su renta.

Tareas pendientes de La Generalitat

Pero el texto también señala a la Generalitat. Aunque en Catalunya una ley impide que se corte la luz a las familias vulnerables, la síndica recuerda que aún no se ha desplegado su reglamento. También señala que no hay ni oficinas territoriales ni órganos del Govern que se encarguen de asesorar a las familias afectadas, se creó la semana pasada. Además, recuerda que el bono social térmico, el que aplica descuentos a la factura del gas y que paga la Generalitat, se ofrece con una demora excesiva.

Endesa ya condona la deuda energética a 41.000 familias vulnerables

La síndica insiste en que el Govern debe extender el pacto que firmó con Endesa al resto de compañías en Catalunya, y que se debe hacer un control sobre la aplicación de este acuerdo. Señala, por ejemplo, que no se están instalando los contadores sociales a las familias vulnerables que se ven obligadas a ocupar una vivienda.

Campuzano afirma que la pobreza infantil en Catalunya es "gravísima", con 400.000 menores en riesgo

Ahí es donde entra también el rol de las eléctricas. La síndica les pide que agilicen los trámites para que los clientes vulnerables puedan acogerse al bono social (deben estar al mercado regulado), que firmen convenios para condonar las deudas a las familias vulnerables tal y como pide la ley catalana y como hizo Endesa, y que dejen de llamar a través de empresas de recobro a las familias vulnerables que están protegidas por la ley pero que no han pagado sus deudas. También pide un papel activo de los ayuntamientos, especialmente en relación a la factura del agua, cuya gestión depende de los entes locales. En concreto, reclama que instalen contadores seguros a las familias que han tenido que ocupar una vivienda por necesidad y que apliquen tarifas reguladas en función de los ingresos de los usuarios.