Acuerdo histórico para acabar con la pobreza energética

Endesa controla el 90% del mercado eléctrico en Catalunya. En agosto del 2019 tenía 25.000 clientes vulnerables que le debían cerca de 21 millones de euros con las facturas atrasadas e impagadas. La pandemia ha agravado considerablemente la situación y han crecido los hogares que no pueden pagar la factura de la luz. Antes del 2015, algo que aún sigue ocurriendo en el resto de España, las familias que no podían pagar los recibos o bien tramitaban el bono social y les rebajaban las facturas, o bien les cortaban la luz. Los criterios de esta ayuda estatal son relativamente bajos a nivel de renta, y cerca del 40% hogares atendidos por los servicios sociales en Catalunya quedaban excluidos.

Por ello en 2015 varias entidades sociales, entre ellos l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), lograron que el Parlament aprobara por unanimidad una ley que prohibía los cortes de luz. Desde entonces, todos los hogares atendidos por los servicios sociales y que acreditaban ser familias vulnerables tenían derecho a la electricidad aunque no la pudieran pagar. La ley también dice que las empresas debían establecer convenios con las administraciones para condonar una parte importante de las facturas. Las compañías de agua fueron las primeras que llegaron a esos acuerdos con los municipios, pagando hasta el 50% de las facturas de los hogares pobres.

En 2017, dos años después de aprobarse la ley, el entonces 'president' Carles Puigdemont intentó replicar los pactos del agua con Endesa. Lo aceleró la muerte de Rosa, una mujer octogenaria que tenía la luz cortada por no poder pagarla y que acabó calcinada por el fuego de una vela. El Govern, junto a los entes municipales, rogaron a las eléctricas que firmaran una condonación de la deuda del 50%, mientras que ellos asumirían el resto. Las negociaciones acabaron mal y todo aquello quedó en nada. Mientras, cientos de hogares seguían teniendo derecho a la luz, pero generando facturas enormes.

Algunas eléctricas vendían las deudas a empresas de recobro, que perseguían a las familias para que pagaran los recibos acumuladas. De hecho, la APE ha denunciado uno de estos gabinetes que acosaba algunos clientes vulnerables. Esto provocaba que, aunque tenían derecho a ello, las familias no encendían la luz ni la calefacción por miedo a aumentar el devengo. En otros casos, el acoso llegaba hasta los ayuntamientos. En agosto de 2019 Endesa envió una carta a cada consistorio avisando que si los ayuntamientos no abonaban la mitad de la deuda de las facturas a los más vulnerables, les cortarían la luz.

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Fueron estas cartas las que motivaron a la Generalitat a abrir un nuevo proceso negociador con la compañía que por fin ha llegado a buen puerto. La ha encabezado la Conselleria d'Afers Socials con la colaboración de la Conselleria d'Empresa. Aunque la pandemia retardó las negociaciones, varias fuentes negociadoras explican que nadie se levantó de la mesa. La Generalitat, los municipios y las entidades sociales pedían que la compañía asumiera el 100% de la deuda de los pobres. Finalmente no ha sido así. Algunas fuentes conocedoras explican que la deuda histórica se ha dividido por cada año, y aquí los porcentajes de qué asume cada uno difieren sensiblemente. En los totales, Endesa asumiría más del 50% de la deuda, mientras que la otra mitad la pagarían la Generalitat y los entes supramunicipales: es decir las distintas diputaciones de cada provincia o el Àrea Metropolitana de Barcelona.

A partir de ahora, el Govern se ha comprometido a crear y financiar un fondo de solidaridad, donde cada administración aportará una parte proporcional del dinero, cerca de diez millones de euros. Endesa financiará la mitad de los fondos, la Generalitat el 25% y las administraciones supramunicipales otro 25% restante. El acuerdo también estipularía, según fuentes consultadas, los protocolos que dictan quién es un cliente vulnerable, crearían una base de datos compartida entre servicios y empresa, y modelos de comunicación de los derechos de tener luz en casa.