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Puigdemont y Colau exigen a las eléctricas que firmen un convenio contra la pobreza energética

El 'president' lanza un mensaje a las empresas, hasta ahora reticentes a colaborar: "Tienen que cumplir con su deber"

El texto, suscrito por todas las instituciones catalanas, prevé que el sector asuma la mitad del coste que el fenómeno supone para las administraciones

TONI SUST / BARCELONA

Puigdemont y Colau durante la presentación del convenio sobre pobreza energética.

Puigdemont y Colau durante la presentación del convenio sobre pobreza energética. / JOAN CORTADELLAS

Desde que la pobreza energética entró en el debate público en Catalunya, en plena crisis, las compañías suministradoras han sido interpeladas en varias ocasiones para que se sumen a los esfuerzos para proteger a los clientes con menos recursos. Al principio, se hablaba de evitar los cortes de suministro en los meses más fríos, como, se recordaba siempre, hacen los franceses. Pero en seguida se vio que aplazar los pagos correspondientes a esos meses no servía para mucho: el que es pobre en febrero suele seguir siéndolo en junio.

Con el tiempo, distintas administraciones han instado a las empresas a mojarse, a participar de la solución. Es decir, a poner dinero de su bolsillo, de sus beneficios, para paliar la situación de las familias que no pueden asumir el coste del servicio. Y hasta ahora han pinchado en hueso: las empresas no han dado el paso.

Este jueves, representantes de todas las instituciones catalanas, encabezados por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han reunido para escenificar un frente común: han suscrito un convenio único que invitarán a las suministradoras a firmar. Lo más relevante del convenio es que deja por escrito que las empresas se comprometen a asumir el 50% del gasto público que genera la pobreza energética.

La aportación de las suministradoras se concretaría en la implantación de tarifas sociales, en la condonación de la deuda de clientes económicamente vulnerables y en aportaciones económicas directas. Hasta ahora solo 21 suministradoras de agua han firmado convenios de este tipo.

“Somos distintas administraciones con un objetivo común. Especialmente hoy, con la subida de precios, las suministradoras tienen un deber. E interpelamos a las compañías para que cumplan con su deber”, ha dicho Puigdemont en el Palau de la Generalitat. Ha sido el último en intervenir, en un acto en el que también lo han hecho Colau y otros alcaldes, concejales y representantes de diputaciones y asociaciones de municipios. Colau, que hace meses que intenta que las empresas firmen un convenio con obligaciones que acuñó el consistorio, ha advertido: “Llegamos tarde, lo tendríamos que haber hecho antes. No hablamos de buena voluntad, hablamos de cumplir la ley”.

CONVENIO Y PROTOCOLO

El convenio acordado, además de lo ya citado, prevé que las suministradoras promuevan el bono social (cuyo desconocimiento ha hecho que en los últimos años que no lo pidan muchos clientes con derecho a una factura inferior a la normal) y que, como es preceptivo por la ley 24/2015, no recurrida por el Gobierno en la parte que atañe a la pobreza energética y por lo tanto en vigor, soliciten informes a servicios sociales antes de cortar el suministro, para cerciorarse de que el impago no se debe a la falta de recursos.

Además, las instituciones han acordado un protocolo de aplicación de esta ley, precisamente para incrementar la seguridad jurídica de las personas con menos recursos. Hay uno vigente, elaborado por la Agència Catalana del Consum, recurrido por UNESA, patronal eléctrica, y por Endesa. El recurso está pendiente de resolución y cuenta con dos posiciones distintas de diferentes salas del Tribunal Contencioso administrativo: una lo paralizó provisionalmente y el otro desestimó hacerlo, por lo que la Generalitat lo ha seguido aplicando.

El nuevo protocolo insta a las empresas a informar de los derechos recogidos en la 24/2015 en todos los documentos que emita en relación con impagos.