Colectivos desprotegidos

Amenaza de apagón en las ayudas para la pobreza energética

Protesta de la Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), el pasado 18 de febrero en Barcelona.

Protesta de la Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE), el pasado 18 de febrero en Barcelona. / Sergi Conesa

  • Endesa constata una sangría de clientes vulnerables en Catalunya que no acceden a las ayudas previstas

  • Los servicios sociales reciben una alud de peticiones para ayudar a los hogares a tramitar estas prestaciones

  • Entidades piden a la eléctrica y al Estado un servicio de atención gratuito y ágil para los más necesitados

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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A finales de marzo de este año, 5.300 hogares vulnerables en Catalunya que tienen la luz contratada con Endesa deberán renovar el bono social que les permite reducir considerablemente el precio de la factura de la luz. De estos, el 88% aún no ha tramitado dichas ayudas. La compañía asegura tener cierta "preocupación" ante este porcentaje debido a la magnitud de la crisis social que afecta a miles de hogares. Los servicios municipales apuntan que estas familias no pueden renovar las ayudas porque no tienen ordenador ni internet o porque tienen miedo de infectarse al salir de casa. Entidades como la Aliança Contra la Pobresa Energètica piden a Endesa y al Ministerio para la Transición Ecológica que refuercen los servicios para facilitar los trámites a los afectados.

"En 15 días se me caduca el bono social y no sé que es lo que tengo que hacer. ¿Me podéis ayudar, por favor?". Este es un ejemplo de las llamadas que empiezan ya a colapsar los servicios sociales de los ayuntamientos o los servicios especializados de apoyo a la pobreza energética creados por algunos municipios, según explican sus trabajadores a EL PERIÓDICO. Los datos de Endesa, la principal empresa distribuidora de la energía en Catalunya, son bien claros. De los 5.300 clientes que deben renovar esta ayuda, solo 636 la han tramitado, un mísero 12%. "Dada la situación actual, sabemos que las familias no han mejorado su situación económica, más bien al contrario", dicen fuentes de la compañía.

El bono social eléctrico es una ayuda que otorga el Ministerio para la Transición Ecológica y que se renueva cada dos años. Pueden acceder a ella jubilados que ingresan menos de 500 euros de pensión, familias numerosas u hogares que demuestran bajos ingresos regulados por una normativa estatal. A quienes les caduca, la compañía les envía una carta informativa con la factura de la luz con los enlaces de internet donde les informan de toda la documentación necesaria que deben presentar, así como correos electrónicos y direcciones postales donde hacer llegar la documentación. Endesa envía los datos al Transición Ecológica y el ministerio acepta o deniega las ayudas. En estos momentos, Endesa está tramitando 6.700 expedientes de bono social al mes, de los cuales el 70% son aceptados por el Gobierno.

Brecha digital

La realidad que se encuentran muchos de los servicios de asesoramiento es que la brecha digital impide a muchas personas acceder a la información requerida o mandar los correos electrónicos. A ello también se suman ahora las restricciones de la pandemia.

"Este es un problema que llevamos arrastrando hace años, pero ahora claramente ha empeorado. Hay personas que tienen miedo a salir de casa para hacer todos los trámites por si se infectan, especialmente las personas mayores, dependientes o con enfermedades crónicas, que precisamente son las que tienen derecho a acceder al bono social", apunta Marta García, directora de Ecoserveis, una consultora energética sin ánimo de lucro.

Y es que el 5,5% de los afectados son jubilados con pensiones de menos de 500 euros y el 50%, familias con graves dificultades económicas. "La última de sus prioridades es ir al Registro Civil, conseguir toda la documentación y mandarla a tiempo", exponen fuentes de servicios de atención social.

Desentendimiento

"El problema está en la comunicación", se queja la portavoz de la Aliança Contra la Pobresa Energètica, Maria Campuzano. "Endesa, y todas las eléctricas, deberían acompañar y ayudar a todas las personas que necesiten renovar el bono social. Muchas de estas personas no tienen internet y ni saben la documentación que deben presentar", agrega Campuzano. Una tesis que está en la línea de las demandas del Ayuntamiento de Barcelona.

En la Ciudad Condal, acaban siendo los Puntos de Asesoramiento Energético quienes acompañan y asesoran las familias que necesitan renovar esta ayuda social. "Es un trámite farragoso y complejo para muchas personas, pero quienes debería hacer esta atención son las compañías", se quejan fuentes municipales. "Tienen beneficios millonarios y toda la información sobre las personas que lo solicitan o lo renuevan", insisten desde el consistorio de Ada Colau.

Un año de retraso con la Generalitat

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A parte del bono social eléctrico, existe una ayuda extra para las familias vulnerables que depende de la Generalitat de Catalunya. Se trata del bono social térmico, una ayuda económica que se da durante los tres primeros meses del año y que sirve para pagar los costes de la calefacción y el agua caliente que consumen los más necesitados.

Este bono está dirigido a los mismos hogares que perciben el bono social eléctrico, y oscila entre los 50 a los 150 euros al año, en función de la zona climática donde vive la familia. "El Govern aún no ha dado las ayudas previstas para el año pasado", se queja García, quien remarca que existe una "doble limitación" para los más necesitados.