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COLECTIVO VULNERABLE

Endesa quiere cofinanciar al 50% la deuda de la pobreza energética en Catalunya

La empresa se compromete a pagar 10,5 millones de euros para sufragar los gastos de más de 25.000 hogares vulnerables

Hace cuatro años que una ley obliga a las empresas financiar el 50% de las deudas de la pobreza energética mediante convenios

Elisenda Colell

Protesta en Barcelona, el pasado mes de noviembre, por la muerte de una anciana en Reus, víctima de la pobreza energética.

Protesta en Barcelona, el pasado mes de noviembre, por la muerte de una anciana en Reus, víctima de la pobreza energética. / FERRAN NADEU

Cuatro años después, y tras múltiples negociaciones, Endesa es la primera empresa energética que cofinancia las deudas a las familias vulnerables que no pueden pagar la luz en Catalunya. Es lo que ha explicado hoy la compañía en un comunicado a la prensa. Una obligación que ya hacía constar la ley catalana 24/2015 a través de varios convenios, pero hasta ahora ninguna Administración había arrancado el compromiso de las empresas. La Generalitat celebra la desición y espera que firmen los convenios pasado el verano. La Alianza Contra la Pobreza Energética ve una "propuesta de mínimos".

Endesa tiene 25.000 hogares que tienen contratada la luz con ellos pero que no la pagan porque son pobres. Como los servicios sociales han acreditado su situación de vulnerabilidad, la compañía no les puede cortarles el sumnistro. Aunque no las pagan, las facturas les siguen llegando. En total estos hogares suman 21 millones de euros, a deber a las compañías eléctricas.

Hoy Endesa se ha comprometido, en un comunicado a los medios, a abonar el 50% de esta deuda. De hecho, la ley catalana contra la pobreza energética fija que las empresas tienen que firmar convenios con la administración comprometiéndose a pagar la mitad de estas facturas. Así bien, Endesa espera que las administraciones les paguen la otra mitad, tal y como también define la ley.

La Generalitat se congratula de la decisión. Cuatro años después de la aprovación de la ley, las empresas suministradoras de agua se comprometieron a firmar estos convenios. "Hace dos años y medio que tenemos hechos los convenios, pero las eléctricas se han negado siempre a firmar" afirman fuentes de la conselleria d'empresa. De hecho, ya en 2016, visto la negativa de las elécticas a aceptar pagar esta deuda, las administraciones decidieron hacer un frente común integrado por la Generalitat, las cuatro diputaciones y las dos federaciones de municipios (la ACM y la FCM). 

"Vamos a respetar este frente común, y si a todos nos parece bien la propuesta pasado el verano impulsaremos la firma de los convenios para que paguen la mitad de la deuda", añaden desde el Govern. Así pues, la firma se podría situar a mediados de septiembre. Sin embargo, hay otras eléctricas en Cataluña que no han tomado esta decisión. Según los cálculos que maneja la Generalitat, habría almenos 10.000 familias que seguiran engrosando sus deudas.

Hace varios años, algunos ayuntamientos, como Barcelona o Sabadell, decidieron no pagar las facturas de estas personas. Lo hicieron como modo de presión hasta que las compañías no se sentaran asumir parte de la deuda con los más vulnerables. Fuentes de Endesa aseguran que han llegado a esta decisión dada la "insostenibilidad" de la situación deudora. "Nuestro objetivo es protejer al cliente vulnerable de forma defintiva", añade, también, la compañía.

Desde la empresa explican que no hay ningún documento firmado a nivel oficial, pero ya han transmitido su decisión a la Generalitat. Hoy lo están haciendo a los entes municipales donde consten más de 5 usuarios de servicios sociales que deban, entre todos, 10.000 euros como mínimo de las facturas de la luz o el gas.

Las entidades sociales ven "una propuesta de mínimos"

El sector social ha recibido con cierta estupefacción la decisión de Endesa. "No es su propuesta, es que cuatro años después han decidio cumplir la ley, nos están dando la razón", responde Mónica Guiteras, miembro de la Alianza Contra la Pobreza Energética, que es quien impulsó la ley. "Es una victora de la lucha de la calle", añade.

Sin embargo, dudan de "no haver visto la letra pequeña" y aseguran que la decisión de hoy es "de mínimos". Al final, según Guiteras, la administración va a tener que dar diez millones de euros que engrosarán las cuentas de esta empresa, con beneficios millonarios, cosa que no le parece bien. Y recuerda que, igual que con el tema de la deuda, hay otros aspectos que siguen en el tintero. Por ejemplo, permitir "contadores seguros" a las familias deshauciadas que han tenido que okupar un immueble. 

También la federación d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) ve una respuesta de mínimos de la empresa. "Estamos contentos que Endesa haya aceptado de cumplir la ley, pero deben hacer mucho más", señala la presidenta Sonia Fuertes. Propone que bajen los precios de los suministros, que en los últimos cinco años se han duplicado en España. "No puede ser que haya familias que destinen tanto dinero a pagar un bien básico como la electricidad", asegura.

Cuatro años de ruegos

En julio de 2015 el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergéncia en el àmbito de la vivienda y la pobreza energética. Un artículo, el número seis, prohibía tajantemente que las empresas energéticas pudieran cortar cualquier suministro a las famílias sin recursos. También les obligaba a firmar convenios para que se hicieran cargo de esta deuda, al menos, del 50%.

En abril de 2016 el gobierno de Mariano Rajoy llevó al Tribunal Constitucional varios artículos de la ley. Primero el TC los suspendió cautelarmente, aunque en julio del mismo año acabaron tumbados. Sin embargo, el número seis, el que hacía referencia a la ponreza energética, seguía intacto. 

La Generalitat desarrolló un protocolo para decidir como actuar en caso de vulnerabilidad de una familia. La compañía debía avisar al ayuntamiento, y hasta que los servicios sociales no dijeran lo contrario, se aplicaba el criterio de precaución y no se podía producir el corte. Es exactamente lo que recoje la ley. 

No todas las compañías los aplicaban. Por ejemplo Gas Natural, que no comunicó la orden de corte de Rosa, una señora de 80 años que murió por un incendio en su domicilo. Como le habían cortado la luz, y no la podía pagar, encendía velas por la noche que acabaron calcinando su colchón. A raíz de aquí, el entonces president Carles Puigdemont impulsó un frente común de todas las administraciones para exigir a las empresas que condonaran la mitad de las deudas de la pobreza energética. 

Las empresas de agua ya habían firmado. Pero las eléctricas y de gas no se quierían ni sentar a negociar. Hubo encuentros, que terminaron en nada. El 'Govern' y las entidades sociales, en el fondo, daban por perdida la cuestión. Aunque los ayuntamientos decidieron presionar al no pagar ni una factura más. "Les estamos engrandando la cuenta de resultados y ellos no asumen ninguna responsabilidad social", decían varios alcaldes en los foros de pobreza energética celebrados por la Taula del Tercer Sector. 

Cuatro años después, Endesa ha rectificado y ha aceptado pagar las deudas de las familias pobres. Es la principal empresa distribuidora de la energía en Catalunya. Ahora solo falta que el resto de compañías se unan y firmen también estos convenios.