Los okupas: o velas o a 'pinchar' la luz

Vivir de okupa es incompatible con tener un contador seguro de la luz. Las compañías eléctricas se niegan a normalizar la "usurpación de vivienda" y exigen un contrato de alquiler y propiedad cuando alguien manipula la red eléctrica. De hecho, en cuanto los técnicos se encuentran una instalación 'pinchada', cortan el subministro y presentan denuncia de fraude eléctrico ante la policía. Se trate de una familia necesitada, o no. Lo confirma un portavoz de Endesa a EL PERIÓDICO: “Nosotros desconocemos la realidad de cada vivienda, esto corresponde a los servicios sociales. Lo que sí sabemos es que la manipulación eléctrica es una causa de incendio”. 

Por esto, cuando los inspectores e instaladores van a detectar fraude en algunos barrios, hay amenazas de muerte, peleas e insultos. “En algún caso nos han recibido con pistolas y hemos que ir escoltados por los mossos”, señalan fuentes de la compañía.

El problema más grave se da cuando los okupas son familias que han sido deshauciadas y que están en lista de espera para adquirir una vivienda social (que se puede alargar hasta dos años). Con los servicios sociales desbordados, optan por la patada en la puerta y ocupar una vivienda de manera ilegal, sobre todo cuando tienen niños a cargo. “Estas personas están condenadas a 'pinchar' a la luz o vivir con velas: ponen en riesgo sus vidas”, señala la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, María Campuzano. Hace un par de años que diversas compañías de agua -entre ellas Agbar- facilitan contadores a familias vulnerables atendidas por servicios sociales. “Pagan lo que pueden, se evitan inundaciones y acceso a agua insalubre. Algo a lo que las eléctricas se niegan”, apunta Campuzano que añade que hace años que piden a las compañías de luz que regularicen estos hogares. “Sabíamos que podía haber muertos”, advierte.

Sant Roc no es una excepción. Uno de los barrios más castigados por la crisis, concentra una elevada proporción de pisos vacíos que ocupan familias enteras. Es uno de los primeros lugares donde se instaló el negocio de los 'pisos patada'. Las familias pagan hasta 2.000 euros para conseguir una llave de un piso ocupado. “Muchos instaladores se niegan a visitar el barrio. Los okupas saben que si se detectan que están pinchados se van a quedar sin luz”, explica Manel Rivero, gestor energético que trabaja en Intiam Ruai. Esta empresa hace, al año, centenares de asesorías energéticas entre las famílias atendidas por servicios sociales.

“Es muy arriesgado 'pinchar' la luz, nos encontramos instalaciones enganchadas con pinzas al tendido exterior”. En el 2017, Badalona regularizó el servicio de luz a 90 familias de Sant Roc. Todos eran propietarios o inquilinos. Muchos se 'pincharon' cuando las eléctricas podían cortar la luz a las famílias pobres. El reto ahora recae sobre las famílias que ocupan viviendas. No hay datos oficiales, pero se pueden contar por millares, especialmente en los barrios más afectados por la crisis.