El sector inmobiliario en bloque y Foment del Treball cargan contra la regulación del alquiler temporal de vivienda

Lo denunció el colectivo d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya el mismo día que la Generalitat hizo público el decreto ley aprobado de urgencia y se suman ahora a la demanda otras seis entidades del sector y Foment del Treball. "El Govern no ha mostrado, a diferencia del Gobierno del Estado, ninguna voluntad de diálogo con el colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria", asestaron el miércoles los primeros. "Desgraciadamente, una vez más el Govern de la Generalitat aprueba una regulación sin consultar con los agentes del sector", han disparado este viernes la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE), junto a la patronal.

"El sector inmobiliario quiere remarcar que no acepta, ni aceptará, la criminalización de los propietarios de vivienda en arrendamiento, tal como deje entrever el nuevo texto legislativo", remacha un comunicado firmado por l'Associació d'Agents Inmobiliarios de Catalunya, el Col·legi d'Agents de la Propietat Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya y el Consell de Cambres de la Propietat, además de la APCE.

¿Cómo y por qué regula Catalunya el alquiler de temporada? Claves del último giro en la ley de vivienda

De este modo, el sector catalán de la construcción, promoción y gestión de la vivienda se alía casi al unísono en una reclamación que, además de poner de manifiesto lo maltrechos que están los puentes con el Ejecutivo catalán, carga sin vacilar contra el decreto ley.

"Esta normativa genera confusión e inseguridad jurídica a propietarios y arrendadores de vivienda, tanto por una técnica jurídica mala, como porque lleva a una confrontación con el legislador estatal en materia de la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil", opinan. "No contribuye a la resolución del problema de la vivienda, sino que comportará nuevos inconvenientes y la perpetuará en el tiempo, del mismo modo que ha sucedido con otras medidas dictadas en materia de vivienda por el actual Govern de la Generalitat", agregan.

El decreto ley

Lo que ha hecho la 'conselleria' de Territori, que tanto ha enfadado al sector, es aprobar el miércoles un decreto que modifica algunos artículos de la Ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007), esencialmente para concretar que la vivienda que se alquila a estudiantes, a trabajadores que van a estar temporalmente en la comunidad o a personas que necesitan cobijo unos meses por estar en medio de un tratamiento médico, por ejemplo, tiene que estar sujeta a las mismas normas que los inmuebles que se alquilan para vivir permanentemente en ellos. Es decir, que si están en una zona tensionada deben tener prohibidas las subidas indiscriminadas de precio y los propietarios deben hacerse cargo de los gastos de gestión inmobiliaria, entre otras cosas.

También los anuncios respecto a estas viviendas tienen que indicar el precio de referencia del alquiler que resulte del sistema de índices, lo que pagaba por él el último arrendatario y la condición de gran tenedor del propietario, si lo es. Además, la Generalitat se asegura un régimen sancionador con multas que pueden llegar hasta los 900.000 euros para evitar el fraude.

Todo esto -denuncia el sector- "lejos de mejorar el acceso y aumentar la oferta, tensionará todavía más el mercado de vivienda, donde lo que hace falta son políticas consensuadas con los agentes del sector, dotación presupuestaria suficiente, generación de suelo finalista para construir la vivienda necesaria (se debe ampliar la oferta de vivienda, no reducirla) y medidas dirigidas al fomento de herramientas efectivas que promuevan vivienda asequible, como por ejemplo fórmulas de colaboración publicoprivada".