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CORTES DE ELECTRICIDAD

Frente institucional contra las "amenazas" de Endesa con la pobreza energética

La compañía advirtió por carta a los consistorios que si no pagan las facturas atrasadas cortarán la luz a los vulnerables

La Generalitat ha convocado una reunión para solucionar la situación el próximo lunes

Elisenda Colell

Cristina García, vecina de Badalona y víctima de la pobreza energética, este verano junto a su hija más pequeña.

Cristina García, vecina de Badalona y víctima de la pobreza energética, este verano junto a su hija más pequeña.

Los ayuntamientos catalanes y la Generalitat estudian con lupa la propuesta, o amenaza para algunos, que les ha mandado Endesa durante las vacaciones de agosto. Existe el riesgo de que si los consistorios no pagan 10 millones a la empresa, centenares de hogares se puedan quedar sin luz el próximo octubre, a las puertas del invierno. Administraciones supramunicipales, asociaciones municipalistas, ayuntamientos y Govern estudian una respuesta unitaria, que según algunos entes, debería pasar por que la Generalitat asuma estos fondos.  La semana que viene están previstos varios encuentros, en los que la Conselleria d’Afers Socials va a proponer una medida que, de momento, no quiere desvelar.

La ley catalana 24/2015 de pobreza energética, aprobada por unanimidad hace cuatro años en el Parlament, establece dos medidas esenciales en su artículo sexto. Primero, no se puede cortar la luz a las familias vulnerables acreditadas por servicios sociales municipales. Segundo, las empresas suministradoras de energía deben asumir parte de las facturas de estas familias mediante convenios. El último que las administraciones planteron, en enero de 2017, el Govern se comprometió a saldar el 50% del coste, para que las empresas condonaran la otra mitad. Pero en aquél momento ninguna eléctrica lo quiso firmar. 

Las empresas de agua firmaron estos pactos hace años. Tras cuatro años de negativas, el 1 de agosto del 2019, en un comunicado a los medios, Endesa se comprometió a financiar la mitad de las facturas de los vulnerables. La otra mitad, 10 millones de euros, lo deberían asumir las administraciones.

Pocos días después todos los consistorios catalanes fueron recibiendo cartas advirtiendo de esta nueva postura. “Avisamos a este ayuntamiento que asuma el pago de la deuda acumulada, y Endesa asumirá el 50% restante”, dice la carta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Pero en la misiva se añade algo que en los comunicados a la prensa la compañía no mencionó: “En caso contrario, nos veremos obligados a iniciar a partir del 1 de octubre, los procedimientos de suspensión de suministros”.

Terrassa y Sabadell

“Ningún consistorio se ha quejado formalmente”, explican fuentes de la empresa, que insisten en que ellos están dispuestos a llegar a los acuerdos que haga falta para  financiar la deuda de la pobreza energética. Las quejas, sin embargo, sí han llegado a los medios locales de consistorios como el de Terrassa o Sabadell, entre otros. “Nos parece intolerable que quieran cortarles la luz a estas familias cuando la ley no lo permite, esto es una amenaza y es ilegal”, explica la concejala de vivienda del Ayuntamiento de Terrassa, Lluïsa Melgares.

Pero hay más consistorios que se quejan de esta situación. El alcalde de Esparreguera, Eduard Rivas, lo considera una “clara muestra de insensibilidad social” y, en principio, no es partidario de abonar un solo euro desde su administración. “Los ayuntamientos no podemos estar engordando las cuentas de resultados de estas empresas, además, ahora mismo no tenemos todo este dinero”. Aún es temprano para abordar estos temas, pero hay administraciones que se están planteando llevar este escrito de Endesa a los tribunales. De momento los servicios jurídicos de todas las administraciones lo están estudiando al detalle. Incluida la Generalitat.

Como estos, decenas de ayuntamientos se han dirigido a las diputaciones, asociaciones municipalistas o al Govern pidiendo soluciones, o alguna alternativa. “El calendario no ha sido casual, estamos en pleno agosto, con las administraciones a medio gas por las vacaciones y muchos concejales recién llegados que están asustados”, constatan en la Diputación de Barcelona. Por su parte, fuentes de la Conselleria d’Afers Socials explican que quieren liderar la respuesta municipal, con una premisa muy básica: cortar la luz a las personas vulnerables es ilegal en Catalunya. Desde la secretaría general de protección social trabajan en un plan sobre esta situación. Sin embargo, no quieren detallarlo aún a la prensa.

Reunión el día 2

El 'conseller' de Afers Socials de la Generalitat, Chakir el Homrani, explicará esta propuesta el día 2 de septiembre por la mañana en una reunión donde están citadas las cuatro diputaciones, las dos entidades municipalistas, el Área Metropolitana y la conselleria d'Empresa, encargada de los convenios con las empresas. A partir de ahí, el día 4 de septiembre la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha convocado a todos los consistorios de la provincia, para detallarles los compromisos de la Generalitat. “El objetivo es salir de allí con una respuesta única a esta amenaza que ha hecho Endesa, hacer un frente unitario de todas las administraciones catalanas que sea clara y indudable”, explican fuentes del ente supramunicioal.

Hasta hoy, con la pobreza energética, cada consistorio ha hecho lo que ha podido. Algunos decidieron no pagar ni un euro a las suministradoras, como Sabadell o Badalona. Otras han ido tirando de fondos propios, del área metropolitana, de las diputaciones o de la misma Generalitat. Sin embargo, estos fondos nunca se han terminado de gastar al completo. “Es hora de ir a la una”, explican desde la diputación.

El consistorio de Terrassa, por su parte, ha convocado otra reunión con alcaldes y administraciones el día siguiente, el 5 de septiembre, donde sí está citada la Alianza contra la Pobreza Energética, el movimiento social que presta una ayuda a todos los afectados. El objetivo es el mismo. “Nosotros creemos que Endesa debería firmar un convenio con la Generalitat, y que ellos asuman el pago estas facturas, los ayuntamientos no tenemos tanto dinero”, concluye la tarrasense.

Mientras los políticos analizan esta carta y piensan qué hacer y con qué dinero, 21.000 hogares que Endesa catalogó como ‘vulnerables’ pueden quedarse sin luz ni calefacción durante este invierno. Algunos de ellos compuestos por personas mayores, dependientes o menores de edad.

La pobreza energética ahoga 61.000 hogares catalanes

Cristina García es una de las 61.000 familias catalanas que sufren pobreza energética, según constata la Conselleria d’Afers Socials. Esta madre sola, que sustenta cuatro hijos, tiene problemas por mantener su casa a una temperatura adecuada, especialmente en verano. “Mis hijas duermen en el tejado”, explicaba hace unas semanas a El Periódico.

Estos 61.000 hogares que confirma la Generalitat tienen abierto un expediente por ser víctimas de la pobreza energética  a través de los servicios sociales municipales a lo largo del 2018. La mitad, unos 30.000 recibieron ayudas para pagar a los suministros porque sus ayuntamientos pidieron estos fondos del Govern.

Pero si los clientes vulnerables de Endesa en Catalunya son 25.000, 36.000 dependen de otras compañías, como Gas Natural o Iberdrola. Unas empresas que, a día de hoy, aún no se han abierto a asumir parte de la deuda que suponen estas familias que no tienen dinero para pagar los suministros. Una desigualdad injusta, la de los clientes en función de la compañía con la que tengan la luz contratada, que ya señaló a inicios de agosto la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), el movimiento social que, precisamente, fue uno de los impulsores de la ley catalana que evita los cortes a los más vulnerables.

Sin embargo, queda un fuerte grueso de personas, víctimas de la exclusión social, que no son contabilizadas pero que son las peores víctimas de todo el sistema. Se trata de todas aquellas familias que optan por ocupar un piso tras un desahucio al no tener ninguna vivienda disponible para su realojo. Estos hogares, que son atendidos por los servicios sociales municipales, se acaban ‘pinchando’ a la corriente para tener acceso a la electricidad, aunque nadie sabe cuántos son. “Igual que ya hacen las compañías de agua, las eléctricas deben instalar contadores seguros y sociales para estas familias, en vez de multarles”, insiste el APE. Un compromiso, de momento, que ninguna empresa ha defendido. Tampoco lo ha hecho la Generalitat, que insiste en que las ocupaciones son un delito, el de allanamiento o usurpación de la propiedad privada.

Sin embargo, los activistas llevan años señalando que el riesgo de incendio al que se exponen estas familias es real, muchas, además en espera para una vivienda de alquiler social que les debería proveer la administración. De hecho, ya se han dado algunos casos, como ocurrió el dos de enero en el barrio de Sant Roc, en Badalona. El incendio de un piso provocó la muerte de tres personas y otras 30 resultaron heridas.