Pobreza energética

Un juez de Barcelona investiga a una empresa de recobro por coacciones y estafa a familias vulnerables

  • Una empleada de DPS Consulting se hizo pasar por funcionaria y amenazó a una familia vulnerable con cortarle la luz y embargar las cuentas si no pagaba las facturas atrasadas

  • Según la acusación, la trabajadora denunció que estas prácticas eran un modus operandi habitual en la empresa, que hoy sigue colaborando con Endesa

Una mujer afectada por pobreza energética, en su piso de Nou Barris, en Barcelona.

Una mujer afectada por pobreza energética, en su piso de Nou Barris, en Barcelona. / CARLOS MONTAÑÉS

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Elisenda Colell
Elisenda Colell

Redactora

Especialista en pobreza, migraciones, dependencia, infancia vulnerable, feminismos y LGTBI

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"Buenos días, le llamo del juzgado de Barcelona. Le adelanto que tiene un grave problema judicial". Así empezaba la llamada que Yolanda recibía el mediodía del 3 de julio del año pasado. En realidad no era ningún juzgado quien la llamaba, era una empresa de recobro de facturas impagadas de Endesa, DPS Consulting . Un juzgado de Barcelona está investigando a esta empleada, a la empresa y a dos directivos más para determinar si coaccionaban y amenazaban con falsedades para cobrar esas deudas. Sin empleo, y con un niño a su cargo, Yolanda tenía derecho a tener corriente en casa porque está protegida por ley. Endesa dice que si el caso termina con condena, y se demuestra que esta mala praxis era un 'modus operandi', dejarán de colaborar con ellos.

Así coacciona y engaña una empresa de recobro a familias con pobreza energética.

"- Le llamamos para informar que el miércoles en su casa cortan la luz, bloquean las cuentas y sus ingresos, y le ponen un precintado judicial al contador, para que ninguna compañía le de luz.

- ¿Y qué se tiene que hacer para poderlo solventar?

- Cuando intervenimos en juzgados o se paga todo o se procede

- Yo no tengo…

- Necesitamos el documento de pago de la totalidad."

Así es como Yolanda entró en pánico y en una crisis de ansiedad. Al ser avisada de que o pagaba los más de 2.300 euros que debía a Endesa o le bloqueaban las cuentas y se quedaba sin luz en casa. Dos días después, en la Oficina de Atención Ciudadana de la Ciudad de la Justicia descubrió que aquello no era cierto. Que ningún juzgado iba a cortarle la luz ni embargarle las cuentas, y que además, al ser clienta vulnerable de Endesa acreditada por servicios sociales, tenía derecho al suministro.

Trabajando con Endesa

Cuando Endesa se enteró del caso, denunció a la trabajadora que había hecho aquellas llamadas. "Es un caso de mala praxis que no compartimos", dicen desde la empresa. Aseguran que ellos se querellaron contra esta trabajadora que hizo esta llamada y abrieron una auditoría para depurar responsabilidades. El primer procedimiento se archivó por falta de pruebas. Tras la auditoría, la trabajadora fue despedida y Endesa siguió trabajando con DPS Consulting. "Se tomaron las medidas oportunas para que no se repitiera nunca más", señala la compañía.

En diciembre del mismo año, la Alianza Contra la Pobreza Energética ayudó a Yolanda a llevar este asunto a los juzgados. El juzgado 5 de Barcelona admitió el caso e inició una investigación en la que han participado los Mossos d'Esquadra y en la que se citó como investigados a la trabajadora que hizo la llamada y a dos directivos de la empresa: Ricard Parés y Giorgia de la Mata.

Departamento de llamadas especiales

Según fuentes de la acusación particular, que ha tenido acceso al sumario de la causa, la trabajadora que hizo la llamada desveló en sede judicial que la llamada de Yolanda formaba parte de un modus operando habitual. Un "departamento de llamadas especiales" , según se aporta en el sumario. La trabajadora también aportó un documento en el que se mostraba cómo debían de proceder cuando llamaban a las familias como Yolanda, en este caso aplicada con Gas Natural. Debían hacerse pasar por el juzgado y amenazar con el corte de los suministros si no se paga en un día establecido.

Documento aportado por la trabajadora, en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

/ EL PERIÓDICO

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El juez ha cerrado la investigación y está pendiente que la fiscalía haga el escrito de acusaciones o pida que el caso se archive. Los abogados de Yolanda acusan a los dos directivos y la trabajadora de usurpación de funciones públicas, coacciones y tentativa de amenazas. Endesa insiste que ni DPS Consulting ni ninguna empresa de recobro puede exigir el pago de las facturas atrasadas de ningún cliente vulnerable, y más después de firmar el convenio con la Generalitat cuya deuda ha sido condonada, o abonada por la administración.

"No es un caso aislado"

"El caso de Yolanda no es aislado, si no que forma parte de un conjunto de estrategias variadas desplegadas de forma habitual por las empresas suministradoras de electricidad y luz", afirman desde la Alianza contra la Pobreza Energética, que está ayudando a Yolanda a pagar las costas judiciales. Denuncian que hace cinco años que atienden a familias vulnerables que reciben esta llamadas. "El poder judicial tiene el poder de establecer un precedente que frene las prácticas deliberadas y sistemáticas de acoso y contra la impunidad del oligopolio energético", insisten los activistas, que esperan que el caso termine en juicio y con sentencia favorable.