13 ago 2020

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Terrassa consigue el primer contador social en Catalunya

44 hogares vulnerables de Terrassa llevan tres años con un servicio de luz legal y permanente

Entidades sociales piden que este caso sirva como ejemplo para extenderlo a todos los necesitados

Elisenda Colell

Rafael Julibert (camiseta amarilla) en el cuarto de contadores de la luz de uno de los pisos de la calle Falset, en Terrassa.

Rafael Julibert (camiseta amarilla) en el cuarto de contadores de la luz de uno de los pisos de la calle Falset, en Terrassa.

Los astros se alinearon, bromean algunos de los afectados. Lo cierto es que 44 familias vulnerables que ocupan tres bloques de pisos en Terrassa (Vallès Occidental) han dejado de conectarse ilegalmente a la luz (lo que popularmente se conoce como 'pinchar') porque Endesa les ha facilitado un contador. La Alianza contra la Pobreza Energètica pide que este caso sirva de ejemplo para el resto de hogares en la misma situación, mientras que la compañía insiste que "la seguridad de las personas es lo primero", y que en caso de pinchazo la respuesta debe ser el corte del corriente. El riesgo que corren los inquilinos que se 'pinchan' a la línea es evidente, después de que un incendio en Badalona causara el pasado enero tres muertes y 30 heridos por este motivo.

Rafael Julivert y sus hijos corrieron ese peligro, al igual que las 40 famílias que, hace 5 años, en los peores momentos de la crisis, decidieron ocupar tres inmuebles de Terrassa. Dos de ellos ubicados en la calle Falset con 17 viviendas cada uno, y un tercero en la calle Cervera, de 10 pisos. "Nos podía haber pasado cualquier desgracia" recuerda Julivert, porque en los inicios accedían a la corriente a través de un contador de obra, aún más peligroso. Ahora, y de esto hace ya tres años, han conseguido contadores como si los pisos fueran suyos, y mes a mes van pagando sus recibos. Su caso es prácticamente el único, en toda Catalunya, en que una familia vulnerable que ocupa una vivienda de modo irregular logra tener acceso al corriente de forma legal. 

Su historia se remonta al 2014, momento en el que las famílias ocuparon los bloques y se constituyeron en el Colectivo Nadie Sin Vivienda de Terrassa. Rafa recuerda muy bien ese momento. "Llevaba varios años en el paro, y no podía pagar la hipoteca que tenía con el banco". Le quedaban por pagar 25.000 euros para que su piso fuera suyo. La orden de desahucio no tardó en llegar, y tuvo que abandonar su vivienda. "Todos los que estamos aquí somos famílias con hijos que nos desahuciaron", detalla. "Entonces no había ni mesas de emergencia, ni nada, y no nos queríamos ver en la calle", añade. 

Puertas abiertas

Con una sonrisa socarrona explica que se encontraron "las puertas abiertas". Una sutil forma de dejar en el aire que algún intermediario les ayudó a llegar en estas viviendas. Resulta que en esos pisos no vivía nadie. Estaban acabados de construir, pero faltaban algunos detalles, como la instalación eléctrica. Los inmuebles pertenecían a la constructora, que quebró. Varios bancos se fueron pasando la propiedad de las viviendas, hasta que terminaron en manos de la Sareb, el conocido 'banco malo' que creó el Gobierno para quedarse los 'activos tóxicos' de la banca: es decir aquellos pisos que eran imposibles de vender y que habían bajado de valor. Mientras tanto, los ocupas iban viviendo, o malviviendo, porque su luz dependía de un enganche muy inseguro que les conectaba con la corriente.

La empresa les cortaba el suministro. Ellos estaban unos días sin luz, hasta que se volvían a conectar de forma ilegal. Hasta que en 2016 la eléctrica dijo basta. "Cuando hay manipulación y fraude eléctrico, nosotros procedemos a cortar el suministro, porque estos empalmes ponen en riesgo la seguridad de la instalación y la de todos los vecinos, y la seguridad es lo primero". Y hasta aquí lo que le ocurre a la mayoría de ocupas que hay en Catalunya. ¿Qué hicieron los egarenses de diferente?

En este caso la colaboración con el consistorio fue esencial, que era conocedor de la situaciñon de vulnerabilidad que vivían todas las famílas, la mayoría atendidas por servicios sociales. La entonces concejala de vivienda, Lluïsa Melgares, ha revalidado el cargo estas últimas elecciones. "Nostros trabajamos para garantizar los derechos a nuestros ciudadanos, y la luz es uno de ellos", explica. Y en este caso, se unieron los astros para poder llegar al milagro. "Las familias llevaban varios años ocupando, el propietario lo sabía y no había hecho ni una petición de desahucio, así que entendimos que dejaba a esas famílias vivir en sus propiedades", añade Melgares. 

Pero la clave reside en que nadie se había dado de alta de esa red porque, de hecho, no estaba terminada. El consistorio pagó la puesta a punto de la instalación, por ejemplo comprando un transformador, y pasó la factura a la propiedad. Entonces la empresa accedió a dar de alta los contadores, sin tener ni el contrato de arrendamiento, ni ningún dato del registro de la propiedad, porque no lo había. Por su parte, los vecinos contrajeron una deuda por el peritaje y la creación de los boletines, que asciende a los 5.000 euros por hogar, según explican. Aún hoy siguien pagando ese dinero a la compañía. Ese, y las facturas que les van llegando mes a mes.

"Nos hemos ido recuperando, lo que pasa que no nos podemos permitir una vivienda", señala Rafa. Muchos de ellos -es su caso- trabajan por 700 u 800 euros al mes. Otros, cobran la renta garantizada. Tampoco podrían acceder a una vivienda social porque no tienen orden de desahucio. "Pero al menos podemos ir pagando los recibos poco a poco, y sobre todo, estamos más seguros". Ellos esperan que visibilizar su caso "sirva para ayudar" a las cientos de personas que se han visto obligadas a ocupar debido a la larga lista de espera de vivienda social y el incesante número de desahucios. 

"Claramente este caso demuestra que si la empresa tiene voluntad, se pueden instalar contadores sociales", se queja la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Maria Campuzano. Una entidad que lleva años pidiendo a las compañías de luz que instalen contadores sociales a las familias vulnerables que ocupan, igual que hacen las empresas de agua. Ahora, al menos, se sabe de un precedente.