Vox llevará al TC la reforma del Parlament que quiere acabar con los discursos de odio

El Parlament sigue con la tramitación de la reforma del reglamento impulsada por ERC y la CUP -y avanzada por EL PERIÓDICO- que quiere limitar los discursos de odio de Vox. La semana pasada la Mesa de la Cámara catalana admitió a tramite la propuesta y este martes ha dado un paso más y ha rechazado la petición del grupo de extrema derecha que pedía frenarla. Sí han aceptado la enmienda a la totalidad del mismo partido, que ya ha avisado de que recurrirá al Tribunal Constitucional.

Según el portavoz de la formación, Joan Garriga, la proposición de ley de republicanos y 'cupaires' es "claramente inconstitucional" porque "vulnera derechos fundamentales" como la libertad de expresión y la inviolabilidad parlamentaria de los diputados. Por este motivo, ha asegurado que, si se aprueba, pedirá amparo al alto tribunal, aunque se plantean hacerlo ya tras la admisión a trámite de la propuesta.

El actual reglamento contempla la expulsión de un parlamentario en caso de pronunciar "palabras ofensivas dirigidas a las instituciones públicas, a otro miembro del Parlament o a cualquier otra persona". Pero según los grupos proponentes, este planteamiento es muy genérico, así que optan por un redactado más explícito que prohíba y sancione los "discursos de odio o intolerantes". En este punto incluyen todo aquello que "incite a la discriminación por razón de género, orientación sexual, creencias, ideología, origen, condición social, etnia, lengua o discapacidad". Esta modificación no solo afectaría a los discursos, sino también a las mociones o propuestas de resolución.

Además, ERC y CUP pretenden que todos aquellos diputados que no hayan firmado la declaración de compromiso de tolerancia cero ante la discriminación y el acoso, como es el caso de Vox, no puedan ejercer cargos dentro de la Cámara o en sus órganos, ni formar parte de delegaciones oficiales de la institución. Actualmente, no hay ninguna comisión presidida por la extrema derecha, que tampoco ocupa cargo alguno en la Mesa, aunque eso es debido a un acuerdo extraoficial del resto de partidos.

A la espera de Junts

ERC y CUP necesitan el apoyo de Junts o del PSC para que la propuesta prospere. Y es que además de intentar limitar los discursos de Vox, el plan propone una vía legalizar el voto de Lluís Puig -introduciendo el voto telemático y ampliando los supuestos del voto delegado-. Hasta el momento, los dos partidos han evitado aclarar su posición. Lo que sí forzaron, en la reunión de la Junta de Portavoces de la semana pasada, es que no se tramite por lectura única -la vía más rápida-, abriendo así un período de enmiendas que les permitiría introducir modificaciones al redactado.