Junts perfila su plan migratorio con tres fases para adquirir derechos y el catalán como exigencia

"Debemos poner freno a la llegada masiva de inmigrantes sin ningún tipo de control". Así lo afirmó el alcalde de Vic, Albert Castells, en una entrevista a EL PERIÓDICO. Es uno de los líderes municipales de Junts que en los últimos tiempos ha alzado la voz para pedir cambios en la política migratoria y en la gestión del padrón municipal. A un año y medio de las elecciones municipales, y ante el posible avance de formaciones de extrema derecha como Aliança Catalana especialmente en la Catalunya interior, el partido tiene abierto un debate interno sobre cómo debe abordar la inmigración. A pesar de no haber conseguido la delegación de competencias a la Generalitat por la oposición de Podemos -que tras acordar la regularización de migrantes podría revisar su postura-, la formación está elaborando internamente una hoja de ruta sobre cómo gestionar las llegadas en caso de conseguir estas nuevas atribuciones.

La iniciativa surgió del congreso celebrado en octubre de 2024 en Calella, que encargó a la sectorial de migraciones elaborar un diagnóstico y un plan de actuación. El resultado de esta labor, liderada por la exconsellera de Acció Exterior, Victòria Alsina, queda recogido en el 'plan 8 millones' y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, establece "tres coronas de derechos y deberes". Es decir, propone que los extranjeros adquieran derechos a medida que cumplen también con ciertos "deberes". En estos momentos, la cúpula del partido tiene a su disposición el documento, al que pueden introducir modificaciones antes de validarlo y asumirlo como propio.

El sistema actual ya contempla ciertas fases: las personas inmigrantes en situación irregular tienen derecho a la atención sanitaria básica y a la educación obligatoria -que se adquiere con la inscripción en el padrón-, mientras que la mayor parte de las ayudas no se pueden solicitar hasta que se tiene el permiso de residencia. El plan de los posconvergentes, aún susceptible de cambios, mantiene el primer estamento de "derechos básicos" para los recién llegados, aunque no tengan un contrato de trabajo. La principal diferencia respecto al funcionamiento en vigor es que quieren que el padrón municipal deje de ser la puerta de entrada a la asunción de estos derechos. En su lugar, defienden que haya una especie de "padrón social" que dependa de la Generalitat, como propusieron en su última convención municipalista.

Los posconvergentes quieren crear un "padrón social" que dependa de la Generalitat para que los inmigrantes en situación irregular tengan acceso a la salud y la educación

Las mayores diferencias se producen en las siguientes fases. Para acceder a la segunda corona, que da derecho a ayudas sociales o al reagrupamiento familiar, la propuesta de la sectorial es que se tenga que "contribuir positivamente a la sociedad". Esto significa, para Junts, "trabajar", "no delinquir" y tener conocimientos de "catalán". Por último, proponen que haya una tercera corona llamada "derechos de alta intensidad" para lo que hay que demostrar "más años de integración". En este grupo estaría, por ejemplo, la posibilidad de acceder a viviendas de protección oficial. Se trata de una medida que ha abanderado el alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès.

Más exigencia con el catalán

La lengua catalana es otro frente en el que Junts pone especial atención. Actualmente, el catalán ya es un criterio que la Generalitat tiene en cuenta a la hora de emitir los expedientes de arraigo social en Catalunya, la manera más común de conseguir el permiso de residencia, dado que para muchos es prácticamente imposible conseguir un contrato a jornada completa durante un año o acceder a la universidad. Para hacer estos informes, los técnicos encargados de esta tarea valoran si los solicitantes tienen conocimientos de catalán. Esto se demuestra habiendo superado por lo menos un curso de 45 horas o a través de las entrevistas personales con los interesados.

Junts, sin embargo, no quiere que baste solo con "acudir a los cursos", sino que considera que hay que acreditar un determinado conocimiento de la lengua y de su cultura. Desde la sectorial defienden que en este punto "el rol de las empresas es muy importante" y creen que por lo menos los primeros seis meses se debe "garantizar que los cursos se puedan realizar en horario laboral".

El documento de la sectorial plantea que se tenga que acreditar conocimientos de catalán para obtener el permiso de residencia

La sectorial de migraciones, presidida por Èric Bertran, ha realizado varios encuentros con militantes para explicar y debatir el plan. Hace unas semanas, por ejemplo, Bertran y Alsina se reunieron telemáticamente con la corriente de izquierdas del partido. Allí, Alsina defendió que la inmigración "puede ser positiva si se puede planificar", pero puso como "línea roja" que "peligre la cohesión social" y los "derechos" adquiridos. Junts apuesta por "controlar" los "flujos de entrada y salida" y por la "contratación en origen".

Sin embargo, la exconsellera de Acció Exterior reconoció en esta misma charla que "no es realista" contemplar solo este tipo de llegadas. "La inmigración es un fenómeno estructural. Seguirá llegando gente. Lo que tenemos que hacer es generar incentivos para que la gente se integre", afirmó Alsina durante el encuentro. En una línea similar se pronunció Bertran: "Somos ocho millones de personas, no debatimos por qué hemos llegado hasta aquí. Tenemos que hacer ocho millones de catalanes", sentenció.

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