De los Presupuestos a Catalunya y el congreso del PSOE: los 8 retos de Sánchez para el nuevo curso

Nuevas cuentas para afianzar la estabilidad

Pedro Sánchez quiere disponer de unos Presupuestos para 2022 para apuntalar la imagen de estabilidad de su Ejecutivo, aunque con los actuales aprobados podría llevar la legislatura a término. El Consejo de Ministros aprobó en julio el techo de gasto (196.142 millones, semejante al de 2021), pero aún debe informar de él al Congreso. La suspensión de las reglas fiscales que autorizó la UE hace que el Ejecutivo no tenga que pedir el apoyo de la Cámara a la senda de estabilidad. Hacienda y Unidas Podemos tienen que acordar primero los PGE, pero las conversaciones, como confirman desde las dos partes, son aún "muy preliminares". Los morados exigirán al PSOE incluir las medidas contempladas en el acuerdo de coalición. Entre ellas, la reforma fiscal, capítulo en el que demandan un impuesto de sociedades mínimo del 15%, como se ha consensuado a nivel internacional.

Sánchez celebró el acuerdo de la OCDE, pero a la vez considera que no es momento de subir los impuestos. Y ya en julio avisó a los morados de que no cedería, porque entiende que es prioritario asentar la recuperación. "Queremos recuperar la economía, salir de esta, superar la pandemia, modernizar nuestra economía con los fondos europeos", justificó. Desde entonces, no se ha salido de esa baldosa. Fuentes muy próximas a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se muestran convencidas de que habrá acuerdo con Unidas Podemos y ven "disposición" en los socios. En concreto, ERC está "receptiva, aparentemente". La puerta de Cs está completamente cerrada, según confirmó este miércoles su líder, Inés Arrimadas. La previsión del ministerio es registrar las cuentas de 2022 "en tiempo y forma", antes del 30 de septiembre. Casi un año después de que Sánchez y Pablo Iglesias cerraran el pacto presupuestario para 2021, sigue pendiente, sin visos aún de acuerdo, la ley de vivienda.

El despliegue de los fondos europeos

Los fondos europeos ya son una realidad tangible. El 17 de agosto pasado, la Comisión desembolsó los primeros 9.000 millones, el 13% de los 70.000 millones en transferencias que España recibirá hasta 2026. El Gobierno está convencido de que el maná de Bruselas será fundamental para modernizar el país y relanzar la economía tras la pandemia del covid-19. El plan de recuperación, el vehículo que canalizará la enorme inyección de recursos públicos y que permitirá poner en marcha las "grandes transformaciones que el país necesita", se articula en torno a cuatro ejes transversales (transición ecológica, que acaparará el 40% de las inversiones; transformación digital; cohesión social y territorial e igualdad de género), que se concretan en diez políticas palanca, 30 componentes y 212 grandes inversiones y reformas.

España aspira a captar, en total, 140.000 millones de euros, entre subvenciones y préstamos (a los que el Gobierno aún no ha recurrido, aunque tiene hasta 2026 para hacerlo). Pero deberá demostrar ante la UE, cada seis meses, que cumple con las reformas e inversiones prometidas. Ello permitirá los siguientes desembolsos. Así, España recibiría entre 2021 y 2023 el 80% de las transferencias previstas (justo para cuando se prevén las siguientes generales). El Gobierno cree, además, en el efecto multiplicador de los fondos europeos, y eso explica el viaje del presidente en julio a EEUU, para atraer inversiones, que espera que podrían empezar a cuajar este mismo otoño.

Los Presupuestos del Estado de 2021 ya incluyeron partidas para la puesta en marcha del plan, y ello ha permitido, como recordaba Economía, que se hayan "podido ejecutar parte de los recursos antes de recibir los primeros desembolsos por parte de la Comisión". Además, se ha asignado y acordado el reparto de más de 7.250 millones a las comunidades autónomas entre las diferentes conferencias sectoriales para vehicular inversiones en materias como transición ecológica, vivienda, educación o sanidad.

Economía informó el pasado 17 de agosto que a las 25 manifestaciones de interés relacionadas con el plan han respondido más de 17.500 proyectos presentados. Ya se ha lanzado el primer Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica), el del vehículo eléctrico, con el que se prevén movilizar 24.000 millones gracias a la colaboración público-privada.

Vacunación: en busca del 90%

El objetivo de alcanzar el 70% de la población vacunada con la pauta completa antes del final de agosto es inminente. Los últimos datos del Ministerio de Sanidad sitúan esta cifra en el 68,4% y el ritmo de vacunación, ralentizado durante las vacaciones de verano, vuelve a coger velocidad. No obstante, la variante delta -dominante en España y más contagiosa- ha obligado a modificar la meta del Gobierno: la inmunidad de grupo requiere llegar hasta el 90% de los ciudadanos inmunizados contra el covid. 

A este nuevo hito, necesario para evitar futuras olas de la magnitud de la vivida este verano, se suma la decisión del Ejecutivo sobre si inyectar una tercera dosis de Pfizer de refuerzo. Por el momento, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en cooperación con las autonomías, aún no ha tomado una decisión, aunque aseguró que están "preparados". A la espera de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y los estudios de las propias farmacéuticas, está por saber quiénes y cuándo recibirán esa dosis extra.

El retorno de la agenda catalana

Con la concesión de los indultos a los presos del 'procés' y conel drástico cambio de Gobierno, Sánchez buscó pasar página también de la primera etapa de la legislatura. Ahora, en la segunda parte, quiere que el foco se sitúe en la "recuperación justa" y mucho menos en Catalunya. Pero la carpeta sigue ahí, caliente, y su Gabinete tampoco pretende eludirla. La primera prueba será la segunda reunión de la mesa de diálogo, que pactó con Pere Aragonès para la semana del 13 de septiembre y en Barcelona. Pero, como confirman fuentes muy próximas a la nueva ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no hay aún ni fecha concreta de celebración. Ni, obviamente, orden del día. Ni composición de las dos delegaciones. "No se ha podido avanzar nada aún", indican.

En el Ejecutivo apuntan al Govern: recuerdan que ERC y Junts "no han parado de pelearse" durante el verano acerca de la utilidad y los límites de la mesa. El Gobierno subraya que no cabe diálogo fuera de la ley y la Constitución, que la interlocución debe hacerse también dentro de Catalunya, entre independentistas y no independentistas. Está dispuesto a diseñar un propuesta "transversal", que no ha concretado, pero ha reiterado hasta la saciedad que no aceptará ni un referéndum de autodeterminación ni la amnistía. Unidas Podemos se limita a recalcar que resulta necesario el diálogo y que se ha de encontrar una solución pactada. En la bilateral del pasado 2 de agosto, se acordó avanzar en los traspasos y, en paralelo,se acordó la polémica ampliación del aeropuerto de El Prat, que también divide a los socios del Govern.

Otoño intenso en el Congreso

Una parte importante de la agenda legislativa del Gobierno llegará este otoño al Congreso de los Diputados. La ley de memoria democrática, aprobada por el Ejecutivo a mediados de julio y que permitirá ilegalizar la Fundación Francisco Franco, llegará a la Cámara baja en los próximos meses. Lo mismo ocurrirá con la reforma de las pensiones, a la que el Consejo de Ministros dio luz verde el pasado martes, pese a no contar con el apoyo de sus socios en el Congreso. Pero antes de fin de año debería estar culminada la negociación de la segunda parte de la reforma del sistema, más conflictiva. Además, está todavía pendiente la ley trans (en cuanto estén los informes de los órganos consultivos, el Consejo de Ministros procederá a una segunda lectura y enviará el proyecto de ley a las Cortes) y el ala morada trabaja en una nueva norma de diversidad familiar. 

El Ejecutivo arrancará también en los próximos días el diálogo social para subir el salario mínimo interprofesional, tras el entendimiento entre las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Donde encontrarán más diferencias será en la derogación de la reforma laboral. A finales de octubre tendrán también que decidir si vuelven a prorrogar el llamado "escudo social". 

Sin desbloqueo a la vista

La eterna disputa por la renovación de los órganos institucionales no desaparecerá de la agenda del Gobierno este otoño. El PP sigue rechazando cualquier propuesta de negociación y el propio Sánchez dio por imposible el relevo ante la posición de Pablo Casado. Así, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas -el último en sumarse a esta lista- seguirán colgados por el momento. Esta situación podría llegar a provocar tensiones en el seno del Gobierno de coalición, con los morados exigiendo medidas contundentes que el PSOE rechaza. En la Moncloa se palpa resignación, aunque hay quienes creen que el PP acabará claudicando al comprobar que su estrategia "no funciona" y los socialistas "remontan" en las encuestas. No se contempla, por ahora, una llamada del presidente a Casado. De hecho, ha irritado al Ejecutivo que el jefe del PP volviera a la carga con nuevas críticas a la misión de evacuación de Afganistán, que el propio Sánchez calificó el viernes de "éxito". Pero el presidente y sus ministros seguirán llamando al PP a que propicie la renovación.

Los populares, por su parte, no están dispuestos a dar su brazo a torcer y exigen al Gobierno un cambio de la ley para que los miembros del CGPJ sean elegidos por los propios jueces. Casado, que rompió el pasado miércoles una pequeña tregua con Sánchez, seguirá presionando al jefe del Ejecutivo de cara a la galería denunciando que el enconamiento de los socialistas en este tema podría echar al traste los fondos europeos.

Tensiones entre los socios: de la vivienda a la luz

Tanto el PSOE como Unidas Podemos proclaman que la coalición aguantará hasta el final de legislatura. Pero tras un tiempo de cierta calma que siguió a la salida de Pablo Iglesias del Ejecutivo y el ascenso de Yolanda Díaz, aumentó la tensión. Los morados, de hecho, no han escondido su enfado este verano, por la devolución de menores a Marruecos (que ha disparado las críticas hacia Fernando Grande-Marlaska) o por la escalada del precio de la electricidad. En el PSOE no dan mayor recorrido a las diferencias, las atribuyen a los deseos de "visibilización" por parte de UP y a su retroceso en las encuestas. Pero sí ha dolido, no obstante, la falta de "lealtad" de los socios en un tema tan sensible como el recibo de la luz, tal y como señalan desde Transición Ecológica. La vicepresidenta Teresa Ribera, cuestionada también por la oposición, comparece precisamente este lunes para dar respuesta a un tema de enorme impacto social.

La relación de PSOE y UP revivirá viejas tensiones (vivienda) y alumbrará otras nuevas, pero ambos las han digerido con cierta normalidad y creen que el mayor pegamento, entre ellos y con sus aliados de investidura, es la actitud de las derechas y el "seguidismo" que achacan al PP respecto a Vox.

Renovación, ahora, en el PSOE

Sánchez ordenó primero una profunda renovación en el Gobierno, que afectó no solo a las caras, sino a los engranajes del poder. Ahora se espera un movimiento paralelo en el PSOE. El 15, 16 y 17 de octubre, en València, se celebrará el 40º Congreso Federal. Se da por hecho un aligeramiento de la estructura y múltiples entradas y salidas, aunque todas las fuentes consultadas insisten en la continuidad del puente de mando. Así, Adriana Lastra, vicesecretaria general desde 2017, y el nuevo número tres, Santos Cerdán, podrían permanecer en el corazón del partido, al que podría incorporarse un hombre con cada vez más galones para el jefe: el nuevo ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Pero, antes del 40º Congreso, habrá tiempo para otro terremoto. El presidente prepara la renovación de las direcciones de los grupos parlamentarios, que Ferraz aprobará en la reunión de la ejecutiva del 6 de septiembre. Lastra se concentrará en el partido, Rafael Simancas saltó al Gobierno, del lado de Bolaños, y el puesto de portavoz en el Senado está vacante. Sánchez quiere aprovechar para dar una vuelta a sus escuderos en las dos Cámaras. No han trascendido nombres, pero se descartan el de José Luis Ábalos -cuya caída aún no ha sido explicada- o el del exlendakari Patxi López.

El cónclave federal será un paseo militar para Sánchez. Luego se celebrarán los congresos autonómicos, provinciales y locales, en cascada. Resuelta la disputa andaluza -el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, es desde junio candidato a la Junta y, desde julio, secretario general del PSOE-A, en sustitución de Susana Díaz-, las principales batallas internas se darán en Galicia y Madrid. En esta última, hundida tras las elecciones del 4 de mayo, ya se postulan el regidor de Fuenlabrada, Javier Ayala, y Juan Lobato, ex primer edil de Soto del Real y portavoz adjunto en la Asamblea regional.