Luz verde a la ley trans, que permite el cambio de sexo a partir de los 14 años

Tras meses de duros enfrentamientos entre los dos socios de Gobierno, arduas negociaciones y en medio de la celebración del Orgullo, efeméride que ha ejercido de espada de Damocles para que se llegue un acuerdo, el Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, 29 de junio, al anteproyecto de ley trans y derechos LGTBI. Cuando la norma llegue al BOE, y aún quedan meses, España se situará entre la quincena de países que reconocen la autodeterminación de género, es decir, que se pueda cambiar de sexo en el Registro Civil y el DNI con la mera voluntad del interesado, sin dos años de hormonación y un informe médico, como se exige en la actualidad, y sin medios de prueba sobre la situación “estable de transexualidad”, como en un inicio reclamaba la vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo.

Hace dos semanas, tal como adelantó EL PERIÓDICO, y después de la petición de varios colectivos de que el PSOE no fuera invitado a la manifestación central del Orgullo “por bloquear la ley”, los ministerios de Igualdad, Justicia y la Vicepresidencia Primera llegaron a un acuerdo que supone reconocer de facto la autodeterminación, pero sin mencionar este término en el texto. El pacto implica que la persona ratifique su solicitud ante el Registro Civil en dos ocasiones, con tres meses de diferencia, y que el proceso culmine como máximo a los cuatro meses, pero sin pruebas testificales o documentales. Además, se impide que una persona se pueda cambiar de sexo continuamente, al requerir que pasen seis meses desde el cambio y tener que solicitarlo en la jurisdicción voluntaria.

El derecho se reconoce a partir de los 16 años y entre los 14 y los 16 años para los menores asistidos por "sus representantes legales". Entre los 12 y los 14 años se autoriza el cambio de nombre pero la modificación del sexo se debe reclamar ante la jurisdicción voluntaria y los menores de esas edad sólo pueden cambiar de nombre.

La oposición

No obstante, las garantías introducidas siguen sin convencer a un sector del movimiento feminista, que se manifestó el pasado fin de semana en contra de una ley que, a su juicio, “borra” a las mujeres y la discriminación que sufren en base a su sexo biológico. Destacadas feministas, como Amelia Valcárcel o Ángeles Álvarez, antigua portavoz parlamentaria de Igualdad del PSOE, han suscrito un manifiesto en el que reclaman que el “cambio de sexo registral siga siendo una excepción jurídica, justificada por una disforia calificada por profesionales”.

Sobre lo que bien sabemos de ese proyecto de ley trans que el Consejo de Ministros ha pasado hoy a fin de que comience su largo y delicado trámite.. que debe ser realizado bajo la luz pública...Resumo: pic.twitter.com/K0D4W5PXtN

— Amelia Valcárcel (@AmeliaValcarcel) 29 de junio de 2021

Hace un año, el PSOE se alineó con estas tesis y difundió un documento, firmado por Calvo y José Luis Ábalos, contra la autodeterminación al señalar que “si se niega el sexo, se niega la desigualdad que se mide y construye en base al hecho biológico”. Ahora, sin embargo, la dirección apoya el texto acordado, gracias también a la labor de empuje realizada por la Secretaría de Movimientos Sociales, liderada por la eurodiputada Mónica Silvana. En un nuevo argumentario, difundido este martes y al que tuvo acceso este diario [aquí en PDF], el partido subraya que si con José Luis Rodríguez Zapatero "España se situó a la vanguardia” gracias al matrimonio gay, con Pedro Sánchez se “despatologiza definitivamente el cambio de sexo” y se apuesta por “la igualdad real y efectiva” del colectivo LGTBI, informa Juanma Romero. El texto subraya que el anteproyecto "reconoce la voluntad libremente manifestada y el derecho a cambiar el sexo en el registro civil sin documentación o requisitos médicos". Es decir, que el PSOE asume que se da luz verde a la autodeterminación de género, aspecto que negaban en Vicepresidencia Primera por el hecho de que la expresión no aparecía en la norma.

Las lesbianas vamos al ginecólogo en base a nuestro sexo. Los ginecologos-as no usan el especulum para inspeccionar el género. Las lesbianas no estamos aquí para ser utilizadas para validar identidades. https://t.co/fLruhnrLYn

— Ángeles Álvarez (@AAlvarezAlvarez) 29 de junio de 2021

Las discriminaciones

Y es que el anteproyecto implica que a las personas trans se las deje de considerar como enfermas, tal como había pedido la OMS, y que se establezcan las herramientas necesarias para que el colectivo, objeto de todo tipo de discriminaciones, pase de la igualdad legal a la real. Para ello, contempla medidas en el ámbito educativo, laboral, de la salud, etc. para tratar de evitar el 'bullying' en los centros educativos o acciones demasiado cotidianas como que no se alquile un piso a una pareja de lesbianas. Para evitar las vejaciones y discriminaciones, el texto incluye sanciones que pueden llegar a los 150.000 euros en los casos más graves, así como obligaciones para los poderes públicos.

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Al anteproyecto le queda aún un largo recorrido, tiene que someterse al veredicto de los órganos consultivos, volver al Consejo de Ministros y después superar el trámite parlamentario. Si bien, una vez desbloqueado el escollo de la autodeterminación, que era la demanda principal de los colectivos trans y la línea roja que había marcado Podemos, la tramitación se prevé más sencilla. Sin embargo, las entidades lucharán por rebajar la edad para ejercer el derecho a la libre determinación y por la inclusión en el DNI de una tercera casilla para las personas no binarias, algo que ahora se ha dejado fuera de la ley por la falta de consenso.

El choque

De hecho, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido que la negociación "ha sido larga y difícil", aunque ha restado trascendencia al choque con Calvo al poner en valor se dé "un paso de gigante" con un "buen texto legislativo". A su vez, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, ha destacado el papel "fino y competencial" ejercido por la vicepresidenta, para dar "solidez" a un anteproyecto que sitúa a España "en la vanguardia europea", precisamente en momento de fuerte debate en la UE por la pretensión de Hungría de discriminar al colectivo.