El Gobierno envía al Congreso la reforma de las pensiones sin garantías plenas de apoyo político

El Consejo de Ministros aprobó ese martes el proyecto de ley con un primer bloque para la reforma de las pensiones que incluye la revalorización automática de las prestaciones de acuerdo con la inflación media del ejercicio anterior y medidas para acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad legal de jubilación.

El proyecto de ley es fruto del acuerdo alcanzado con los agentes sociales a finales de junio, ha recibido el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES) y ahora será enviado al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria con el objetivo de que las medidas sean efectivas a partir del 1 de enero próximo. A pesar de las reticencias sobre el proyecto de ley expresadas por ERC, PNV y EH Bildu, que podrían poner en peligro la aprobación de la reforma, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, confió en que la tramitación sí saldrá adelante.

"Es un proyecto avalado por el diálogo social y eso debería ser tenido en cuenta por los grupos políticos", dijo Rodríguez en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Ministros tras la pausa estival. La ministra explicó, además, que el contenido del proyecto da respuesta al acuerdo adoptado en el marco del Pacto de Toledo en 2020 con el apoyo mayoritario de todos los grupos (sólo votaron en contra los dos diputados de la CUP, mientras que Vox, ERC, EH-Bildu, Foro Asturias y el BNG se abstuvieron). Y desde esta perspectiva llegó a la conclusión de que el proyecto de ley podrá lograr los apoyos políticos necesarios para salir adelante "sin perjuicio de que es susceptible de ser mejorado en el Congreso", durante la tramitación parlamentaria.

Claves de la reforma

La nueva norma prevé que el 1 de enero de cada año se incrementarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En el caso de que se produzca un año de IPC negativo, la cuantía de las pensiones quedará inalterada.

Respecto a la jubilación anticipada, los coeficientes reductores se aplicarán sobre la cuantía de la pensión (no, sobre la base reguladora) y se penalizará más que ahora el adelanto dos años antes de la edad legal o en los tres meses previos (para el resto de los casos, se reducen los coeficientes)

Además, para lograr acercar la edad real de jubilación a la legal (66 años, en la actualidad) el proyecto de ley dispone un sistema de incentivos para demorar el retiro: ya sea con un porcentaje adicional del 4% cada año o con un cheque anual de hasta 12.000 euros. Además se prohíbe en los convenios la jubilación forzosa antes de los 68 años.

Para que las cotizaciones dejen de financiar gastos no contributivos ("impropios"), los Presupuestos inyectarán 22.000 millones a la Seguridad Social en 2022.

Clases pasivas

Como novedad, después de la aprobación del anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros del 6 de julio y de haber sido dictaminado por el CES, el proyecto de ley aprobado este martes extiende a los pensionistas de las clases pasivas las medidas generales sobre revalorización de las prestaciones de acuerdo con el IPC, así como el sistema de incentivos para la jubilación demorada. Esta modificación beneficiará a los alrededor de 671.000 jubilados procedentes del sector público estatal o militares con una nómina total de 1.220 millones de euros al mes para el conjunto de todos ellos.

El proyecto de ley aprobado ese martes deroga el factor de sostenibilidad heredado de la reforma del 2013 (que reducía la cuantía de la pensión con la mayor esperanza de vida) y se da de plazo hasta el 15 de noviembre para negociar con los agentes sociales un nuevo "factor de equidad intergeneracional" que debería entrar en vigor en 2027. En caso de no llegar a un acuerdo social sobre este punto, el Gobierno podrá legislar por iniciativa propia. En esa recta final de año también se negociará el nuevo sistema de cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los trabajadores autónomos para que tributen en función de sus ingresos. Para más adelante queda la negociación de otros aspectos, como el de alargar el actual periodo de 15 años que sirve de base para calcular la cuantía de la pensión.

La difícil negociación del factor de sostenibilidad y del régimen de cotización de trabajadores autónomos coincidirá en la última parte del año con la tramitación parlamentaria del primer bloque de pensiones aprobado este martes en el Consejo de Ministros.