Sánchez anuncia transporte gratis a menores y parados y prorroga la rebaja del IVA de alimentos

El candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que, a partir del 1 de enero el transporte público será gratuito para todos los menores, los jóvenes y personas desempleadas. Durante su discurso en el debate parlamentario para su investidura como presidente, Sánchez ha anunciado, además, la prórroga hasta finales de junio de 2024 de la rebaja del IVA de los alimentos que entró en vigor el pasado 1 de enero y que debía caducar el próximo 31 de diciembre. Se trata, en concreto, de la supresión del IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad (pan, harina, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas, cereales) y de la rebaja del 10% al 5% del aceite y la pasta. Sobre si se prorrogará la reducción del IVA en la factura de la luz y gas no se ha pronunciado, medida que también expira el 31 de diciembre.

El presidente en funciones y candidato a la Presidencia también ha anunciado su intención de dar prioridad al compromiso ya asumido de mejora del Código de Buenas Prácticas en el sector financiero para aliviar los efectos de la subida de los tipos de interés sobre las familias hipotecadas con el fin de llegar a un mayor número de familias. Para ello -ha dicho- se elevará el umbral de renta media, de los 30.000 euros actuales a los 38.000 euros al año.

Sánchez anuncia que el transporte público será gratuito para jóvenes y desempleados

"Ya nos comprometimos a que durante el año 2024 se mantuviera la reducción del precio de los abonos transporte. Pero queremos dar un paso más, en coordinación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos", ha dicho Sánchez. "Queremos que esta política de transporte público gratuito sea permanente y se consolide en España como un referente en sostenibilidad medioambiental", ha añadido.

En su discurso, Sánchez también ha citado entre sus compromisos económicos la reducción de la jornada laboral, la equiparación del salario mínimo interprofesional (SMI) al 60% del salario medio, la reforma de las prestaciones por desempleo, el aumento del bono joven para el alquiler o la recuperación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), entre otros ya asumidos en los acuerdos de investidura con sus socios parlamentarios.

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Varias decenas de compromisos

La suma de los acuerdos con los grupos políticos para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno configura buena parte del programa económico de la próxima legislatura, con varias decenas de compromisos económicos que obligarán al nuevo Ejecutivo.

Con la líder de Sumar, Yolanda Díaz, el PSOE se ha comprometido a:

• Reducir la jornada laboral de forma progresiva hasta situarla en un máximo de 37,5 horas a la semana.
• Modificar la legislación del despido para incorporar el concepto del llamado "despido restaurativo", que busca aumentar las indemnizaciones por despido en función de las diferentes casuísticas que afectan al trabajador.
• Impulsar la reducción de los vuelos domésticos y la "sustitución de los vuelos cortos" cuando haya alternativas de "viajes asequibles en tren" con una duración menor a dos horas y media, salvo en casos de conexión con aeropuertos-hub que enlacen con rutas internacionales.
• Simplificar las ayudas a la compra del coche eléctrico, para hacer las más progresivas, e impulsar una red de puntos de recarga con criterios sociales y territoriales.
• Avanzar en la implantación de permisos retribuidos para los cuidados, con el objetivo de "remunerar al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados, a partir de agosto de 2024, sin perjuicio de las mejoras que puedan adoptarse en el marco de la negociación colectiva del sector público".
• Aumentar la presión fiscal sobre las grandes empresas y "alcanzar una tributación del 15% efectivo sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE", además de "la mejora de la progresividad en el IRPF, un trato más igualitario de la tributación de las rentas del capital y del trabajo en este impuesto. 
• Prorrogar los impuestos especiales sobre la banca y a las empresas energéticas después de abordar una revisión de estos gravámenes, "con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual, para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar".
• Hacer permanente el llamado impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas que grava los patrimonios superiores a 3 millones de euros cuando no tributan en sus respectivas comunidades autónomas.
• Garantizar que el SMI seguirá creciendo acompasado al 60% del salario medio.
• En materia de vivienda, existe el compromiso de definir "con carácter inmediato" el índice de precios de referencia previsto en la Ley de Vivienda que permita identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, "para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres". El nuevo Gobierno conserva el objetivo de aumentar el parque público de vivienda para situarlo en el 20% del total y se compromete de forma genérica a "revisar la regulación de los alojamientos turísticos en zonas de mercados tensionadas".
• Reformar el Código de Buenas Prácticas en el sector financiero para aliviar los efectos de la subida de los tipos de interés sobre las familias hipotecadas con el fin de llegar a un mayor número de familias, con rentas de hasta 37.800 euros al año.
• Ampliar las ayudas en la factura de la luz, con el objetivo de duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico que, en la actualidad se sitúan en 1,5 millones de beneficiarios.
• Recuperación de la extinta Comisión Nacional de la Energía, a modo de un nuevo órgano regulador separado de la actual CNMC que se define como un organismo "especializado que cuente con los recursos adecuados para abordar la necesaria modernización de la regulación para preparar el sistema energético para el objetivo de neutralidad climática". 
• Reformar el sistema de financiación autonómica. Y "mientras esta reforma no se produzca, en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado".
• Una reforma de la legislación local, "estableciendo un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera" y la aprobación de una Ley de Régimen Local "que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales".

Además, los acuerdos de investidura con ERC, PNV, Junts y BNG añaden nuevos compromisos de política económica para la investidura:

• Condonación de deuda autónomica: el acuerdo con ERC incluye que el Estado perdonará a la Generalitat 15.000 millones de la deuda adquirida contraída con el Tesoro a través del Fondo de Liquidez Autonómica. El PSOE se ha comprometido a extender la condonación de deuda autonómica a todas las autonomías de régimen común. La medida también forma parte de los pactos acordados con el BNG.
• El traspaso de Rodalies a Catalunya negociado con ERC incluye "culminar y ampliar el traspaso integral" del servicio de cercanías a la Generalitat. Con el BNG también se ha firmado un acuerdo para que Galicia cuente con un servicio de cercanías "antes de que acabe legislatura" y que se iniciará con los trayectos Vigo-Pontevedra y A Coruña -Ferrol aunque la intención es extender este servicio por más zonas del territorio.
• El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco en el plazo máximo de dos años pactado con el PNV podría hacerse extensivo a Catalunya y otras ocho comunidades autónomas que también incluyen esa competencia en sus respectivos estatutos de autonomía, preservando el principio de 'caja única'.
• La reforma del Estatuto de los Trabajadores para, en el plazo de seis meses, para que los convenios autonómicos puedan prevalecer sobre los sectoriales o estatales, si ello beneficia al trabajador, es otra de las medidas negociadas con el PNV que, además, constituyó una reclamación de ERC cuando se negoció la reciente reforma laboral.
• Un plan para favorecer el retorno de las empresas que desplazaron su sede fuera de Catalunya con ocasión del referendum ilegal del 1-O forma parte de los acuerdos negociados con Junts.